La Asociación de Farmacéuticos Empresarios de la Comunidad de Madrid (Adefarma) ha remitido a la consejera de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute y al presidente de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de CEIM, Isidro Díaz de Bustamante, sendas misivas en las que demanda aclaraciones sobre el desarrollo de la prestación farmacéutica en los Centros de Servicios Sociales de carácter residencia con más de cien camas.
Según afirma en las cartas enviadas el presidente de Adefarma, Cristóbal López de la Manzanara, desde la consejería de Sanidad, la interpretación que se hace en este apartado desde la Consejería, solamente se da lugar a dos opciones: “O bien se establece un servicio de farmacia hospitalaria propio, o bien convenian con la Consejería competente la implantación de un depósito de medicamentos vinculado obligatoriamente a un hospital”.
Las dudas que plantea Adefarma en su carta ya fueron planteadas en la reunión de la Comisión de Sanidad de CEIM-CEOE del pasado día 25 de enero, se basan en cuestiones como la garantía de la continuidad asistencial, o de las razones que llevan a cambiar un “sistema que funciona” o la “exclusión de las farmacias comunitarias esenciales en el desempeño de esta labor”. Igualmente Adefarma señala que hay “ varias interpretaciones técnicas sustentadas en varios dictámenes que permiten respetar la libertad de elección de los ciudadanos”.
Junto a ello, en la misiva se añaden también otras cuestiones como “la discriminación que supondría para la consagrada libertad de elección de los ciudadanos, en función del tamaño del centro”, o la incertidumbre que se deriva del origen legal de la interpretación comunicada, por cuanto el RD 10/2012 está no solo completamente obsoleto, sino igualmente superado por la propia realidad, incluso por algunos desarrollos legislativos de comunidades autónomas, como la de Andalucía o la de la Región de Murcia”.
Adefarma demanda a la consejera una reunión y apela “a la responsabilidad que asume como gestora de la salud de los madrileños, sin distinción de edad o lugar de residencia en la Comunidad Autónoma de Madrid”.
Igualmente, en la carta remitida al presidente de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales de CEIM se le expresa “nuestra gran preocupación porque de salir adelante esta restrictiva interpretación de la Ley, supondría la desaparición del actual sistema de asistencia farmacéutica en dichos centros que, a día de hoy, funciona perfectamente sin costes añadidos de estructura para la administración y con el que pacientes y residencias se muestran absolutamente satisfechos de su desarrollo”.
Igualmente se le informa de que “ignoramos las razones por las cuales esta Dirección General no ha contactado, aun con aquellas instituciones, como Adefarma en su condición de representante empresarial de buena parte de las farmacias comunitarias que, todavía, hoy desempeñan la indispensable labor de atender las necesidades farmacéuticas de mayores asistidos que han decidido libremente que sea de esta forma”. Para Adefarma, concluye la misiva “es sumamente importante y urgente que se convoque, desde esa presidencia, o una reunión con todos los afectados a la que asista también usted y por supuesto, esta patronal farmacéutica, o una convocatoria de la Comisión de Sanidad que incorpore semejante asunto al orden del día al objeto de poder disponer de la información más veraz y actualizada y así poder decidir el camino a seguir, intentando armonizar los intereses específicos de cada colectivo profesional/empresarial”.
Nicolas Gonzalez Casares: