El Consejo de Ministros ha aprobado este martes remitir a las Cortes Generales el Proyecto de Ley por el que se modifican diversas normas para consolidar la Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS).
Se trata de una ley que modifica distintos preceptos de importantes normativas sanitarias como la Ley 14/1986 General de Sanidad, la Ley 16/2003 de cohesión y calidad del SNS; Real Decreto-legislativo 1/2015 por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios. El objetivo, según el Gobierno sería extender la universalidad del Sistema Nacional de Salud, garantizar la equidad y evitar copagos, además de dificultar la utilización de formas de gestión indirecta de la sanidad pública.
En la modificación de la Ley General de Sanidad se establece que el modelo de gestión del SNS será directo, permitiendo la externalización de la gestión “de forma excepcional, justificada y motivada objetivamente, y solo cuando no sea posible la prestación directa de los servicios públicos que integran el SNS”, explicó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según Darias, será el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) el órgano encargado de establecer los criterios de acuerdo con los que se evaluará la justificación de la gestión indirecta. La norma establece un plazo de 12 meses desde su entrada en vigor para que el Gobierno clarifique el régimen jurídico a los procesos de reversión y recuperación de la gestión directa, que hayan sido acordados por las administraciones competentes.
Este punto puede ser uno de los más relevantes para determinar las probabilidades de que la norma sea aprobada. Podemos ya ha avisado de que se queda corta y no prohíbe la utilización de gestión privada en el SNS. A este respecto, Darias ha señalado que con respecto al primer texto de la ley, “hay cambios sustanciales, llegando hasta donde el ordenamiento jurídico ha permitido”. Al posible rechazo de Podemos por quedarse corta la ley, parece claro que tanto Partido Popular, Vox, Ciudadanos, votarían en contra por todo lo contrario; a los que, además, se le podrían sumar PNV y los partidos nacionalistas catalanes por la repercusión que la norma tendría en su propio servicio de salud.
Otra de las modificaciones importantes se refiere a la Ley de Cohesión y Calidad. La nueva norma unificará las diferentes carteras creadas por el Real Decreto-ley 16/2012 y dejará solo la cartera común de servicios. Según el Gobierno, además, “se clarifica la inclusión y pertenencia a la cartera común de servicios del SNS de las prestaciones que mejoran la salud desde una perspectiva poblacional, es decir, las prestaciones de salud pública”. Además, el Ejecutivo asegura que con la modificación “se garantiza que no se puedan introducir nuevos copagos sanitarios”, al menos hasta que se vuelva a cambiar la legislación.
A este respecto, según ha explicado Darias, se replica la exención de copagos farmacéuticos, que alcanza ya a más de 6 millones de personas, “a los copagos por atención ortoprotésica” dentro del SNS.
Indicadores y gobernanza
La nueva norma también incorpora avances en “en la gobernanza del SNS y la cultura de la evaluación”, según Darias. De este modo, se establece que las comunidades autónomas y el Ingesa, a fin de contribuir a la eficiencia, evaluación y mejora continua de los centros sanitarios del SNS, doten a las organizaciones y centros sanitarios públicos de instrumentos de buena gobernanza para ampliar y reforzar la autonomía, flexibilidad y agilidad en la gestión, la participación profesional y de la ciudadanía, la rendición de cuentas y la gestión profesionalizada.
Además, se estipula que se publicarán los resultados de indicadores sanitarios (acordados en el seno del CISNS) que evalúen el desempeño de las organizaciones y centros sanitarios que forman parte del SNS, sean gestionados de forma directa o indirecta, de forma comprensible tanto para el ámbito profesional como ciudadano.
Red de Agencias
La modificación legal se aprovechará para introducir otras cuestiones de relevancia en la normativa. Por ejemplo, se creará, como entidad de derecho público adscrita al Ministerio de Sanidad, el consorcio de la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del SNS (RedETS). La motivación principal de esta creación es que dicha red se encuentra limitada actualmente en el desarrollo de sus actividades (tanto a nivel nacional como internacional), al no contar con personalidad jurídica propia y diferenciada.
Por otro lado, se regula el tratamiento de los datos de salud para usos secundarios. Con carácter general, se establecen las condiciones de acceso y tratamiento de los datos para las organizaciones y administraciones públicas con responsabilidades en el ámbito sanitario, profesionales sanitarios, ciudadanos y asociaciones en el ámbito sanitario para los fines de: planificación, gestión y evaluación de las políticas sanitarias públicas, la asistencia sanitaria, vigilancia en salud pública e investigación en salud, no contemplados en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: