A la hora de hacer balance de este último año, en lo que respecta a la política sanitaria y farmacéutica, están los que ven el vaso medio lleno y los que lo ven vacío, si no roto. Y es que, frente a los mensajes de relativa satisfacción que expresan los portavoces de Sanidad del Grupo Socialista y Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso, Jesús María Fernández y Amparo Botejara, se encuentra la crítica profunda que lanzan Teresa Angulo y Francisco Igea desde el Grupo Popular y Ciudadanos. Lo mismo ocurre a la hora de marcar las expectativas para 2019: los primeros andan centrados en sacar adelante unos Presupuestos que permitan elevar el gasto social, y, dentro de él, el sanitario, mientras que los segundos consideran que la única salida digna para el Gobierno de Pedro Sánchez es la convocatoria de elecciones. Se puede decir que es ésta polarización la que, a día de hoy, está marcando el debate en política sanitaria.
En lo que respecta a lo avanzado en el último año, el portavoz socialista considera que la llegada de su partido al Ejecutivo ha supuesto "que haya lo que no había antes, es decir, un proyecto de acción en materia sanitaria para poner fin a los cuatro últimos años en los que no se había hecho nada en ámbitos como los recursos humanos y otros". Dentro de las medidas estrella, destaca la aprobación del decreto para recuperar la cobertura sanitaria para los colectivos que se quedaron sin ella en 2012, así como los avances en la Ley de Muerte Digna, la regulación de la eutanasia, complementaria a la anterior, o el decreto de uso e indicación de medicamentos por Enfermería.
Dejando a un lado lo regulatorio, Fernández destaca también la mejora de los presupuestos de las comunidades autónomas, "que se ha notado en la reducción de las listas de espera, el pago a proveedores o el incremento del ritmo en la incorporación de tecnologías, aunque no sea aún al ritmo que quisiéramos". Junto a esto, ha remarcado "el carácter autonomista" del partido, que se habría plasmado, según su portavoz de Sanidad en el Congreso, en una mayor actividad en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS). "El PSOE siempre se ha caracterizado por convicciones autonomistas, con un SNS gestionado por las CCAA, con un Ministerio al que le corresponde sobre todo una misión: la coordinación a través del diálogo. Ahí marcamos la diferencia", subraya.
Frente a esta visión más optimista, cabe contraponer la de la portavoz popular, Teresa Angulo, que considera que la moción de censura presentada contra el Gobierno de su partido solo ha servido, en materia sanitaria, para truncar los "avances que se estaban realizando en materia de financiación, una vez que se había conseguido salvar al Sistema Nacional de Salud (SNS) de la quiebra, se había restablecido el pago normalizado a proveedores, se había liderado un cambio en la política económica dirigido a acabar con la deuda, y se disponía a solucionar el déficit de profesionales, cubriendo nuevas plazas en el mundo rural, a través de unos presupuestos expansivos que también afectaron positivamente a Sanidad".
Por su parte, Igea considera que 2018 se puede considerar "un año estéril", en el que, dice, han brillado por su ausencia "los avances estructurales hacia la equidad". Sobre las medidas aprobadas por el Gobierno, considera que el decreto para la recuperación de la sanidad universal es una "una chapuza", de ahí que hayan tratado de enmendarlo. Además, consideran una victoria "que el Gobierno haya entendido que, en lo que respecta al copago, hay que centrarse en aquellos grupos en los que se están dando problemas de adherencia, y no si están o no en activo". En la columna de los debe de este Gobierno está también, para el portavoz de Ciudadanos, el "no haber culminado la valoración de los todos los afectados por la talidomida", así como "el establecimiento de un sistema de fijación de precios de los medicamentos que sea de verdad transparente".
Un balance un tanto más positivo es que el que hace Botejara. La portavoz de la formación morada ha destacado el cambio que ha supuesto la llegada de los socialistas al poder, por ejemplo, por los avances en la universalización de la sanidad, a la que, según la diputada pacense, es importante acompañarla de una reglamentación adecuada "para extenderla a personas reagrupadas y para que sea de obligado cumplimiento por las CCAA". Por la parte de los logros, también destaca el impulso de la mesa de desprivatización de la sanidad, que continuará con sus trabajos en 2019, mientras que en la de las asignaturas pendientes incluye la necesaria priorización de la Atención Primaria, que es, en su opinión, la más afectada por los procesos de privatización, así como la reforma del modelo de financiación autonómica. Y es que, a su juicio, "es un escándalo" la diferencia que existe en gasto per cápita entre comunidades como País Vasco y Andalucía, por ejemplo, teniendo en cuenta que ambas destinan el 30% de su presupuesto a Sanidad".
