El Consejo de Gobernanza del Sistema para la evaluación de las tecnologías sanitarias, regulado por el Real Decreto 415/2026 celebrará su primera reunión el próximo 3 de noviembre, según ha podido saber Diariofarma. El encuentro llega algo más de cuatro meses después de la entrada en vigor de la norma, que se publicó en el BOE el 29 de mayo y está en vigor desde el 18 de junio.
El real decreto configura el Consejo como el órgano que supervisa el sistema y garantiza su alineación con las políticas farmacéuticas y de prestación de servicios del Ministerio de Sanidad. Está integrado en la Secretaría de Estado de Sanidad y forma parte de una estructura que completan dos oficinas evaluadoras independientes. La de medicamentos funcionará como unidad funcional de la Agencia Española de Medicamentos y Productos. Sanitarios y la de tecnologías sanitarias no farmacológicas asume la configuración de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS).
La presidencia corresponde a la persona titular de la Secretaría de Estado, mientras que la secretaría, con voz y voto, recae en la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia. Esa dirección general nombra además a dos vocales con rango mínimo de subdirector general, uno para medicamentos y otro para tecnologías no farmacológicas. La Secretaría General de Salud Digital designa a otro, las oficinas a cuatro (dos la Aemps y dos la RedETS) y el Consejo Interterritorial propone a seis representantes autonómicos, repartidos a partes iguales entre ambos ámbitos.
La norma reserva también dos vocalías a profesionales sanitarios, una a un especialista en economía de la salud y otras dos a pacientes y consumidores, en este último caso a propuesta del Consejo de Consumidores y Usuarios. Hacienda, Economía e Industria contarán con un representante cada uno. Salvo quienes procedan de las oficinas, ningún miembro podrá participar directa ni indirectamente en las evaluaciones.
Entre sus funciones figura adoptar un reglamento interno, que fijará la periodicidad de las reuniones, así como los programas anuales de trabajo y las orientaciones estratégicas del sistema. Le corresponde asimismo aprobar las directrices metodológicas no normativas que propongan las oficinas o los grupos de adopción y fijar los criterios para decidir qué medicamentos autorizados por procedimientos no centralizados y qué nuevas indicaciones pasan por evaluación comparada. Cada segundo semestre deberá aprobar además una propuesta de financiación para el año siguiente, que se elevará al Consejo Interterritorial.
El calendario de despliegue quedó fijado en el propio real decreto. La disposición adicional tercera da un año desde la entrada en vigor, es decir, hasta junio de 2027, para aprobar y publicar la primera versión de las instrucciones normativas y las directrices metodológicas. A partir de entonces la aplicación será progresiva, por fases que la Dirección General de Cartera Común aprobará mediante resolución en el BOE, previo informe favorable de la Aemps sobre la suficiencia de recursos. Hasta que cada fase entre en vigor, se mantiene el régimen anterior en lo que no se oponga a la nueva regulación.
María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos (Aemps).: 
César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia.: 
Raquel Yotti, comisionada del Perte para la Salud de Vanguardia: 
Juan Yermo, director general de Farmaindustria.: 