La Comunidad de Madrid ha presentado este lunes un recurso ante la Audiencia Nacional contra la orden comunicada de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la que ordenaba a la Comunidad de Madrid a ejecutar la declaración de actuaciones coordinadas (DAC) aprobada por el Consejo Interterritorial del SNS (CISNS) el pasado miércoles.
El recurso presentado por el ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso solicitaba unas medidas cautelarísimas de paralización de la ejecución que han sido aceptadas pocas horas después, tal y como ha señalado la propia presidenta madrileña en funciones a través de su cuenta de Twitter.
Ayuso había anunciado por este mismo medio la interposición de un recurso a la DAC al entender que las medidas decretadas por el Ejecutivo central, con el aval de parte del CISNS “son arbitrarias y atentan contra el sentido común e interés de los madrileños”.
Por ese motivo, Díaz Ayuso ha asegurado que “para seguir arruinando a la gente que no cuenten conmigo”.
La suspensión de la aplicación de la DAC se resolverá dentro de tres días, cuando finalice el plazo otorgado por la Audiencia Nacional para la presentación de los recursos que las partes consideren.
La Justicia da de esta manera un espaldarazo, tanto a la Comunidad de Madrid, como a otras que posteriormente podrían tramitar un recurso similar (hasta seis Comunidades se posicionaron en contra de la medida aprobada en el CI y una se abstuvo), si bien el Estado tiene cuatro días para tramitar las alegaciones al recurso y a la medida cautelarísima.
La decisión judicial aduce para apoyar la medida, que, de no hacerlo “el escenario de incertidumbre se vería seriamente agravado y perjudicado si se admite un cambio en el nivel de restricciones” como el que plantea la declaración de actuaciones coordinadas.
El recurso, que ha sido atendido en su totalidad por la Audiencia, denuncia que las órdenes del Interterritorial “sumen al ciudadano en un régimen de medidas voluble” y que, además, estas resoluciones se han “impuesto sorpresivamente sin razón alguna, sustituyendo de un día para otro la regulación existente”.
No es la primera vez que la Comunidad de Madrid recurre a los tribunales para dirimir sus diferencias con el Gobierno de España en el contexto de la pandemia. Recurrió ante el Tribunal Supremo para conocer los criterios de la desescalada iniciada en mayo de 2020, y el pasado otoño intentó que no se aplicaran las restricciones a la movilidad y el cierre perimetral en la región que pedía el Ministerio de Sanidad para todas las CCAA.
Aunque el Ministerio de Sanidad no se ha pronunciado oficialmente, el director del Centro Coordinador de Alertas y Emergencias (CCAES), Fernando Simón, si ha valorado en rueda de prensa, la decisión de la Audiencia Nacional.
Simón asegura que el Ministerio de Sanidad “ha tratado de tener una posición negociadora” y da por seguro que Ministerio de Sanidad y comunidades autonomías trabajarán a la búsqueda de "alternativas lo más consensuadas posibles" para poder sustituir las medidas que no se puedan aplicar por "motivos judiciales".
Simón ha indicado que el Ministerio ha tratado de buscar el de "mayor consenso a la hora de implementar y proponer medidas" y que por tanto Sanidad seguirá aplicando "con la mayor seguridad" las medidas sanitarias contra el coronavirus mientras no esté la población "lo suficientemente inmunizada".
Además, ha aclarado que si las medidas que se proponen y "se han acordado no se pueden aplicar por motivos judiciales" se buscarán otras "más consensuadas para poder sustitutiva". Ha pedido igualmente "evitar judicializar" el "control de la pandemia".
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: