La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha lamentado que la Abogada General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), Eleanor Sharpston, considere en sus conclusiones presentadas al Tribunal, que las administraciones no tienen que devolver los intereses de demora a los proveedores de los planes de pago que puso en marcha.
Dado que el informe de Sharpston no es vinculante, el presidente de la PMcM, Antoni Cañete, confía en que el Tribunal “analice en profundidad la situación abusiva que supuso que los proveedores tuvieran que renunciar a los intereses de demora para poder cobrar su deuda sin esperar una larga demora sine die". Según indica Cañete, "para la abogada general esta renuncia fue voluntaria; para la PMcM, abusiva". Por ello, explica que esperan que el TJUE "reflexione sobre la naturaleza ‘voluntaria’ de la renuncia a los intereses y dicte sentencia declarando su ilegalidad”.
Para la PMcM, “a la vista del literal del artículo 7.2 de la Directiva 2011/7, donde se recoge qué se considerará manifiestamente abusiva una cláusula contractual o una práctica que excluya el interés de demora, resulta injustificable y sorprendente las conclusiones de la abogada general”.
Si finalmente el fallo del TJUE fuera favorable a los 230.000 proveedores afectados, la administración tendría que pagar los intereses de demora devengados desde 2012 (unos 3.000 millones de euros), cuya renuncia fue impuesta por el artículo 9.2 del Real Decreto ley 4/2012 como condición inevitable si los acreedores querían cobrar sus facturas atrasadas en los planes de pago a proveedores.
En cualquier caso, Cañete recuerda a los afectados que de momento no hay nada en firme hasta que el TJUE se pronuncie, por lo que les anima a reclamar formalmente los intereses de demora para que, si la sentencia fuera favorable, pudieran recuperarlos al haber interrumpido su prescripción a tiempo. Para muchos, el plazo cumpliría este mes de mayo.