El nuevo texto del Proyecto de Ley de garantías y sostenibilidad del Sistema Sanitario Público de Andalucía aprobado por el Consejo de Gobierno de dicha región es mucho más benevolente con la farmacia que con la industria farmacéutica, a quien amenaza con sanciones graves si no informa de las transferencias de valor realizadas a profesionales. En el caso de la farmacia, las promesas realizadas por el consejero de Salud, Aquilino Alonso, a los farmacéuticos se han visto plasmadas en el texto remitido al Parlamento de Andalucía.
En concreto, en relación al uso racional de los medicamentos, la norma establece que “se fomentará el desarrollo de un marco de colaboración con la red de oficinas de farmacia de Andalucía”. Este no es el único guiño para las farmacias incorporado en el nuevo texto ya que, en relación a la atención a la cronicidad y la pluripatología, establece que “se fomentarán los programas colaborativos entre los servicios de salud y la red de oficinas de farmacia de Andalucía a fin de mejorar el control y seguimiento farmacoterapéutico de quienes sean pacientes del SSPA”.
En lo que no ha cejado la administración regional ha sido en su empeño con las subastas de medicamentos que esta semana viven su momento decisivo a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional. A pesar de ello, parece que podría relajar el uso de las mismas. Mientras que el anteproyecto hablaba de que el SSPA “potenciará la selección mediante procedimientos de convocatoria pública, de los medicamentos (...)” en el último texto se indica que “podrá seleccionar mediante procedimientos de convocatoria pública, de los medicamentos (...)”. Un paso de obligación a opción que puede abrir la puerta a ir abandonando el sistema.
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: