PP y C's, de acuerdo en que no tribute la formación pagada por la industria

Francisco Igea, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, defendió hoy, 23 de febrero, en la Comisión de Sanidad del Congreso, la Proposición no de Ley sobre la tributación de las transferencias de valor de la industria farmacéutica y de productos sanitarios del Sistema Nacional de Salud, la cual quedó aprobada, con la aceptación de una enmienda introducida por parte del Grupo Parlamentario Popular, con 18 votos a favor, 17 en contra y una abstención.

Dicha PNL instaba al Gobierno a "considerar exentas de tributación las transferencias de valor dedicadas a la formación de los profesionales del Sistema Nacional de Salud, teniéndose por tales los pagos de las inscripciones a cursos, congresos o cualesquiera actividades formativas para las que hayan obtenido previa autorización del centro sanitario en el que presten sus servicios, así como los gastos de traslado y alojamiento que se deriven de la asistencia a las mismas, excepto los de manutención". El texto incluía una mención expresa a que "el resto de transferencias de valor realizadas por la industria farmacéutica, de instrumental médico o cualquier otra, estará sujeta a la tributación habitual". Igea argumentó a favor de la propuesta que "obligar a los sanitarios a pagar 400 euros por su formación puede generar efectos indeseados, como que dejen de formarse o que cobren ese dinero de forma opaca, a través de fundaciones, etc."

La enmienda de los populares la defendió la diputada María Eugenia Romero, que en su intervención citó el artículo 42.2.a de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que establece que "no tendrán la consideración de rendimientos del trabajo en especie: las cantidades destinadas a la actualización, capacitación o reciclaje del personal empleado, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo". El documento presentado, al que ha tenido acceso Diariofarma, sólo modifica el arranque del primer apartado, sustituyendo el "considerar exentas" de Ciudadanos por la expresión "seguir considerando exentas".  Romero también recalcó que el caso de los profesionales que no trabajan en el SNS, para los que sólo se prevén exenciones "cuando la formación la den entes del sector público o entidades de mecenazgo".

Unidos Podemos y PSOE exigen formación pública

Por la parte del Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea intervino Amparo Botejara, quien rechazó el argumento de Igea, basado en la necesidad de no penalizar más a unos profesionales que habrían perdido, desde 2004, un 25% de su poder adquisitivo, y defendió que los sanitarios cuenten con una formación continuada que sea siempre impartida "de forma pública, promovida por la propia Administración, y que esté dirigida a los problemas reales de la población", un extremo con el que el portavoz de Ciudadanos pareció mostrarse de acuerdo, presentando su propuesta como una solución transitoria.

La diputada socialista, Miriam Alconchel, puntualizó que la ley sólo exime de tributación a la formación básica para el desempeño profesional, y llamó a esperar el pronunciamiento de la Dirección General de Tributos a la consulta realizada por la patronal sobre este tema. Asimismo, aclaró que la pérdida de poder adquisitivo de los profesionales sanitarios se debe "a los recortes" y que eximirles de tributar por la asistencia a congresos y otras actividades formativas pagadas por el sector privado supondría "discriminar" a otros profesionales. Para resolver esta encrucijada, y en línea con la visión de Unidos Podemos, avanzó que su Grupo trabaja en una PNL para financiar la formación de los profesionales sanitarios con las aportaciones que realizan los laboratorios.