El Tribunal de Cuentas asegura que el Ingesa llegó a pagar a 4 euros por mascarilla en 2020

Un informe del Tribunal de Cuentas señala que once de los contratos realizados por el Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) durante los primeros meses de la pandemia, presenta "incidencias" en cuanto a la forma de contratación. El informe es el tercero que realiza este organismo, de las ocho que tiene previsto llevar a cabo, en relación a las compras de material realizadas durante la pandemia. Este caso se refiere a la Administración Socio-Laboral y la Seguridad Social durante 2020.

En total, el informe analiza 73 expedientes por un importe global de 551 millones de eruos. Las indicencias detectadas son de varios tipos. Según indica el documento, en cuatro de los expedientes se acordó la resolución anticipada por incumplimiento de contrato imputable al contratista, en otros dos se produjeron modificaciones no previstas (se suministraron otros modelos de mascarillas, aunque con el mismo precio y características, y otro tipo de test autorizado pero más caro) y en otras cinco adjudicaciones se dieron retraso en los plazos de entrega.

El Tribunal reconoce que estos incumplimientos fueron realizados en una situación de emergencia, si bien también asegura que "estos once contratos podrían ser indicativos de una insuficiente verificación por parte del Ingesa", tanto en la capacidad de producción, como en el suministro y solvencia técnica de las empresas.

El informe destaca "los altísimos precios" que se llegaron a pagar por estos suministros. En el caso de las mascarillas FPP2 llegó a alcanzar los 4,17 euros la unidad y las FFF3, 4,68 cada una.

Los contratos gestionados por este departamento fueron imputados, en su mayoría, al crédito extraordinario de 1.000 millones habilitados en marzo de 2020, dentro del primer gran desembolso para contar con material suficiente ante la crisis que se avecinaba.