La Plataforma contra la Morosidad lamenta la decisión del TJUE sobre intereses de demora

La Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM), que reúne a empresas y patronales, lamenta que el Tribunal Europeo, con su aval a las condiciones del plan de pago a proveedores del Gobierno de España, que obligó a las empresas a renunciar a reclamar intereses, “lejos de sentar criterio, genere confusión, dejando en el limbo la solución a la devolución de los intereses de demora”. Según sus cálculos, el Gobierno exigió a 230.000 proveedores que renunciaran a unos 3.000 millones de euros al acogerse al plan de pago.

La organización empresarial considera que la interpretación “excepcional” del TJUE refuerza una posición de dominio de las Administraciones Públicas en el pago a proveedores. “En su sentencia de hoy, el TJUE argumenta que la firma de la renuncia de los intereses de demora es legítima en sí misma siempre y cuando fuera voluntaria y, precisamente, el saber si lo fue corresponde determinarlo a un juez nacional. Creemos que con ello no tiene en cuenta la relación de posición de dominio entre cliente y proveedor”, afirma el presidente de la Plataforma, Antoni Cañete, quien opina que los acreedores no tenían elección cuando se acogieron al mecanismo extraordinario de pago.

Para él, el argumento de la voluntariedad resulta “injustificable y sorprendente” a la vista del artículo 7.2 de la Directiva 2011/7, donde se recoge que se considerará manifiestamente abusiva una cláusula contractual o una práctica que excluya el interés de demora.

En su opinión, “lo justo sería que se exigiera a las Administraciones Públicas que pagaran de oficio los intereses de demora; no es comprensible que cuando los ciudadanos y empresas liquidamos nuestros impuestos fuera de plazo tengamos que pagar intereses, y que no ocurra lo mismo con las Administraciones”.