El Gobierno de Navarra ha aprobado el anteproyecto de Ley Foral de Salud y dispuso su remisión al Parlamento de Navarra para el correspondiente debate y votación. Con este acuerdo, el Ejecutivo completó la fase administrativa que dependía de la estructura gubernamental y dio inicio formal a la tramitación legislativa de una norma llamada a sustituir al marco regulatorio actual, cuya vigencia data del año 1990.
El titular del Departamento de Salud, Fernando Domínguez, detalló en la rueda de prensa posterior a la sesión gubernamental los objetivos prioritarios que articulan la iniciativa. Según explicó el consejero, la norma persigue reorganizar los recursos, la distribución territorial, los circuitos asistenciales y los modelos de trabajo para situar a los ciudadanos en el centro del sistema sanitario público y responder a sus necesidades reales. El texto normativo busca promover condiciones de vida saludables, mejorar el estado de salud poblacional y reducir tanto las desigualdades sociales como las territoriales, junto a la garantía de acceso efectivo a la prevención y a los cuidados.
La remisión de la iniciativa legislativa a la Cámara autonómica se materializó después de que la Administración foral recibiera el dictamen favorable emitido por el Consejo de Navarra. El equipo del departamento responsable de la sanidad navarra trasladó su satisfacción con el sentido de este pronunciamiento, al tratarse de un informe favorable que no introdujo modificaciones sustanciales sobre los principios rectores ni sobre el articulado de la ley, limitando sus aportaciones a correcciones en la redacción de determinados términos jurídicos.
El dictamen del órgano consultivo tampoco formuló objeciones formales al trámite administrativo, tanto en los aspectos concernientes a la participación ciudadana como en los relativos a la transparencia. En este sentido, la elaboración del proyecto legislativo implicó un trabajo técnico prolongado que incluyó un periodo de exposición a consulta pública durante cuatro meses en 2024. A lo largo de esa fase, el departamento recibió cerca de 1.000 aportaciones ciudadanas y de organizaciones profesionales, las cuales resultaron analizadas y contestadas de forma individualizada para certificar su valoración y proceder a la adaptación del articulado.
Tras la finalización de ese periodo de alegaciones, la administración foral desarrolló negociaciones interdepartamentales y solicitó los informes preceptivos correspondientes a los distintos organismos implicados. Concluido este procedimiento sectorial, el Ejecutivo autonómico elevó el documento definitivo al Consejo de Navarra en junio, entidad que notificó su conformidad formal a la redacción final una semana antes de su aprobación gubernamental.
Transformación asistencial y gobernanza clínica
En el plano asistencial y de ordenación de recursos, la normativa proyectada ratifica los principios estructurales del servicio sanitario autonómico, tales como la universalización de la cobertura, la equidad en el acceso a las prestaciones y la cohesión territorial. Sin embargo, para responder a la evolución asistencial acumulada en más de tres décadas, el texto incorpora modificaciones directas sobre el modelo organizativo de la red sanitaria navarra.
Entre las principales variaciones respecto a la ley de 1990 destaca la supresión de la estructura divisional previa para constituir un área de salud única en toda la comunidad foral. Esta nueva ordenación territorial distribuirá los dispositivos a través de distritos sanitarios y zonas básicas de salud, un esquema ideado para coordinar de manera más estrecha los diferentes circuitos de atención y optimizar las coberturas locales.
Asimismo, el anteproyecto de ley establece un sistema de rendición de cuentas para la organización sanitaria fundamentado en resultados en salud, superando esquemas basados exclusivamente en la cuantificación de procesos y actos médicos. El articulado aprobado por el Gobierno de Navarra prevé también la integración protocolizada de nuevas tecnologías sanitarias y la inclusión continuada de aquellas nuevas prestaciones asistenciales que cuenten con el aval del conocimiento y la evidencia científica.
María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos (Aemps).: 
César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia.: 
Raquel Yotti, comisionada del Perte para la Salud de Vanguardia: 
Juan Yermo, director general de Farmaindustria.: 