La confidencialidad de los precios se juega en el apoyo del PP a la Ley de Discapacidad

La tramitación del proyecto de Ley de derechos de las personas con discapacidad ha adquirido una relevancia inesperada en el ámbito farmacéutico tras la enmienda introducida por PSOE y Sumar para reforzar la confidencialidad de los precios de los medicamentos. Sin embargo, el avance de esta medida queda condicionado a un escenario parlamentario incierto, en el que el rechazo de Junts, el probable ‘no’ de Vox y la posición aún no definida del Partido Popular ponen en riesgo la aprobación del conjunto del texto. Si todos ellos votan en contra, la ley no saldría.

El grupo catalán ya ha dejado clara su oposición frontal a la norma, al considerar que supone una “invasión competencial” y carece de respaldo económico suficiente. Junts sostiene que el proyecto recentraliza competencias en materia de servicios sociales y dependencia y denuncia la ausencia de compromisos reales de financiación, lo que, a su juicio, invalida la viabilidad de la ley. Este posicionamiento sitúa al Gobierno en una posición de debilidad, al restarle un apoyo clave en un Congreso fragmentado. Así lo expuso su portavoz, Josep Maria Cruset, durante el debate de enmiendas a la totalidad, planteada por Junts y que se sustentó el pasado diciembre.

A este escenario se suma Vox, cuya intervención en el debate apuntó también a un rechazo del texto. Su portavoz, Rocío de Meer, cuestionó que la ley aporte soluciones efectivas a los problemas estructurales del sistema de dependencia, como las listas de espera o la falta de apoyo a cuidadores, y criticó que se reconozcan derechos sin medidas concretas que los hagan efectivos. Asimismo, denunció que el modelo propuesto mantiene desigualdades entre comunidades autónomas, lo que, en su opinión, perpetúa una situación de “injusticia” en el acceso a las prestaciones. “No es la reforma que España necesita”, resumió De Meer.

Con Junts fuera de la ecuación y Vox inclinado en contra, la clave de la tramitación recae en el Partido Popular, que tendrían que votar a favor o, al menos, abstenerse, para que la ley progrese. Los populares no han presentado enmienda a la totalidad y han mostrado disposición a negociar, pero sus críticas al texto son de fondo. Su portavoz, Enrique Belda, advirtió en el pleno en el que se debatió la enmienda a la totalidad de Junts de que el desarrollo del artículo 49 de la Constitución exige respaldo presupuestario y planificación a largo plazo, subrayando que “sin dinero no hay desarrollo de los derechos”. Igualmente criticó la mezcla entre discapacidad y dependencia por lo que reclamó una tramitación más pausada para introducir mejoras sustanciales y cuestionó la ausencia de una memoria económica detallada.

Además, Belda rechazó que se haya acelerado la tramitación de esta ley en las últimas semanas, especialmente en lo que él definió como una “legislatura moribunda”. Todo ello, impide alcanzar el objetivo de un “pacto de Estado” necesario en esta cuestión.

Este posicionamiento sitúa al PP en una posición decisiva. Sus objeciones son lo suficientemente profundas como para justificar un voto negativo, pero su apertura a la negociación deja margen para una abstención o un eventual apoyo condicionado si se introducen cambios relevantes en el texto.

En este contexto, la viabilidad de la ley queda en el aire. Si el Gobierno no logra atraer al PP al menos a la abstención, la norma podría quedar bloqueada, arrastrando consigo la enmienda sobre confidencialidad de precios, una iniciativa de alto impacto para el sector farmacéutico en un momento de creciente presión internacional sobre los sistemas de fijación de precios y reembolso.