Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados su anunciada Proposición de Ley 25 de Emergencia Social. Entre las diversas medidas que proponen destacan la derogación de dos artículos del Real Decreto-ley 16/2012 que buscan acabar, por un lado con las restricciones a la universalidad de la asistencia sanitaria y los copagos farmacéuticos por otro.
La Proposición de Ley en este ámbito es tan sencilla que se limita a derogar los artículos 1 y apartado 13 del artículo 4 del RDL 16/2012. El resto de medidas están mucho más desarrolladas que esta. Eso sí, lo que afecta al ámbito sanitario se recoge en el primer título de desarrollo de esa proposición de Ley.
El partido de los círculos no hace propuesta alguna más que la derogación de ambos preceptos. El artículo 1 del RDL modificaba algunos apartados de la Ley de Cohesión y Calidad del SNS, definiendo la condición de asegurado. En el otro caso, Podemos se limita a derogar el artículo 94 bis de la Ley de Garantías sobre aportación de los beneficiarios en la prestación farmacéutica ambulatoria, que se transformó en el artículo 102 en el Texto Refundido de la Ley de Garantías.
De este modo, podría darse la circunstancia de que la prestación farmacéutica quedara sin ningún tipo de copago para ningún beneficiario, algo que iría mucho más allá de la mera vuelta a la situación previa a 2012.
Según explica Podemos en la exposición de motivos de la Ley, “las restricciones impuestas en los últimos años respecto del acceso a sanidad y a los medicamentos ha incorporado a nuestra sociedad la pobreza farmacológica y asistencial”, lo que ha supuesto un “empeoramiento de las condiciones de vida en muchos estratos de la sociedad”. Además, según señalan, el RDL 16/2012 supuso “un gran cambio de modelo sanitario en el que la universalidad es sustituida por un sistema de aseguramiento”. Además, explican que este RDL “ha avalado una serie de prácticas, tales como la facturación, la arbitrariedad o las comunicaciones hostiles al paciente, que provocan miedo en población vulnerable y alejamiento del sistema sanitario, con el consiguiente riesgo tanto para la salud individual como para la salud colectiva”.
El partido de los círculos también asegura que la aplicación y el desarrollo normativo en las distintas comunidades autónomas “han sido absolutamente heterogéneos”. En algunas de ellas los cambios respecto a la situación previa han sido mínimos, mientras que en otras “se está yendo más allá del propio Real Decreto-ley, lo que genera situaciones de exclusión sanitaria no avaladas por la ley”.
El partido de Pablo Iglesias también asegura que a toda la situación expuesta anteriormente, hay que añadir “la dificultad para acceder a la medicación por motivos económicos, que es consecuencia de la retirada del descuento farmacéutico a las personas en situación administrativa irregular, y del incremento del coste de la medicación para colectivos con bajos ingresos como titulares sin recursos o pensionistas”. De este modo, llegan a asegurar que sl 5,2 % españoles no podrían pagar alguno de los fármacos que les ha recetado un médico. Si se extrapola el porcentaje, indican, “resulta que 2,4 millones de españoles tienen dificultades para hacer frente a sus tratamientos médicos”.
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: 
Marciano Gómez, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana.: