García hace un balance optimista de 2024 y asegura que “2025 será más intenso”

En 2024, el Ministerio de Sanidad tramitó “tres proyectos de ley aprobados por el Consejo de Ministros, un anteproyecto de ley a las puertas de aprobarse en el Consejo de Ministros, 14 reales decretos, numerosas órdenes ministeriales y otros tantos acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros”. Además, se celebraron 12 plenos del Consejo Interterritorial, que dieron lugar a “multitud de acuerdos” en materia de transferencias de recursos, estrategias, planes y mejoras aprobadas conjuntamente entre el Ministerio y las comunidades autónomas. Este es el balance de actividad legislativa y regulatoria que la ministra de Sanidad, Mónica García, presentó ante la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados.

La ministra realizó un balance sobre las actividades realizadas en cuanto a planes y estrategias, salud pública, digitalización y modernización, y compromisos internacionales. En su intervención inicial, planteó los avances que se han conseguido gracias a la Estrategia de la Industria Farmacéutica, cuyo propósito es transformar el actual modelo, basado en la capacidad de oferta, hacia un sistema que priorice las demandas sanitarias de los pacientes. García citó de nuevo a su economista favorita, Mariana Mazzucato, para señalar que el Estado jugará un papel clave en “orientar las prioridades del sector durante la próxima década, abordando retos como las enfermedades crónicas, las terapias avanzadas y la medicina de precisión”.

Además, según García, la nueva estrategia “pone a la salud y al paciente en el centro”, fomentando una colaboración estratégica entre todos los actores del sistema para “garantizar un acceso equitativo, sostenible y eficaz a los tratamientos innovadores”.

García también planteó algunos de los cambios legislativos que se producirán en materia farmacéutica en los próximos tiempos y citó la modificación del Real Decreto Legislativo 1/2015, destacando algunas de sus claves en materia de sistema de precios de referencia, genéricos, biosimilares y el cambio en el copago farmacéutico. Además, planteó como uno de los objetivos próximos la actualización del Real Decreto de Precio y Financiación, con el objeto de agilizar los procesos de financiación de medicamentos. García reconoció los retrasos en algunas decisiones, pero defendió que España no tiene “un problema de acceso”. A este respecto, explicó que nuestro país es líder en acceso a ensayos clínicos, en uso en situaciones especiales, con “entre 30.000 y 40.000 tratamientos autorizados por la Agencia Española de Medicamentos” y en la incorporación de terapias innovadoras una vez que se aprueba su financiación. En cualquier caso, anunció medidas para “reducir los tiempos de decisión” y aportar transparencia en este sentido.

Nuevos servicios

García también abordó la ampliación de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS), destacando la incorporación de prestaciones en salud bucodental y cribados neonatales. Según explicó, se han destinado 68 millones de euros para homogeneizar los servicios bucodentales, priorizando a colectivos vulnerables como niños, embarazadas y personas con discapacidad.

En cuanto a los cribados neonatales, la ministra anunció que el número de enfermedades detectables ha aumentado de 7 a 11 en 2024, con la previsión de alcanzar 22 en 2025. Estas medidas buscan garantizar un diagnóstico temprano y mejores oportunidades de tratamiento para los recién nacidos.

Respecto de los planes de 2025, año que García calificó como el del “legado”, se espera una actuación en tres ámbitos principalmente. Por un lado, la aprobación de ayudas directas a la adquisición de gafas e instrumentos de ayuda visual, dirigido a familias y personas con dificultades económicas. Esta medida, que contará con un presupuesto de 48 millones de euros, busca garantizar el acceso equitativo a dispositivos visuales, especialmente para niños con problemas de refracción como la miopía. Por otro lado, pondrán el foco en la prevención de infecciones de transmisión sexual y, por último, la reforma del Estatuto Marco, con la eliminación de las guardias de 24 horas, la autorización de nuevas clasificaciones profesionales y la mejora de las retribuciones básicas y complementarias. También planteó la modernización del sistema de listas de espera, cuya regulación fue tildada de “anacrónica” por García.

¿Empatía por los afectados de Muface?

La portavoz del Grupo Popular, María del Mar Vázquez, planteó que la sanidad se sitúa según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), como una de las cinco cuestiones que más preocupan. Además, Vázquez planteó que las cuatro primeras forman parte de los determinantes sociales de la salud, por lo que señaló que estamos ante un “panorama bastante oscuro”. Más allá de esto, la portavoz del PP planteó sus quejas por el retraso de la reforma del Estatuto Marco, así como por la deficiente planificación de las plazas de formación especializada. A este respecto, Vázquez y García intercambiaron acusaciones acerca de la responsabilidad de la falta de nuevos especialistas.

Donde más centró su intervención la portavoz popular fue en la situación de Muface. Vázquez acusó al Gobierno de tratar a los funcionarios como “privilegiados” de manera despectiva y de no abordar con seriedad las negociaciones para garantizar su asistencia sanitaria. “Usan el término privilegiado como estigmatizante, olvidando que estas personas también son pacientes que sufren igual que los demás”, afirmó. “¿Qué empatía ha mostrado con los afectados por Muface?”, preguntó a la ministra.

La portavoz popular aseguró que desde Sanidad “han tratado de utilizar la incompetencia de otro de los ministerios para tratar de sacar adelante un punto de su programa electoral”. Pese a ello, instó al Ministerio de Sanidad a trabajar de manera más coordinada con otros departamentos, como el de Transformación Digital y Función Pública, para resolver los problemas que afectan a más de un millón y medio de personas.

En un tono crítico, Vázquez concluyó pidiendo a García que “si no puede mejorar la situación de estos pacientes, al menos no la empeore, y menos por una cuestión ideológica”. Por ello, aseguró que, “en nada vamos a tener que dejar de hablar de determinantes sociales para hablar de determinantes políticos de la salud”.

Retraso de la innovación

El portavoz de Vox, David García, dedicó una parte significativa de su intervención en la Comisión de Sanidad del Congreso a cuestionar la gestión del Ministerio en el ámbito de los medicamentos. Señaló que en España los pacientes esperan una media de 661 días para acceder a medicamentos innovadores aprobados por la Agencia Europea del Medicamento, un retraso que calificó de “inaceptable”. Argumentó que esta demora pone en riesgo la calidad de vida de los pacientes, especialmente aquellos con enfermedades graves como el cáncer y patologías raras.

El portavoz subrayó que de los 167 fármacos nuevos aprobados entre 2019 y 2022, solo el 62% fueron autorizados en España, mientras que el acceso a otros tratamientos sigue siendo limitado o restringido. Además, criticó la falta de avances concretos en la incorporación de medicamentos esenciales al sistema de salud, acusando al Ministerio de priorizar trámites burocráticos sobre las necesidades urgentes de los pacientes. “Ponerse en la piel de una persona que sabe que existe un medicamento que podría curarle o mejorar su calidad de vida, pero no puede acceder a él, debería ser una prioridad”, afirmó.

Entre sus principales reproches, David García señaló la falta de resultados concretos en áreas clave como la reducción de listas de espera, la incorporación de nuevos medicamentos y la atención a colectivos vulnerables como los pacientes de ELA. Según sus datos, el tiempo medio de espera para operaciones quirúrgicas ha aumentado a 121 días, mientras que la sanidad pública sigue presentando carencias significativas, como la falta de 6.000 especialistas, según el propio Ministerio de Sanidad.

Apoyo al trabajo realizado

La portavoz del Grupo Socialista, Carmen Martínez, agradeció el trabajo realizado por la ministra Mónica García y su equipo durante el primer año de legislatura, destacando la continuidad de las políticas iniciadas por los ministros anteriores del Gobierno de coalición. Martínez subrayó que el Sistema Nacional de Salud (SNS) es un modelo consolidado y admirado internacionalmente, aunque se enfrenta a desafíos significativos como la política de recursos humanos, la reducción de las listas de espera y la sostenibilidad de las políticas farmacéuticas. Según Martínez, estos retos deben abordarse desde el consenso en el Consejo Interterritorial del SNS.

