El consejero de Sanidad de Galicia, Antonio Gómez Caamaño, ha lamentado este miércoles en el Parlamento la "reforma unilateral" del copago farmacéutico que, pese a estar aprobada por el Ministerio de Sanidad, "aún no se puede aplicar plenamente en la comunidad". La administración central no ha establecido todavía la población a la que le corresponde cada tramo, lo que impide ejecutar la medida por completo, aseguró Gómez Caamaño. El titular del departamento denunció la falta de acuerdo con las comunidades autónomas sobre la financiación de esta modificación, que costará 20 millones de euros al año a Galicia.
Gómez Caamaño criticó que una reforma con implicaciones técnicas, económicas y organizativas de este calibre se lleve a cabo sin la financiación correspondiente, sin consenso y sin planificación. A su juicio, la decisión se tomó "sin respeto institucional y sin diálogo con las autonomías". Galicia y el resto de las comunidades trabajaban junto con el Ministerio de Sanidad en la Comisión Permanente de Farmacia para abordar una reforma consensuada del sistema de copago. En ese foro sectorial se buscaban acuerdos comunes para fijar tanto el contenido de la norma como su proceso de implantación.
El consejero indicó que esta vía "desprecia el papel de las comunidades autónomas, que son las organizaciones que sostienen y gestionan la asistencia sanitaria pública en sus respectivos territorios".
Desafío para la prestación ambulatoria
Esta dinámica de adoptar decisiones unilaterales repercute directamente en las comunidades y en los pacientes, una práctica que el consejero calificó de habitual en el Ministerio de Sanidad. Según el responsable gallego, esta falta de colaboración institucional pasó factura a la sanidad pública y supuso un desafío para la prestación farmacéutica ambulatoria autonómica. Galicia tiene presupuestados para este año cerca de 1.000 millones de euros para el gasto en recetas, por lo que las autoridades regionales mostraron su sorpresa ante una medida de tanto calado ejecutada sin acordar la fecha de implantación ni su impacto económico.
Gómez Caamaño remarcó que la falta de diálogo ministerial se extiende a otros ámbitos sectoriales, como la negociación con los facultativos en relación al Estatuto Marco. Esta situación provocó cinco meses de movilizaciones que causaron la cancelación de 245.000 actos asistenciales en la comunidad gallega.
Lilisbeth Perestelo: 
