Artículo de opinión de José María López Alemany, director de Diariofarma.
Una semana más, las herramientas para acabar con la pandemia han sido las grandes protagonistas de la actualidad. Mientras que en los países en vías de desarrollo no se ha avanzado lo suficiente con la vacunación, en los países industrializados estamos enfrascados en la administración de la tercera dosis de vacuna y, si alguien no lo remedia, se podría llegar a la cuarta, quinta... 'n' dosis, sin conseguir nada bueno y sí muchos perjuicios.
Esta semana ha sido la Coalición Internacional de Autoridades Reguladoras de Medicamentos (ICMRA) la que ha querido poner un poco de cordura en la política de vacunación advirtiendo de que no es posible insistir en la práctica de administrar recuerdos de forma generalizada a la población. Antes que ellos, los inmunólogos lo han repetido por activa y por pasiva.
Desde hace mucho tiempo, gran parte de las decisiones que se están tomando en los países avanzados en relación con la gestión de la pandemia parece que obedece a la necesidad de aparentar que se está luchando contra la pandemia tomando todo tipo de decisiones, aunque estas sean absurdas, innecesarias o incluso contraproducentes. Empezando por la obligación de mascarillas en exteriores y terminando por la vacunación (generalizada) de los niños, pasando por el pasaporte covid, hasta llegar a esta carrera loca de los países por ver quien pone más vacunas a su población, no son, en muchos casos, más que medidas de dudosa efectividad que pueden poner en riesgo el cumplimiento de las que sí son importantes.
En vez de poner el foco en la ventilación de los lugares cerrados y el correcto uso de (buenas) mascarillas en esos mismos lugares, se marea al personal insistiendo en el lavado de manos (que siempre está bien, pero tal vez no sea el momento de insistir en ello por su nula importancia respecto de la covid) o el uso de mascarillas, sean cuales sean y se pongan como se pongan, en cualquier situación. Al final, los ciudadanos no saben cuáles son las medidas que sí o sí deben cumplir y al estar hartos de obligaciones por todos los lados, acaban por no hacer caso a ninguna.
Pero es que, además, hay expertos que alertan del perverso efecto que puede tener sobre el sistema inmunitario el sobreuso de las mascarillas, con un debilitamiento del sistema inmunitario al impedir el contacto habitual con patógenos, hasta ahora, inocuos.
Situación similar se puede fraguar con la continua, excesiva e innecesaria inmunización frente a la covid en personas inmunocompetentes. Una vez que se ha demostrado la generación de inmunidad celular y la verificación de que no existe escape vacunal, insistir en la administración de más dosis de vacuna en personas sin condiciones de riesgo es absurdo. Puede ser perjudicial para las personas a las que se administre y, además, se está quitando oportunidades de vacunación en los países menos desarrollados ya que no existe producción suficiente. Algo parecido es lo que sucede con la vacunación generalizada de niños sanos, que no van a padecer un covid grave casi con seguridad, y cuya vacunación no exime de riesgos ya que pueden transmitir el SARS-CoV2.
Y qué decir también del pasaporte covid, cuya única virtud es hacer sentirse mejor a quien lo porta, favoreciendo una falsa sensación de seguridad, pero, en realidad, una pauta completa de vacunación o incluso haber pasado la enfermedad no exime ni de resultar contagiado ni de contagiar. ¿Es que no queda claro que hay personas que se han contagiado dos, tres… veces…? Entonces, ¿por qué se insiste en el absurdo?
Hacer un uso inadecuado de las vacunas y otras herramientas efectivas en la lucha contra la covid solo puede llevar a que haya gente que mal o bienintencionadamente interprete erróneamente lo que significa el resultado que se obtiene.
Por ese motivo, espero que de una vez la mala política y la necesidad de aparentar tomar decisiones para luchar contra la pandemia dé paso a que sea la ciencia, especialmente la que tiene una evidencia de decenas y decenas de años de vigencia sin que la covid la haya vulnerado.
Financiación selectiva
Me gustaría abordar otros asuntos de relevancia que han sido noticia durante la semana en este artículo. Uno de ellos es el análisis de la situación de financiación de los medicamentos que Diariofarma realiza cada mes de enero a la vista de lo registrado en el Buscador de la Información sobre la situación de financiación de los medicamentos (Bifimed), del Ministerio de Sanidad.
De unos años a esta parte, cada vez resulta más complejo y difícil obtener una resolución de financiación de medicamentos con fondos del Sistema Nacional de Salud. La proporción de medicamentos no financiados por el sistema de los que lo han solicitado es actualmente un 25%, pero en los dos últimos años, este porcentaje ha superado el 30% y, en 2021 alcanzó el 37,6%.
Además, el número de medicamentos que se aprueba, pero con alguna restricción es también creciente. En 2021, el 65,1% de los medicamentos incluidos en la cartera del SNS fue afectado por alguna limitación a la prescripción o dispensación. Es cierto que en muchos casos se debe al tipo de medicamento y enfermedad a la que está dirigido y, por tanto, se tienen que designar como de uso hospitalario, pero no es menos cierto que cada vez hay más medicamentos a los que se limita su dispensación a centros hospitalarios, o se aplican visados de inspección de tipo económico.
Todas estas decisiones no tienen por qué ser negativas. Si se aplica un método, como espero y creo que se hace en la inmensa mayoría de las ocasiones, no debería haber perjuicios para los ciudadanos y la sociedad en general, pero creo que también sería importante realizar revisiones de la financiación de determinados medicamentos que, tal vez, podrían dejar ese estatus para liberar fondos que se utilizaran en los medicamentos destinados a enfermedades más graves. Que la financiación pública avance hacia incorporar más criterios clínicos y sociales de los pacientes a los que se destinan los medicamentos permitiría optimizar el uso de los fondos públicos.
Relacionado con la toma de estas decisiones, esta semana hemos tomado conciencia clara de la manera en que se toman las decisiones en el seno de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM): siempre por consenso y sin recurrir a votaciones.
Tal y como ha comentado a Diariofarma la persona que, a través del portal de Transparencia, ha preguntado por el sentido del voto en las CIPM de 2021, no parece que tenga mucho sentido crear un órgano de 25 personas, con procedencias muy distintas y con sensibilidades, teóricas, diferentes y que los posibles puntos de vista distintos no se vislumbren por ningún lado.
Las comunidades autónomas han luchado durante años por conseguir primero presencia en la CIPM, luego voto. Por eso no queda muy claro qué importancia tiene esa presencia y ese voto si luego no se ejerce nunca o que, en el caso de la representatividad de las distintas CCAA, es idéntico el papel de las que tienen o no voto.
José María López Alemany es director de Diariofarma.