Entre las iniciativas legislativas, Martínez destacó la importancia de proyectos como la Ley de Universalidad, la Ley de Cohesión y Equidad y la creación de la Agencia Española de Salud Pública, herramientas clave para mejorar la coordinación, garantizar derechos y preparar al sistema sanitario frente a nuevas emergencias. Además, enfatizó la necesidad de avanzar en el nuevo Estatuto Marco para dignificar las condiciones laborales de los profesionales sanitarios, a quienes calificó como “la joya del sistema”. También resaltó la relevancia de la atención primaria, que debe fortalecerse como eje vertebral del sistema, y la importancia de fomentar la investigación y la interoperabilidad con la farmacia comunitaria.

La portavoz socialista mostró especial interés en las medidas de salud pública y las políticas farmacéuticas, alabando la reciente Estrategia de Industria Farmacéutica 2024-2028, que apuesta por la investigación, la sostenibilidad y el acceso equitativo a medicamentos. Además, llamó a priorizar temas como el tabaquismo, el alcoholismo en menores, la salud mental y el sesgo de género en la atención sanitaria. Por último, instó al Ministerio a mantener el apoyo a las comunidades afectadas por emergencias, como la dotación de unidades de salud mental en Valencia tras la DANA, y a reforzar derechos para colectivos como los afectados por la talidomida o el síndrome pospolio.

El portavoz de Sumar, Rafael Cofiño, destacó en su intervención la importancia de abordar la sanidad desde un enfoque de corresponsabilidad y trabajo conjunto entre administraciones, comunidades autónomas y el Gobierno central. Subrayó que los retos actuales requieren políticas integradas y estructurales que no se limiten a soluciones parciales o meramente sanitarias. En este sentido, Cofiño defendió la necesidad de avanzar hacia un modelo de atención integrada, que combine recursos sociales y sanitarios para mejorar la calidad de vida de las personas con enfermedades crónicas, ELA y otras patologías graves, particularmente aquellas que dependen de las condiciones sociales de los pacientes.

Asimismo, destacó el papel crucial de entornos saludables y políticas de salud comunitaria como pilares para mejorar los resultados en salud pública. Según Cofiño, los municipios pueden desempeñar un papel más relevante que los hospitales en la mejora de la salud de la población, a través de iniciativas como movilidad sostenible, espacios libres de contaminación y desarrollo comunitario. Aplaudió los avances del Ministerio en esta línea, especialmente en colaboración con la Federación Española de Municipios.

En el ámbito legislativo, valoró las iniciativas en curso como la atención a enfermedades tradicionalmente invisibilizadas como la fibromialgia, endometriosis y covid persistente, destacando la necesidad de incorporar una perspectiva de género en estos procesos. Para Cofiño, el objetivo final debe ser fortalecer un sistema sanitario público y universal, centrado en la atención primaria y en la equidad, capaz de adaptarse a los desafíos globales y locales actuales.

Preocupación por la industria

Por su parte, la portavoz de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Etna Estrems, centró parte de su intervención en expresar preocupación por las posibles implicaciones del borrador de la nueva Ley del Medicamento. Señaló que propuestas como el establecimiento de un sistema de precios seleccionados o “subastas continuas” podrían poner en riesgo el tejido productivo de la industria farmacéutica, especialmente en Cataluña. Estrems advirtió que estas medidas podrían afectar gravemente a las 106 plantas de producción de medicamentos en España, muchas de las cuales están ubicadas en Cataluña y fueron esenciales durante la pandemia. Según ella, estas reformas podrían conducir al cierre de plantas y la pérdida de empleos en un sector estratégico, afectando la producción de medicamentos genéricos y la innovación incremental.

La portavoz también destacó la importancia de reconocer la innovación incremental dentro de la ley como un activo para la industria farmacéutica. Mencionó que están avanzando en negociaciones para incluir una enmienda que garantice este reconocimiento, lo cual es fundamental para la supervivencia de las pequeñas empresas farmacéuticas catalanas. Estas compañías, aunque no compiten con grandes multinacionales, juegan un papel crucial en el desarrollo de mejoras en medicamentos existentes que benefician tanto a los pacientes como al sistema sanitario. Estrems instó al Gobierno a reconsiderar las medidas propuestas y a proteger el sector farmacéutico nacional, esencial para la salud pública y la economía.

La portavoz de Junts, Pilar Calvo, centró su intervención en cuatro puntos críticos relacionados con los medicamentos: el acceso a tratamientos innovadores, el desabastecimiento, los medicamentos autólogos y el reglamento sobre donación de plasma. Subrayó los retrasos en el acceso a medicamentos innovadores en España, destacando que las demoras superan los 15 meses, situando al país entre los más lentos de Europa en incorporar nuevos tratamientos aprobados por la Agencia Europea del Medicamento. Para Calvo, es urgente agilizar los procesos de evaluación y financiación, especialmente para terapias avanzadas como las autólogas, que utilizan células propias del paciente y son vitales para tratar enfermedades graves. Según Calvo, los actuales tiempos de autorización, de hasta 210 días naturales, son inaceptables y ponen en riesgo vidas.

En cuanto al desabastecimiento de medicamentos, Calvo señaló que actualmente faltan 756 medicamentos esenciales, incluidos tratamientos para la diabetes, el TDAH y el cáncer. Este problema lo atribuyó, en parte, a los bajos precios pagados por España. Además, instó al Ministerio a explorar compensaciones económicas que incentiven las donaciones de plasma, necesarias para reducir la dependencia de importaciones y garantizar la autosuficiencia, en línea con el reglamento europeo que permite reembolsar gastos a los donantes.

Desde el PNV, la portavoz Pilar Vaquero expresó preocupación por los obstáculos que deben afrontar las pequeñas y medianas empresas (pymes) en la certificación de productos sanitarios debido a las exigencias del reglamento europeo. Vaquero señaló que actualmente solo la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) actúa como organismo notificado, lo que resulta insuficiente para atender las solicitudes de certificación. Esta situación, según explicó, afecta especialmente a las pymes, que suelen quedar relegadas en las listas de espera, y pidió al Ministerio reconsiderar su postura y facilitar la incorporación de más organismos notificadores, como demanda el Consejo Europeo, dado el impacto tanto sanitario como industrial que este problema tiene en el País Vasco.

En relación con Muface, Vaquero planteó su inquietud sobre el impacto que podría tener para los servicios regionales de salud la incorporación de 1,5 millones de personas al Sistema Nacional de Salud, de forma repentina. Expresó su preocupación por las implicaciones que esto tendría para el sistema sanitario vasco, considerando la posible sobrecarga que podría derivarse de este cambio.

Por último, el portavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, centró su intervención en la necesidad de reforzar la independencia del sistema sanitario público frente a los intereses privados. Criticó los problemas relacionados con la fijación de precios de los medicamentos y la influencia de los lobbies farmacéuticos. Sánchez Serna preguntó específicamente si el Ministerio planea eliminar la confidencialidad en la fijación de precios de los medicamentos, actualmente protegida por el artículo 97.3 del Real Decreto-legislativo 1/2015, argumentando que esta medida sería crucial para avanzar en transparencia.

Asimismo, propuso fortalecer la producción pública de medicamentos, sugiriendo que el Centro Militar de Colmenar Viejo podría reorientarse para fabricar fármacos cuya patente haya expirado. También instó al Gobierno a adoptar medidas más estructurales para garantizar el acceso equitativo a tratamientos innovadores, abordar el problema del desabastecimiento de medicamentos y limitar la presión de las grandes farmacéuticas sobre los profesionales sanitarios. En su cierre, Sánchez Serna pidió “valentía política” para priorizar el interés público en el sector sanitario y revertir los avances de la privatización.