Aunque sin dar cifras exactas, la Central Independiente de Funcionarios (CSIF), mayoritaria en el ámbito público ha cifrado en “miles” los funcionarios que este lunes han participado en las convocatorias realizadas por todo el país en favor del mantenimiento de Muface. El objetivo para la agencia sindical es que el Gobierno retome las negociaciones para dar salida a la pasada licitación culminada el pasado 5 de noviembre sin ofertas encima de la mesa, debido al desinterés de las aseguradas ante un incremento de primas que apenas superaba el 17% de la cuantía de la anterior licitación.
De hecho, CSIF considera que el incremento debería situarse “como mínimo en el 24%”, una cifra muy similar a la planteada por las aseguradoras para garantizar la continuidad a lo largo de los dos próximo años y fijan el techo máximo en el 45% (aceptando los principios variables de las aseguradoras en función de si los incrementos se realizan de forma anual y otra serie de conceptos).
Si este paso no se da por parte del Ejecutivo para CSIF es evidente que el modelo está en “serio riesgo de desaparecer”. Para el sindicato el principal responsable de todo ello es la “propia cicatería del Gobierno”. Un Gobierno, en el cual se incluyen representantes de Sumar, que defiende la integración de todos los trabajadores públicos en el mismo modelo que el resto de los ciudadanos. Aunque el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha defendido la continuidad del modelo mutualista, lo cierto es que en la presentación de las ofertas hizo caso omiso de los planteamientos de las aseguradoras, lanzando un incremento de la prima muy por debajo de las opciones que las compañías consideraba mínimas para garantizar la viabilidad.
El presidente de CSIF , Miguel Borra ha señalado que “están jugando con la salud de4 1,5 millones de personas”, al tiempo que ha demandado al Gobierno que “dé la talla” para ayudar a los funcionarios.
Sobre su valoración del encuentro mantenido el pasado jueves entre los sindicatos y Muface, Borra ha asegurado, como ya se informó, que se acordó sacar adelante un nuevo concurso, pero que el mismo no cuenta ni con plazos ni cantidades.
Igualmente señaló sobre las esperanzas del Gobierno de obligar a las aseguradoras a mantener el servicio, como máximo nueve meses más, en función de la Ley de Contratos del Sector Público, Borrás no tiene “tan claro” ese concepto. Si bien lo que, a su juicio es lo importante de todo esto es que el sistema mutualista “esté suficientemente financiado”.
Ni UGT ni CC.OO. se han sumado a estas movilizaciones, que se han sucedido a lo largo de la jornada del lunes y que, de no llegar a un cambio de situación, se volverán a repetir el próximo día 16 de diciembre. Si para entonces la dinámica por parte del Gobierno es la misma que hasta ahora, Borra asegura que serán “más contundentes”.