La aprobación de los Presupuestos en 2019
Fernández ha puesto de manifiesto la opinión de su Grupo, que piensa que la reforma del sistema de financiación autonómica debe estar entre las obligaciones del Gobierno para 2019, "ya que lleva tres años sin renovarse". No obstante, ha recordado que hay elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina, lo que va a dificultar mucho el avance en esta materia hasta que éstas hayan tenido lugar. Opina, por tanto, que ahora lo prioritario sería "contar con unos nuevos Presupuestos con medidas fiscales que permitan mejorar la financiación de las CCAA y poder recuperar la calidad de los servicios, incrementar las plantillas y mejorar la calidad del empleo a partir de las OPE". En relación con la aprobación de los Presupuestos, reconoce que "se está avanzando con otros grupos y existe el compromiso del presidente de presentar proyecto en enero".
Sobre los Presupuestos, Botejara no entendería que el resto de partidos no apoyen unas cuentas "que son una mejora indudable para la población". Y añade: "Hay cosas, como la eliminación de los copagos a los colectivos más vulnerables, que beneficiarían a parte de la población, por lo que no entendería que se utilice como argumento al independentismo para frenar esto".
La portavoz de la formación morada alude a la cuestión soberanista porque es precisamente ésta la que ponen encima de la mesa tanto el Grupo Popular como Ciudadanos para avanzar su negativa a apoyar las nuevas cuentas y tratar de forzar, de este modo, la convocatoria de elecciones. Igea ve en "la búsqueda de apoyo de los nacionalistas" para los Presupuestos "una apuesta del Gobierno por la inequidad y la desigualdad entre españoles" y aboga por una convocatoria de elecciones que, a ser posible, les ponga en primera línea "para impulsar un SNS de calidad y basado en la excelencia". En una línea similar, Angulo anunciaba que votaban en contra del objetivo de déficit al entender que el Gobierno "está sometido al chantaje de quienes quieren que los españoles no tengan las mismas oportunidades, y que no creen en el principio de solidaridad". "Tememos que esa visión impregne los Presupuestos Generales, y por eso pensamos que el Gobierno no puede seguir perjudicando a los españoles y tiene que convocar elecciones", apuntaba.
El convenio con Farmaindustria
Volviendo al ámbito sanitario y farmacéutico, los diferentes grupos han opinado también sobre qué se debería hacer con el convenio con Farmaindustria, que expira a finales de diciembre. Como ya informamos hace unos días, el portavoz socialista recordaba que su Grupo "siempre ha dicho que no se debe obligar a las CCAA a firmarlo para obtener financiación". Además, subraya que, de mantenerse, "habría que revisar cómo se efectúan las devoluciones de Farmaindustria en el caso de que se supere el límite de gasto, lo que parece que podría ocurrir este año". "Va a ser interesante ver cómo se aplican estas devoluciones, teniendo en cuenta que en el acuerdo no se dice nada", ha señalado.
Botejara defiende, en este sentido, que si se renueva sea "con cambios, para que sea más racional", y está de acuerdo con lo que propone el Grupo Socialista. Angulo, por su parte, defiende el convenio firmado por el Gobierno de Mariano Rajoy, a través de los ministerios de Sanidad y Hacienda, y aclara que la idea, al vincular la firma del convenio a la solicitud del Fondo de Liquidez Autonómica "era evitar que las comunidades autónomas volvieran a captar fondos sin ofrecer ningún tipo de compromiso". Sobre los mecanismos de devolución, se muestra convencida, más allá de lo establecido en el documento, de que el anterior Ministerio de Hacienda habría velado porque éstos se hicieran efectivos.
Finalmente, Igea reconoce que el convenio no es del agrado de su grupo "como herramienta de control de gasto". Para cumplir este objetivo, la formación naranja prefiere la aplicación de "una buena política de fijación de precios, basada en la introducción de un sistema de precio por valor". "Lo que no queremos es que se haga una chapuza detrás de otra, ni que se determine el gasto de la forma en la que se está haciendo ahora. Creemos que el sistema debe transparentarse entero, y saber lo que cuestan las cosas de verdad. No hay sistema de libre mercado en el que no se transparenten los precios. Y no pensamos así porque creamos que la industria sea el demonio con cuernos, sino porque es lo que exige la libre competencia", concluye.
Nicolas Gonzalez Casares: