El FMI pide que se transfiera a las CCAA la gestión de los copagos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha pedido a España que se incremente la responsabilidad de las comunidades autónomas en la gestión de los copagos en Educación y Sanidad, lo que podría significar la cesión de competencias por parte del Estado a las autonomías para que puedan incorporar nuevos copagos o modular las cuantías de los existentes. El objetivo sería "obtener ahorros fiscales adicionales". Así lo expresa el FMI en las conclusiones preliminares formuladas por el personal del FMI que, tras su última visita, han sido remitidas a nuestro país.

Según el FMI, España tiene que seguir con la consolidación fiscal  "coordinada y creíble", de forma que permita "mantener la confianza y reducir la vulnerabilidad frente a potenciales shocks adversos". Además, señala que nuestro país ha continuado reduciendo el déficit fiscal a medida que la economía se recupera, pero el nivel de deuda pública "es muy elevado y todavía sigue aumentando". No obstante, dado que el viento sopla a favor de la economía española gracias a los ingresos extraordinarios derivados de los bajos tipos de interés, de un crecimiento mayor del esperado y de la reducción de presiones deflacionistas. Por ello, el FMI recomienda utilizar todos los ingresos que se generen por estas situaciones extraordinarias "para reducir más el déficit y garantizar una trayectoria decreciente de los niveles de deuda".

Para conseguirlo, el fondo considera que será necesario un esfuerzo coordinado entre todos los niveles de la administración "con medidas más ambiciosas y mejor especificadas que las previstas actualmente". Su receta se centra en un "incremento de los impuestos especiales y medioambientales y una gradual reducción de los tratamientos preferenciales en el impuesto sobre el valor añadido (IVA)", es decir, reducir el número de productos que se benefician de tipos reducido y superreducido, de manera que permitan "mejorar la recaudación a niveles más próximos a los de otros países europeos". Además, a nivel regional, el FMI explica que podrían obtenerse ahorros fiscales adicionales, por ejemplo "mediante la reducción de costes en la provisión de servicios de sanidad y educación", y, tal y como fue recomendado por el Comité de Expertos para la Reforma Fiscal el año pasado, aumentando la responsabilidad de las Comunidades Autónomas en el copago de estos servicios.

¿En qué consiste esa responsabilidad?

La propuesta 122 de este Comité de Expertos para la Reforma Fiscal especifica que "debería ampliarse la capacidad normativa de las comunidades autónomas respecto a la posibilidad de establecer copagos en servicios públicos dentro de unos límites mínimos establecidos por la Administración central para todas las comunidades, lo que permitiría además conocer mejor su capacidad para generar ingresos públicos". El objetivo sería hacer más flexible la financiación autonómica para mejorar la capacidad de financiación de las regiones en los servicios sanitarios y educativos. En definitiva, el Comité de Expertos y ahora el FMI avalarían que las comunidades autónomas pudieran poner en marcha 'euros por receta' o porcentajes diferentes de aportación a las del resto de autonomías, por ejemplo.

Según explicaban los expertos, la demanda de un bien o servicio es, por definición, infinita a precio cero y la utilización de precios y tasas públicos puede contribuir a moderarla y a acercarla a la verdadera disposición a pagar. Ofrecer servicios públicos, incluso los más esenciales como educación, sanidad o justicia "de forma gratuita y generalizada no es el modo más eficiente ni justo de hacerlo", porque incluso en esos servicios hay siempre un cierto beneficio privado que debería ser compensado mediante el copago, recoge el informe.

Los expertos aseguraron que los mecanismos de financiación de las CCAA que parecen más adecuados son los que se rigen por el principio del beneficio, por ello, resultaría razonable extremar la capacidad normativa de las comunidades respecto a la posibilidad de establecer copagos en los servicios públicos, tales como la sanidad y la educación, entre otros. De hecho, podría ser útil integrar estos copagos en el modelo de financiación, de forma que se fijen unos mínimos en los copagos de todas las CCAA que sirvan para calcular sus capacidades de generar ingresos, dándoles la posibilidad de que modifiquen los tipos del copago, cuyas consecuencias recaudatorias deberán asumir en exclusiva.

Con todo ello, las comunidades empezarían a asumir responsabilidad no solo en el gasto público si de manera muy importante en la gestión y modulación de sus ingresos, teniendo responsabilidad también en la presión fiscal a la que someten a sus ciudadanos.