Regulación, precios y valor; tres patas de un mismo reto: el acceso

Artículo de opinión de José María López Alemany, director de Diariofarma.

En los últimos tiempos estamos asistiendo a un incremento de las situaciones en las que se demora en exceso el acceso a los medicamentos innovadores en España. Unos retrasos en los que, indudablemente, los mayores perjudicados son los pacientes, aunque también resultan negativos para el sistema sanitario, que no puede ofrecer la mejor solución a quien la necesita; la sociedad, que pierde oportunidades de mejorar la salud, la calidad de vida y la productividad de los ciudadanos y la industria farmacéutica, que no ve recompensada la inversión realizada para hacer avanzar la medicina gracias a sus investigaciones.

En toda esta cuestión, la regulación de financiación y fijación de precio de los medicamentos, la evaluación de valor y los precios en sí son elementos íntimamente relacionados, que se modulan unos a otros y que afectan al acceso a los medicamentos. Son tres patas de un mismo reto que son necesarias armonizar ya que cualquiera de ellas puede dar al traste con el objetivo.

De entre ellas, la normativa es la más relevante ya que va a influir de manera más importante sobre el resto. La regulación española de fijación de precios plantea que nuestro país establezca como precio de los medicamentos el más bajo de Europa. Esta circunstancia, junto a la libertad de circulación de mercancías y los sistemas internacionales de referencia de precios, se analiza en las estrategias de lanzamiento de las compañías y provoca que la industria no tenga incentivos para acelerar la comercialización de medicamentos por su impacto en otros países. Pero, aunque los laboratorios quisieran llegar al mercado español de los primeros, otras cuestiones regulatorias, como es el hecho de tener que esperar a que esté elaborado un informe de posicionamiento terapéutico (IPT) para que un medicamento pueda ser evaluado por la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM), retrasan mucho más de lo deseable el proceso.

Evaluación del valor y precios

La evaluación del valor es otro de los elementos en los que hay que trabajar. La semana pasada Farmaindustria celebró la jornada ‘El medicamento y el valor social de invertir en Sanidad’, durante la que varios economistas analizaron en una mesa redonda ‘La regulación económica de la industria farmacéutica en España. ¿Se estima todo el valor aportado por la innovación?’. Durante la misma se puso de manifiesto la necesidad de hacer las cosas de otra manera, ampliando las perspectivas de los análisis, al menos hasta que sea realmente la del SNS, pero idealmente con la perspectiva social; así como la mejora del diálogo, el establecimiento de confianza y transparencia entre Administración y administrados como herramientas clave para avanzar en la reducción de la incertidumbre, que es una de las claves de todo.

Los precios, lógicamente, son un elemento clave en todo lo referido a la prestación farmacéutica. No obstante, nadie con un mínimo criterio es capaz de negar lo que en materia farmacéutica se ha logrado en los últimos 20-30 años en patologías como el cáncer, el VIH, enfermedades autoinmunes, vacunas… Y todo eso se ha logrado sin que el gasto en medicamentos sobre el Producto Interior Bruto (PIB) o sobre el gasto sanitario público total haya crecido significativamente. Es decir, que, de momento, y también gracias a la gestión realizada en la prestación farmacéutica, los medicamentos no han puesto en riesgo la sostenibilidad del sistema, sino todo lo contrario. Por ese motivo, la consideración como inversión de los recursos destinados a medicamentos es una obligación que, junto a la evaluación holística del valor aportado permitirá valorar correctamente si los precios están ajustados o no.

