El director general de Inspección y Política Sanitaria del Gobierno de Aragón, Ramón Boria, ha comparecido ante la Comisión de Sanidad de las Cortes autonómicas para detallar las líneas generales de actuación que marcarán la actividad de su departamento durante la presente legislatura. En esta primera sesión parlamentaria tras asumir el cargo, Boria anunció la intención del Ejecutivo regional de redactar y tramitar una nueva Ley de Ordenación Farmacéutica.
La comparecencia se produjo a petición propia del consejero de Sanidad y del Grupo Parlamentario Socialista con el objeto de informar sobre la hoja de ruta de esta dirección general, creada en la reestructuración orgánica aprobada por el Consejo de Gobierno a finales de julio de 2026. Boria argumentó que el marco legal vigente para la farmacia aragones data de 1999, promulgadada por tanto, con anterioridad a las transferencias sanitarias y que, aunque ha venido sufriendo transfociones a lo largo de los años, la comunidara necesita «contar con un texto actualizado que responda a la realidad demográfica regional, a la generalización de los sistemas individuales de dosificación y al control de la atención farmacéutica en centros sociosanitarios».
Boira, además, inscribió esta iniciativa dentro de los cometidos asumidos por su departamento en materia de política farmacéutica, prestaciones, inspección sanitaria y acreditación ante retos como la puesta en marcha de los nuevos centros hospitalarios de Teruel y Alcañiz.
Medidas para la botica rural
Durante el turno de respuesta a los portavoces de los grupos, el director general reconoció de forma explícita que «el cierre de establecimientos en municipios pequeños supone una pérdida real para el territorio». Por ello, avanzó que la futura norma incorporará herramientas específicas orientadas a garantizar la continuidad de la farmacia rural, tales como una mayor flexibilidad horaria y la adecuación a las necesidades de la población aragonesa.
Las formaciones de la oposición centraron parte de sus intervenciones en la situación del mapa farmacéutico en el medio rural. La diputada de Teruel Existe, Pilar Buj, reclamó garantías normativas que impidan el cierre de las boticas en el territorio. Buj solicitó que, en los casos en que sea inevitable su sustitución por botiquines, estos cuenten «c»con una reglamentación clara y un catálogo obligatorio de medicamentos».
En la misma línea, la representante de Chunta Aragonesista, Carmen Bozal, exigió que el proyecto legislativo asegure la viabilidad y persistencia de las oficinas de farmacia en los pequeños municipios. Bozal incidió en que el nuevo texto «debe actuar como freno ante la pérdida de servicios esenciales motivada por el envejecimiento y la despoblación».
Críticas
Durante su intervención, Ramón Boria también detalló las áreas operativas de su departamento, divididas entre el servicio de inspección sanitaria y el de prestaciones y política farmacéutica. El director general enfatizó la gestión de la incapacidad temporal (IT), recordando que la atención primaria emite el 95 % de los partes de baja y más del 99 % de los de alta. Para aliviar la tensión de los médicos de familia, anunció la implantación de un cuadro de mandos y el acceso prioritario a pruebas complementarias para evitar que los retrasos diagnósticos prolonguen las bajas.
Asimismo, Boria repasó la gestión de la prestación ortoprotésica —con el desarrollo de una aplicación para evitar el adelanto de pagos por los usuarios—, la aplicación del Reglamento SOJO sobre sustancias de origen humano antes de 2027 y la implantación del contrato de transporte sanitario no urgente de agosto de 2025, que supuso un incremento salarial del 20 %.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, María. Rodrigo contrapuso la reorganización administrativa con la situación del sistema público. La portavoz denunció que más de 26 000 aragoneses permanecen en listas de espera quirúrgicas —con demoras medias superiores a los 130 días— y más de 120 000 aguardan una primera consulta especialista. Rodrigo recriminó al Ejecutivo el incremento del presupuesto sanitario por encima de los 3 000 millones de euros para derivar fondos a conciertos con la sanidad privada, en lugar de abrir quirófanos por las tardes y estabilizar las plantillas públicas.
María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos (Aemps).: 
César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia.: 
Raquel Yotti, comisionada del Perte para la Salud de Vanguardia: 
Juan Yermo, director general de Farmaindustria.: 