Castilla-La Mancha aprueba nuevo decreto de Planificación Farmacéutica

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno de la región, de un nuevo Decreto de Planificación Farmacéutica y requisitos, personal y autorizaciones de las oficinas de Farmacia y Botiquines, que, entre otras novedades, parece que va a llevar implícita la apertura de 50 nuevos establecimientos.

Lo ha anunciado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo autonómico, Nacho Hernando, quien destacó, entre las principales novedades, la consideración de la sostenibilidad de las oficinas de farmacias rurales, valorando con mayor puntuación el ejercicio de la profesión en núcleos de población con menos de 750 habitantes o estableciendo como criterio prioritario para la adscripción de botiquines que la oficina de farmacia esté ubicada en el núcleo con menor población.

Además, se introducen dos artículos, el 16 y el 20, que ahondan en la definición de la figura del titular de la oficina de farmacia y del personal auxiliar, al que se identifica por su título de formación profesional de Técnico en Farmacia y Parafarmacia o títulos o certificados equivalentes, y determina que solo ellos, bajo la supervisión del farmacéutico, podrán realizar determinadas funciones.

Con el nuevo decreto se elimina además la necesidad de presentar en los distintos procedimientos la documentación que ya obra en poder de la Administración o a la que ésta puede tener acceso, como DNI o diferentes títulos, simplificando los procedimientos para la comunicación y solicitudes de autorización, adaptándolas a la normativa sobre administración electrónica y procedimiento administrativo.

Finalmente, en lo referido a los concursos de adjudicación para la instalación de nuevas oficinas de farmacia, Hernando se refirió a la última convocatoria, celebrada en 2007, desde la cual no se habría autorizado ninguna apertura. Ahora, con la aprobación de este nuevo decreto, se permitirá la apertura de aproximadamente 50 nuevos establecimientos de este tipo, indican desde la Consejería.

Alegaciones del sector de la farmacia

Y aunque el texto definitivo aún no se ha publicado, se sabe que el sector de la farmacia ha sido activo en la presentación de alegaciones al primer borrador, que, no obstante, ha sufrido hasta cuatro modificaciones. Sobre esas alegaciones, cabe rescatar algunas de las presentadas por el Consejo de COF de Castilla-La Mancha, la patronal Fefcam, Sefac y Sefar.

En las observaciones de unas y otras organizaciones se han dado coincidencias. Un ejemplo es el de la petición de limitar la apertura de nuevas farmacias y la celebración de concursos. En el documento de respuestas, se indica que será la Administración la que determine, teniendo en cuenta la planificación sanitaria y las necesidades asistenciales, el número de farmacias que saldrán a concurso en procedimientos que se llevarán a cabo, al menos, cada cuatro años. El Consejo también pedía la regulación de la prestación a centros sociosanitarios, aunque el Gobierno respondía que no era objeto de este decreto, y que estaba en marcha una normativa específica para ello.

También pedían la exclusividad del uso de los símbolos, como la cruz verde, o las palabras farmacia, botica o farma, alegación que fue rechaza por no existir normativa estatal o con rango de Ley en esta comunidad autónoma que ampare dicha restricción. Lo mismo se ha solicitado con respecto a la elaboración de sistemas personalizados de dosificación, aunque se la Administración reconoce también a los servicios de farmacia hospitalaria esa labor.

Otra petición común ha sido la de la denominación de la zona de atención farmacéutica como "zona de dispensación personalizada, consulta farmacéutica y servicios profesionales asistenciales", de la cual sólo se habría aceptado la primera parte. Sobre los servicios profesionales, se aludía a la falta de una definición jurídica de lo que éstos significan. Sefac también habría solicitado el reconocimiento de la denominación farmacia comunitaria, un extremo que no fue aceptado por la Administración, que apeló a la oficina de farmacia como término con el que mayoritariamente se refieren a ella tanto la legislación estatal como la de las distintas comunidades autónomas.