La cifra global de facturas pendientes de cobro (FPC) de las comunidades autónomas con las compañías de Tecnología Sanitaria a cierre de 2020 se sitúa en 894 millones de euros, lo que supone un descenso del 19,3% respecto al cierre del ejercicio anterior (1.108 millones de euros), y que se traduce en una bajada de 214 millones de euros.
La Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) ha reconocido “el esfuerzo” llevado a cabo por las administraciones autonómicas en 2020 que han permitido reducir “tanto la cifra global de deuda como los plazos de pago, un dato muy positivo que estimulará la llegada de liquidez a las empresas de Tecnología Sanitaria, y un necesario impulso para que este sector estratégico pueda continuar como hasta ahora realizando su labor esencial”.
Según reflejan los datos del Observatorio de Deuda de la Federación, el 90,7% de las facturas pendientes de cobro corresponden al ejercicio 2020 y el 9,3% restante al de 2019 y años anteriores.
De esta nueva edición del Observatorio destaca la significativa disminución del plazo medio de pago de las Administraciones que en 2020 ha experimentado una bajada histórica de un 45,5% en relación con el ejercicio anterior, pasando de 110 a 60 días (50 días menos).
Datos por comunidades autónomas
Asimismo, a cierre de 2020 todas las comunidades autónomas se sitúan por debajo de los 120 días en el plazo medio de pago, destacando que 12 de ellas están por debajo de los 60 días, por lo que no se considerarían deuda sus facturas pendientes de pago. Solo se encuentran por encima de los 60 días la Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón, Cantabria, Asturias y Baleares.
La reducción de plazo medio de pago ha sido generalizada en todas las comunidades autónomas con la excepción de las ciudades autónomas, donde se incrementó en un 28,6%. Las que más han reducido estos periodos de pago han sido Cantabria (-73,9%); Castilla-La Mancha (74,7%) o Madrid (69,6%).
En lo que se refiere a las facturas por cobrar, su importe también se ha reducido de forma generalizada en la mayoría de las comunidades autónomas. No obstante, en el País Vasco, que mantiene plazos por debajo de 60 días, la cuantía se ha incrementado en un 55,9% al pasar de 34 a 53 millones de euros. En Ceuta y Melilla también se ha incrementado, al igual que en Navarra, Asturias y Aragón. En el resto de regiones la cuantía adeudada es inferior a 31 de diciembre de 2020 que en esa misma fecha de 2019.