Sefar propone medidas para blindar el servicio que ofrece la farmacia rural

La Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar) ha publicado un informe titulado 'Pérdida de servicios en el medio rural y despoblación. El medio rural y sus oficinas de farmacia', en el que alerta de las consecuencias de la despoblación que afecta a muchas de las zonas rurales del país (el 82% de nuestros municipios son rurales, y de ellos el 94,8% tienen menos de 5.000 habitantes), el cual se ve agudizado, explican, "por la pérdida de servicios básicos que lastran las posibles soluciones a aplicar en este entorno". Uno de los servicios que están en peligro, indican, es el que ofrecen las farmacias, por lo que piden medidas extraordinarias para garantizar su viabilidad y el servicio que prestan.

Entre esas medidas, están la inclusión de las oficinas de farmacia esenciales en las Directrices estratégicas territoriales de ordenación rural (Detor), "reconociendo el carácter e interés público de este establecimiento privado, así como su decisiva contribución a la asistencia sanitaria de la población donde éste se encuentra ubicado". También proponen la Declaración de obligación de servicio público (OSP), como se hace con las empresas de transporte que dan un servicio público, y que conlleva, dicen, "la subvención del servicio de forma que se cubran sus costes y proporcione un beneficio razonable". Y, finalmente, abogan por la adopción de mecanismos de redistribución interna, actualizando las ayudas VEC para corregir el "desequilibrio (el ingreso medio de las VEC es de poco menos de 100.000 euros, frente a los más de 800.000 del resto) que pone en riesgo la universalidad en el acceso a esta prestación, precisamente en los entornos rurales".

A nivel nacional, recuerdan desde Sefar, Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural es la base que obliga al impulso al desarrollo del medio rural y pone el foco o prioriza en las regiones con un mayor atraso relativo, estableciendo como necesidad, para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos, la garantía de prestación de unos servicios públicos de calidad, adecuados a las características específicas del medio rural, en particular en educación, sanidad y seguridad ciudadana.

En este sentido, aclaran que, dentro de las oficinas de farmacia ubicadas en el medio rural, tres de cada cuatro desarrollan su actividad en municipios de menos de 5.000 habitantes, y más de la mitad de éstas se encuentran en poblaciones de menos de 1.000 habitantes, "aspecto éste que habla muy bien sobre el sistema de Planificación que rige a esta profesión y su traducción a efectos de universalidad en el acceso a la prestación", afirman. Pero, dicho esto, recuerdan que en la actualidad existe una bolsa de aproximadamente 1.000 oficinas de farmacia (976) en situación de Viabilidad Económica Comprometida (VEC), encontrándose el 92% en el medio rural. En opinión de Sefar, se trata de "un importante número de oficinas de farmacia que presentan características singulares y diferenciales concretas, y que entendemos necesitan de un marco regulador diferenciado que favorezca la protección del servicio que actualmente prestan a los habitantes de estos entornos, dada su contribución al arraigo de la población en forma de garantía de prestación de este servicio sanitario".

En este sentido, recomiendan, mediante la aplicación de parámetros económicos, identificar a aquellas farmacias que, pese a resultar esenciales por encontrarse ubicadas en una zona de actuación prioritaria, presentan problemas económicos para mantener esta prestación en condiciones idóneas de calidad y durabilidad conforme a las reglas generales de retribución actuales. Para Sefar, una oficina de farmacia esencial, o que presenta necesidad de actuación prioritaria, se correspondería con toda aquella que según la Ley 45/2007, de 13 de Diciembre, de Desarrollo Sostenible del Medio Rural esté ubicada en una zona rural prioritaria a efectos de aplicación del Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS), y que cumpla, a su vez, los requisitos económicos que en cada momento se determinen para ser reconocida como en situación de viabilidad económica comprometida.

"Somos conscientes de la susceptibilidad que puede suponer el realizar un llamamiento a las Administraciones públicas solicitando su intervención, pero entendemos que está plenamente justificado al encontrarnos en un Modelo de ejercicio altamente regulado, debiendo traducirse su actuación, entre otras medidas, en una modificación parcial del sistema de retribución actual, de forma que éste garantice la continuidad del servicio en el medio rural en condiciones óptimas de prestación, evitando el riesgo cierto de descuelgue y/o desaparición de una parte importante y muy sensible de la red de oficinas de farmacia", inciden.

Así, en vez de basar la retribución de esta prestación exclusivamente en el margen sobre el PVP de los medicamentos que se dispensan, lo cual perjudica claramente a las farmacias que prestan servicio a una menor población, que dependen en más de un 90% de la facturación de recetas y han sufrido, como las demás, los ajustes en el gasto farmacéutico, llaman, primer lugar, "al reconocimiento de estos establecimientos como servicios públicos necesarios e imprescindibles para la población, habida cuenta de las confrontaciones que cualquier variación en el servicio provoca entre las diferentes Administraciones". "Y, a partir de este axioma, planteamos una serie de medidas
que permitirían eliminar el déficit que el sistema retributivo generalista mantiene con las oficinas de farmacia sitas en el medio rural, precisamente calificadas como esenciales y que necesitan de una actuación prioritaria".