Campañas mediáticas

En los últimos días se ha desatado una campaña mediática para poner en la diana a la industria farmacéutica como responsable de los retrasos de la autorización de medicamentos. Un ataque tan irresponsable y absurdo como injusto. La industria es la primera interesada en que sus medicamentos se autoricen, eso sí, al precio adecuado y de manera que no influya, debido a las normativas, en otros mercados. Esto no debería tener discusión. No obstante, lo largo de la semana pasada, el diario El País publicó una información y un editorial en la que acusaban a tres compañías de no ofertar precio a la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) y, con ello, retrasar la llegada de esos medicamentos a los pacientes. Es necesario aclarar que se trataba de medicamentos a los que se evaluaban nuevas indicaciones, en algún caso una más de la veintena que ya tiene, y que no parece creíble la ausencia de esa oferta de precio, sino más bien una propuesta igual al autorizado, con el dossier de valor presentado por la compañía, por lo que el ataque realizado era inconsistente. Podría parecer que el objetivo buscado con esa campaña sería tratar de influir para impedir una modificación de normativa ya que esta no sería la causante del problema de acceso existente, sino que serían los laboratorios, los que impiden ese acceso.

Pero más allá, y volviendo al caso denunciado por El País, incluso ahí es necesario situar la pelota en el tejado de la Administración, ya que a cada una de las nuevas indicaciones que consigue un medicamento se le pretende bajar el precio otorgado originalmente y en ningún caso es posible subirlo. Por ello, queda claro que es la regulación la que quita incentivos a la financiación de nuevas indicaciones puesto que el nuevo precio afectará no solo a la nueva, sino a todo el medicamento. De este modo, resulta evidente que hace falta también una nueva regulación que facilite establecer precios por indicación, así como su acceso acelerado, toda vez que las incertidumbres son mucho menores que con un medicamento nuevo.

Al final, siempre es la regulación la que marca el terreno de juego. Y lo hace tanto en el ámbito propio de los procesos y objetivos, como en la definición de las evaluaciones y en ese terreno de juego, las compañías diseñan sus estrategias para el lanzamiento de los medicamentos. En países como Alemania, Francia o Italia, la regulación prioriza acelerar el acceso temprano frente a la búsqueda de un mejor precio desde el primer momento. En nuestro país, por el contrario, se busca conseguir un precio más bajo desde el primer momento y eso se hace a costa del acceso.

Demonizar a la industria y tratar de presentarla como enemiga de los pacientes y ser la interesada en retrasar el acceso por el mero hecho de tratar de maximizar, de acuerdo con las normas establecidas a nivel español y europeo, sus beneficios, es una práctica rechazable. Si la administración, en este caso la española, establece unos procedimientos para alcanzar sus objetivos en materia de acceso a los medicamentos, es lícito que la industria evalúe las consecuencias de los mismos y establezca las estrategias idóneas para tratar de alcanzar sus propios objetivos.

¿Qué sistema queremos?

Por ello, lo primero que debe hacer el Sistema Nacional de Salud es plantearse si el acceso actual es el que un país como España quiere tener. Y eso tiene sus consecuencias. Si se quieren tener los precios más bajos, se está mandando un mensaje al mercado. Si existen referencias internacionales de precios, se está enviando otro mensaje y si con cada nueva indicación se exige una reducción de precio, se envía otro mensaje. España y el SNS tiene que pensar qué mensajes son los que quiere enviar a los productores de la innovación. Puede ir a modelos similares al alemán, francés o italiano, con sus adaptaciones a las peculiaridades, necesidades y posibilidades de nuestro país o dejarlo como está. 

No hay que mirar a ningún otro lado. Quien tiene la capacidad para hacer variar los acontecimientos en materia de acceso es la Administración, que es la que regula, la que tiene la tiene en su mano cambiar los procesos y quien posee la autoridad para ejecutarlo.

Estamos inmersos en una modificación de la Ley de Garantías en la que se abordarán, precisamente, los procesos de financiación y fijación de precio. Creo que es algo obvio que el modelo actual no contenta a nadie y es preciso cambiarlo. Eso sí, debería hacerse con diálogo, con perspectivas amplias, con confianza entre agentes, teniendo claras las posibilidades de nuestro país, pero también lo que los nuevos medicamentos aportan a la salud y la economía, más allá del mero presupuesto de un hospital o de una consejería de Sanidad. Nos jugamos mucho; sobre todo, la salud.

José María López Alemany es director de Diariofarma.