Política

RD de Precios: Sanidad rebaja su objetivo, mira al Consejo de Estado y descarta el BOE

El Real Decreto de Financiación y Precio de los Medicamentos no se aprobará finalmente en esta legislatura. El Ministerio de Sanidad estaría revisando su estrategia para centrarse en la remisión del proyecto al Consejo de Estado. No obstante, para dar ese paso, que facilitaría el trabajo en la siguiente legislatura, Sanidad quiere asegurar que hay consenso en las comunidades autónomas y el sector

El Ministerio de Sanidad ha recalculado las opciones que tenía de llegar a aprobar el Real Decreto de Financiación y Precios de los Medicamentos. Si la semana pasada, recién convocadas las elecciones, el objetivo expresado tanto por el director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, César Hernández, como por el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, era llegar a aprobar en Consejo de Ministros los textos con la tramitación avanzada, ahora el departamento habría rebajado sus expectativas respecto al RD de Financiación y Precios de los Medicamentos.

Según ha podido confirmar Diariofarma con fuentes de la industria conocedoras de la situación del proceso, el Ministerio de Sanidad habría abandonado esa idea inicial y ahora centraría sus esfuerzos en llegar a presentar un texto al Consejo de Estado siempre que hubiera un mínimo consenso en el sector. La tramitación en el órgano consultivo sería ordinaria por la dificultad de plantear en estos momentos un trámite urgente.

De este modo, el objetivo de máximos sería dejar el proyecto lo suficientemente avanzado como para facilitar todo lo posible su aprobación durante la próxima legislatura. Si el futuro equipo ministerial compartiera el contenido de la norma, podría retomar su tramitación y culminarla con modificaciones limitadas, siempre en función del resultado del dictamen del Consejo de Estado.

Por el momento, Sanidad estaría iniciando contactos con las comunidades autónomas y representantes de la industria farmacéutica para recabar sus posiciones y valorar el margen existente para una eventual actualización del texto. A partir de la información obtenida en estas conversaciones, el Ministerio decidiría si adapta el proyecto al marco legal vigente, establecido por la Ley de Garantías, y lo remite al Consejo de Estado para su dictamen.

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