Los presidentes del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM), Luis González Díez, y de la Asociación de Empresarios de Farmacia de Madrid (Adefarma), Cristóbal López de Manzanara, mantuvieron una reunión, el pasado 13 de enero, en la sede colegial, con el objetivo de examinar el Anteproyecto de Ley de Ordenación y Atención Farmacéutica de la Comunidad de Madrid y valorar la reciente decisión del Gobierno de fijar un precio máximo en la dispensación de test de antígenos por parte de las oficinas de farmacia.
Junto a los presidentes de ambas instituciones, estuvieron también presentes la secretaria general del COFM, Mercedes González Gomis, y su director general, Carlos Ibáñez Navarro. Por parte de Adefarma, participaron su vicepresidenta, Magdalena Colino González, y su director general, Juan Carlos Conde.
Tanto el Colegio como la patronal coincidieron al señalar la necesidad y conveniencia de aprobar una nueva ley para el sector. El encuentro sirvió además para valorar las alegaciones presentadas al último texto de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria.
Luis González Díez y Cristóbal López de la Manzanara mostraron su voluntad de seguir coordinando los trabajos necesarios para que el contenido definitivo que apruebe el Gobierno regional recoja el equilibrio aconsejable entre los intereses de la sociedad y la actualización y esencia de un modelo de farmacia que funciona.
Por otra parte, los representantes de la farmacia madrileña reconocieron el compromiso demostrado por todos los compañeros de profesión e instituciones farmacéuticas que han formulado también alegaciones al Anteproyecto, así como la labor que está desarrollando la directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria, Elena Mantilla, al frente de su equipo, que está demostrando disponer de un profundo conocimiento sobre la realidad de la oficina de farmacia.
En relación con la fijación de un precio máximo de venta de los test de antígenos, Adefarma y el Colegio consideran que el trabajo desplegado por los farmacéuticos a lo largo de la pandemia sigue sin valorarse como se merece y lamentan que, una vez más, los intereses sanitarios y económicos de la oficina de farmacia han vuelto a ser menoscabados.
Ambas entidades se han mostrado confiadas en que la actual experiencia sirva de cara a las decisiones que se tengan que tomar en el futuro, con el fin de que no siempre acarreen consecuencias lesivas para la farmacia, más allá de las presiones y amenazas ventajistas que surgen en este tipo de ocasiones, advierten.