El Consell de la Comunidad Valenciana ha acordado la adhesión al convenio entre la Administración General del Estado y Farmaindustria entre diversas críticas hacia su ‘voluntariedad’ y en relación a sus consecuencias.
El Gobierno Valenciano ha vuelto a mostrar sus reticencias al explicar que la adhesión es una de las condiciones a cumplir para disponer de los fondos correspondientes al Fondo de Liquidez Autonómico 2017, pero ha señalado, al igual que ya hizo hace unos meses su titular de Sanidad, Carmen Montón, que, según su interpretación, “garantiza un crecimiento al menos igual que la tasa del PIB a Farmaindustria”. En este sentido, recuerda que el convenio “establece incentivos o medidas compensatorias a la industria en el caso de que el gasto farmacéutico no crezca al mismo ritmo que el Producto Interior Bruto (PIB)”.
Además, considera que el convenio “desincentiva el uso” de medicamentos genéricos y biosimilares debido al hecho de que “el convenio excluya medicamentos genéricos, biosimilares y aquellos que no pertenecen a los laboratorios adheridos a Farmaindustria”. Estas dos cuestiones han sido planteadas por el Ejecutivo valenciano a los Ministerios de Hacienda y Sanidad en forma de alegaciones al texto original tal y como ha desvelado el Consell en un comunicado. Unas alegaciones que no han sido tenidas en cuenta, destaca el Gobierno de Ximo Puig.
Entre las alegaciones presentadas el pasado mes de noviembre también se encuentra que la adhesión al mismo no sea “requisito a cumplir dentro de los compromisos del programa para acceder al FLA”. Además, explican que según se recoge en el texto, “el convenio fomenta el acceso de los medicamentos calificados como ‘innovadores’ sin especificar qué se entiende como tal”.
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: