La Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas (Facme), en sintonía con otras sociedades científicas europeas, está muy preocupada por las definiciones que se están desarrollando en las normativas de evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) con respecto a los conflictos de interés. Esta situación podría limitar significativamente la contribución de expertos a las evaluaciones de estas tecnologías en el entorno público europeo. Si no se definen adecuadamente los conflictos de interés y se emplean correctamente las declaraciones de interés, existe el riesgo de que “no haya expertos” que cumplan con los criterios establecidos o que los que los cumplan no dispongan de la experiencia adecuada, lo que en cualquiera de los casos disminuiría la calidad y acierto de las evaluaciones.
La vicepresidenta de Facme, Cristina Avendaño, destaca que la clave radica en distinguir entre el personal de la oficina de evaluación y los expertos consultados para aportar experiencia. Es necesario comprender que “los expertos proporcionan sus opiniones, pero no tienen la autoridad para tomar decisiones”. Por ello, se debe diferenciar entre los miembros del organismo que realiza la evaluación y los expertos que asesoran, los cuales deben tener un alto nivel de conocimiento del área de estudio.
Actualmente, se está cometiendo el error de confundir la existencia de un conflicto de interés con la declaración de intereses. Esta última es una exposición de las relaciones de un agente externo, ya sea un profesional sanitario o un paciente, con el desarrollador de la tecnología. Por este motivo, Facme ha elaborado alegaciones tanto al sistema de selección de expertos de ETS a nivel europeo como al borrador del Real Decreto (RD) de ETS español, con el objetivo de que se clarifique y no se confunda un conflicto de interés con una declaración.
Facme considera imprescindible que un científico o clínico con experiencia reconocida haya trabajado con compañías desarrolladoras de tecnologías sanitarias, asesorado o evaluado productos competidores, así como con organizaciones sanitarias prestadoras de los servicios. La federación sostiene que es “difícil imaginar” un experto sin contacto alguno con desarrolladores y que, de hecho, la ausencia de tales contactos podría ser "sospechosa de falta de experiencia". Además, argumentan que la diversidad de actividades con diferentes desarrolladores y administraciones garantiza la independencia del profesional.
En consecuencia, Facme defiende que la manera adecuada de gestionar los conflictos de interés es a través de la transparencia, sin negar la posibilidad de mantener relaciones externas, pues esta dinámica excluiría a los verdaderos expertos del sistema. Mediante declaraciones de interés, los profesionales creen que es posible contar con “clínicos expertos” que contribuyan a la excelencia de la evaluación, evitando sesgos e influencias indebidas.
Alegaciones al Real Decreto de ETS
La federación ha presentado alegaciones al proyecto de RD de ETS, centradas en el artículo 26, sobre la participación de expertos y conflictos de interés. La propuesta modifica este artículo para limitar la exclusión de expertos si tienen intereses económicos directos en la industria: “Estamos en desacuerdo con considerar estas actividades como un conflicto de interés que conlleve la exclusión del experto”, apunta Facme en relación con los intereses económicos. No obstante acepta como es lógico la participación de aquellos que hayan estado involucrados en actividades científicas o formativas. Para ellos, impedir su participación supone, erróneamente, que cualquier colaboración con agentes de la tecnología afecta la independencia de médicos y científicos, lo cual no necesariamente es cierto.
Facme sostiene que se debe poner el foco en un sistema de gobernanza y transparencia en la declaración de intereses, recordando que los informes y decisiones son competencia del organismo responsable, no de los expertos consultados. Así se garantiza la imparcialidad de los órganos responsables y se incorpora la opinión de verdaderos expertos.
En relación con este mismo aspecto, Facme presentó alegaciones al acto delegado de la Comisión Europea sobre los conflictos de interés son similares a las del RD. Abogan por que todos los expertos realicen una declaración completa de intereses y que, a menos que haya intereses económicos directos, no se les impida colaborar. Además, plantean que el organismo de ETS cuente con personal técnico propio y que cada evaluación cuente con varios expertos de diferentes áreas. Por último, Facme considera que las sociedades científicas médicas son las entidades idóneas para identificar y proponer a los expertos necesarios en cada área.
Posicionamiento
Otras alegaciones se refieren al uso del término ‘posicionamiento’, que genera confusión en la práctica médica, según la federación. Facme propone el término ‘propuesta de inclusión en el SNS’ para describir un informe destinado a la toma de decisiones sobre financiación, precio y condiciones de inclusión en el Sistema Nacional de Salud (SNS). El término ‘posicionamiento’ ha generado confusiones y distorsiones en los procesos asistenciales autonómicos y locales en los últimos años, explica.
Además, la federación señala que el informe-propuesta de inclusión en el SNS debería ser concebido como parte del proceso de toma de decisiones, sin ser usado para informar sobre el uso del medicamento en la práctica clínica, función que deberían cumplir las guías de práctica clínica, el conocimiento de los médicos y los protocolos y guías locales.
Selección de expertos
En cuanto a la selección de profesionales para los órganos de gobernanza del sistema de evaluación, Facme propone incrementar el número de expertos profesionales sanitarios en el Consejo de Gobernanza y el Comité Consultivo (nombre que proponen para sustituir al de Grupo de Posicionamiento), y que varios de ellos sean propuestos por la federación, aunque el nombramiento final recaiga sobre el presidente del órgano. Sugieren que, en el Consejo de Gobernanza, de dos se pase a tres profesionales, y que dos sean propuestos por Facme; y en el Comité Consultivo, de tres a cuatro, con tres propuestos por los profesionales.
La lógica es clara: “Si se busca representar a los profesionales sanitarios, estos deben ser propuestos por las sociedades científicas”, recalca Avendaño.
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: 
Marciano Gómez, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana.: