Terapéutica

El CGCOF presenta un decálogo de equidad para avanzar en la atención al migrante

Casi un 20 % de los residentes en España nacieron fuera del país; ante esta realidad, el Consejo impulsa un análisis sobre las barreras administrativas que impiden el acceso efectivo de los migrantes al derecho fundamental a la salud.

La migración internacional se consolida como uno de los fenómenos más relevantes del siglo XXI, intensificado por factores como la globalización, los conflictos armados y las crisis económicas. En este escenario, el Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha impulsado el estudio titulado ‘La atención sanitaria y sociosanitaria a las personas migrantes en España: acceso, coordinación y equidad’. Este trabajo, elaborado por Isglobal de Barcelona, contó con la colaboración del Consejo Asesor Social de la Profesión Farmacéutica y se presentó en Madrid durante el tercer foro de este organismo. La clausura del acto corrió a cargo de María Jesús Herrera, jefa de misión de la Organización Internacional para las Migraciones en España.

Las cifras que contextualizaron el debate resultaron reveladoras. Según los datos aportados por la Organización de las Naciones Unidas, en 2024 el número de migrantes internacionales ascendió a casi 304 millones, lo que representó el 3,7 por ciento de la población global. En el caso específico de España, en julio de 2025 la cifra de personas nacidas fuera del territorio nacional se cuantificó en casi un 20 por ciento de los residentes totales. El informe destacó que el bienestar físico y mental de este colectivo constituye una cuestión de justicia social y un elemento clave para la sostenibilidad de los servicios esenciales que sostienen a la sociedad en su conjunto.

Barreras administrativas y territoriales

El estudio analizó qué sucede con el derecho a la salud de estas personas y qué obstáculos impiden su acceso efectivo. Una de las principales conclusiones señaló la desigualdad existente en la prestación sanitaria debido a las variaciones que cada territorio realizó de la interpretación y aplicación del Real Decreto Ley 7/2018. Esta norma, que regula la asistencia sanitaria universal, sufrió aplicaciones dispares en función de la comunidad autónoma, lo que generó barreras administrativas significativas para los usuarios.

Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, señaló durante su intervención que la migración formó parte de la realidad presente y futura del país. Aguilar remarcó que, para lograr un sistema equitativo y sostenible, resultó imperativo garantizar el acceso efectivo e igualitario a la atención sanitaria. El presidente puso el foco en la red de farmacias comunitarias, que se posicionaron como la puerta de acceso al sistema sanitario para las personas migrantes y como garantes de su salud.

Desde la perspectiva de la farmacia comunitaria, Aguilar destacó que esta desempeñó un papel especialmente relevante al acompañar a las personas, detectar necesidades y mejorar la continuidad asistencial. En sus palabras, cuidar la salud no consistió únicamente en atender enfermedades, sino en comprender contextos, reducir desigualdades y acompañar a las personas en todas las etapas de su vida, con independencia de su origen o trayectoria. Este compromiso se enmarcó en la Estrategia Social de la Profesión Farmacéutica, cuyo fin fue canalizar el trabajo de estos profesionales en favor de la sociedad.

Integración y salud transversal

Por su parte, Herrera manifestó que para la agencia de las Naciones Unidas resultó esencial que la salud se situase en el centro de los procesos de inclusión de las personas migrantes. La responsable de la OIM defendió que la salud debió ser siempre un elemento transversal en el contexto de las migraciones y no abordarse de forma aislada o puntual. La presentación técnica de los resultados fue responsabilidad de Laura Agúndez, policy officer de Isglobal, quien desgranó las claves para avanzar hacia un sistema sociosanitario más inclusivo y eficaz.

El encuentro sirvió también para dar a conocer un decálogo de recomendaciones elaborado por el Consejo Asesor Social. Este órgano estuvo integrado por entidades como la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, Cáritas, la Confederación Española de Organizaciones de Mayores, Cruz Roja, Farmamundi, Fundación Once, Imserso, la Plataforma de Organizaciones de Pacientes, la Red Española de Desarrollo Rural y Unicef. El documento recogió propuestas concretas para mejorar la atención sociosanitaria integral.

Propuestas para la equidad

La primera de las recomendaciones del decálogo instó a armonizar la normativa de acceso a la atención sanitaria y a los servicios sociosanitarios para evitar las brechas territoriales actuales. En segundo lugar, el texto propuso establecer políticas y protocolos que garantizasen las buenas prácticas para una asistencia sin discriminación. El tercer punto se centró en reforzar la coordinación y la continuidad en la atención entre los diferentes niveles del sistema.

Como cuarto pilar, los expertos apostaron por potenciar la farmacia comunitaria como agente sanitario y sociosanitario de proximidad, aprovechando su capilaridad y cercanía con el ciudadano. Asimismo, se planteó la necesidad de detectar de forma temprana las necesidades complejas de salud que pudiesen presentar los colectivos migrantes. La simplificación y agilización de los procedimientos de acceso a la asistencia constituyó la sexta recomendación, orientada a reducir la burocracia que dificultó la entrada al sistema público.

Competencias y recursos humanos

El decálogo también puso el énfasis en el factor humano y profesional. La séptima propuesta abogó por fortalecer la formación y las competencias interculturales de los profesionales sanitarios y sociosanitarios. En este sentido, la octava recomendación sugirió incorporar a mediadores interculturales e intérpretes como personal estructural de los centros de salud, facilitando así la comunicación y el entendimiento clínico.

Finalmente, el documento reclamó integrar la participación comunitaria y de la sociedad civil en la planificación de las políticas de salud. El punto diez cerró las propuestas con la exigencia de asegurar una financiación estable y una planificación estratégica a largo plazo que permitiese dar respuesta a los retos demográficos actuales. El informe se configuró así como una invitación a deliberar sobre cómo garantizar sistemas de salud mejor preparados para responder a las realidades de una sociedad diversa.

Historias y experiencias compartidas

Durante el foro, se celebró un diálogo titulado ‘Historias que cruzan fronteras: el valor humano de la migración en España’. En este espacio participaron Aminata Soucko, presidenta de la Red Aminata, y Edith Espínola, portavoz de Servicio Doméstico Activo, bajo la moderación de Gonzalo Fanjul, director de Análisis de Políticas y Desarrollo de Isglobal. Ambas compartieron sus experiencias personales y vivencias sobre el proceso migratorio y el contacto con los servicios públicos.

La jornada concluyó con una mesa de debate sobre la coordinación para una atención sociosanitaria integral. Participaron Carmen Quintanilla, presidenta de Afammer; Fátima Cabello, subdirectora de Salud de Cruz Roja; Sara Valverde, presidenta de Farmamundi, y Paula Echeverría, técnica de incidencia en la Plataforma de Organizaciones de Pacientes. Los ponentes coincidieron en que la salud del colectivo impactó directamente en la salud colectiva y en la capacidad operativa del sistema sanitario español.

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