“La promulgación del Real Decreto – Ley 5/2023 de 28 de junio, convalidado por la Diputación Permanente de las Cortes el pasado 26 de julio, consuma un paso más en el cambio de modelo farmacéutico, ya que modifica la ley del medicamento para permitir el envío de toda clase de medicamentos y productos sanitarios desde los hospitales a los pacientes, empleando cualquier medio de distribución, incluso diferente a la cadena farmacéutica”, señala el último Observatorio del Medicamento de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) .
Esta modificación discrimina “gravemente” a las oficinas de farmacia, ya que mantiene la prohibición de la venta telemática de medicamentos para estos establecimientos, mientras la legaliza para las farmacias de hospital, plantean.
Además, consideran que esta medida contraviene el espíritu de colaboración de las oficinas de farmacia con el Sistema Nacional de Salud, ya que la responsabilidad en la dispensación sería exclusivamente de las farmacias de los hospitales.
Otro efecto negativo de la norma es que supone un paso contrario a la transparencia de las dispensaciones que se producen en las oficinas de farmacia, puesto que las farmacias de hospital no mantienen un sistema de información único y uniforme, en el que se conozcan los precios de adquisición, los gastos de estructura y los costes de distribución.
En definitiva, la modificación de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos que establece este Decreto Ley, consolida la ruptura de un modelo ejemplar por su transparencia, al permitir la telefarmacia para el sector público mientras se prohíbe para el privado.
Un cambio “escondido”
El título de la norma, "pese a su extensión", no es exhaustivo, y esconde, en un único artículo (el art. 207), una modificación "importantísima" de la Ley del Medicamento. Amplía y consolida una normativa provisional para dar amparo legal a la telefarmacia hospitalaria practicada durante la pandemia, argumentan.
Asimismo, consideran que existe "un abuso claro y una perversión de la extrema urgencia que requiere un Real Decreto- ley". Se justifica por el patente retraso en la transposición de directivas, y las posibles multas. "Retraso, culpa de los gobiernos y administraciones de estos años, que ahora invocan para intentar justificar, una vez más, urgencia", añaden.
La apremiante necesidad alegada por evitar que las personas hagan desplazamientos innecesarios y tengan costes indirectos añadidos no existiría "si se hubiese priorizado el acceso de los medicamentos hospitalarios a través de las farmacias de proximidad", una reivindicación conocida en todo el sector boticario.
FEFE lleva años denunciando esos costes indirectos que genera este modelo, a los que se refieren como un auténtico “copago en la sombra”.
En definitiva, advierten que “la modificación de la LGURM que establece el RDL 5/2023 consolida la ruptura de nuestro modelo de farmacia al permitir la telefarmacia para unos, y prohibirla para otros, cuando nunca fue un asunto necesario en absoluto. Todo ello en detrimento de un sector cansado de demostrar una y otra vez su vocación sanitaria pura y su compromiso con la sociedad, y que puede verse abocado a su extinción tal y como lo conocemos y disfrutamos hoy”.
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: