Los expertos urgen reformas para afianzar el SNS ante el 40 aniversario de la ‘Ley Lluch’

El sistema sanitario debe seguir innovando e impulsando reformas para adaptarse a los cambios y afrontar los retos que surgen por distintos condicionantes. Este fue uno de los ejes de consenso en los que coincidieron una serie de expertos que, con motivo del próximo 40º aniversario de la Ley General de Sanidad, impulsada por Ernest Lluch, se han reunido bajo el paraguas de Boehringer Ingelheim y el proyecto Ruta 86.

Esta iniciativa, que prevé llevar a cabo diferentes debates a lo largo de los próximos meses, reunió en Madrid a representantes institucionales, responsables políticos y expertos del ámbito sanitario para reflexionar sobre los logros del Sistema Nacional de Salud (SNS) y debatir las transformaciones necesarias para asegurar su sostenibilidad y equidad de cara al futuro, tal y como explicó el director general de Boehringer Ingelheim España, Nicolás Dumoulin. El directivo abrió la jornada y subrayó la necesidad de construir una visión compartida sobre el SNS, “que nos permita anticiparnos a los retos del futuro y avanzar hacia un modelo más innovador, sostenible y equitativo”. El recorrido culminará en abril de 2026, coincidiendo con el aniversario de la ley, con la presentación de un libro blanco con propuestas para fortalecer el sistema.

En su intervención, también reclamó acelerar los tiempos de acceso a la innovación y garantizar el reconocimiento del valor que aporta la propiedad intelectual. Destacó que la colaboración público-privada debe ocupar un lugar central en la transformación del sistema sanitario, no solo como palanca económica, sino como herramienta de impacto social. “Nuestro compromiso es trabajar desde la corresponsabilidad con todos los actores para reforzar los pilares que han hecho del SNS un referente internacional”.

A continuación, Marta González, vicepresidenta cuarta del Congreso de los Diputados, ensalzó el valor histórico de la Ley General de Sanidad de 1986 como un punto de inflexión en la construcción del estado del bienestar en España. Recordó que la norma permitió extender la cobertura sanitaria a toda la población y consolidó principios como la equidad, la universalidad y la descentralización. En un contexto político complejo, instó a “preservar ese legado y mantener vivo el espíritu de consenso” que hizo posible aquella transformación.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso, Agustín Santos, ofreció una mirada crítica y a la vez propositiva sobre el estado del sistema. Alertó de que, pese a haberse recuperado parcialmente los niveles de inversión tras la crisis de 2011 y la pandemia, “España sigue por debajo del esfuerzo presupuestario que el SNS requiere”. Santos llamó la atención sobre el auge de los seguros privados como respuesta a las listas de espera, fenómeno que, a su juicio, está generando “una doble imposición encubierta” y abriendo brechas de desigualdad.

En este contexto, defendió la necesidad de que las principales leyes sanitarias impulsadas por el Ministerio, como la Ley de la Agencia Estatal de Salud Pública, la Ley de Medicamentos o la de Alcohol y Menores, además de la Ley del Medicamento y la de Equidad y Cohesión y la de gestión directa, lleguen a buen puerto antes de que acabe la legislatura. “Tenemos un tren legislativo en marcha. Si no llega a destino, la Ley General de Sanidad de 1986 puede quedar obsoleta”, advirtió. A su juicio, reformar el sistema requiere tiempo y compromiso, y no puede limitarse a una legislatura ni depender de intereses coyunturales.

Reformas de calado

La primera mesa de debate de la jornada, titulada “Sentando las bases del Sistema Nacional de Salud”, reunió a tres figuras clave en la historia reciente del SNS Faustino Blanco, ex secretario general de Sanidad, la exministra María Luisa Carcedo y el ex consejero de Sanidad de Cataluña Boi Ruiz. La conversación giró en torno a los logros de los últimos 40 años y a los retos estructurales que aún arrastra el sistema.

Faustino Blanco reclamó una transformación en la gobernanza del sistema para dotarlo de mayor cohesión y capacidad estratégica. Propuso crear una corporación pública de servicios sanitarios como alternativa al actual Consejo Interterritorial del SNS, cuya capacidad ejecutiva es limitada. “El CISNS ha demostrado que puede generar consenso en momentos críticos, como en la pandemia, pero no es un instrumento operativo con fuerza ejecutiva”, advirtió. La nueva estructura, explicó, permitiría coordinar políticas compartidas en recursos humanos, innovación, logística o incorporación tecnológica, sin romper la descentralización.

Blanco defendió que el SNS necesita una nueva fase de desarrollo similar a la vivida en los años 80, cuando en pleno contexto de crisis económica se impulsó su mayor expansión. “Tenemos nuevas herramientas, como la digitalización, y nuevos retos, como el envejecimiento, que exigen decisiones valientes. Lo que no vale es instalarse en el inmovilismo”, sostuvo. Y añadió: “Hay que liderar el cambio aunque no se tenga el consenso pleno. El liderazgo político fue lo que permitió que la ley de 1986 viera la luz”.

Por su parte, Boi Ruiz centró su intervención en la necesidad de culminar una transición institucional que, a su juicio, sigue anclada en muchos aspectos en las lógicas del antiguo modelo de Seguridad Social. A pesar de que la Ley General de Sanidad de 1986 reconoció la atención sanitaria como un derecho humano garantizado por el Estado, sigue siendo la Seguridad Social y no el Ministerio de Sanidad el que otorga el derecho a la asistencia. “No puede ser que el derecho a la asistencia dependa aún del reconocimiento del Instituto Nacional de la Seguridad Social y no simplemente de la ciudadanía”, señaló, reivindicando un sistema plenamente adaptado al modelo universal y desvinculado de condicionantes contributivos

Además, Ruiz señaló que el derecho solo alcanza a la enfermedad común ya que siguen separados los accidentes de trabajo o los seguros escolares y deportivos pese a que la prestación se efectúa habitualmente en el SNS, de manera que la gestión económica sigue parcelada. A este respecto, recordó que muchas estructuras del sistema, desde la titularidad de los hospitales hasta el estatuto del personal o la financiación de determinadas prestaciones, siguen gobernadas por normativas heredadas del régimen de aseguramiento previo..

Por otro lado, , abogó por una reforma profunda de la organización asistencial, superando el modelo jerárquico y fragmentado en niveles. Defendió una visión sistémica, basada en servicios transversales y continuidad asistencial, donde la atención primaria no sea solo puerta de entrada, sino nivel resolutivo. “Seguimos operando con estructuras verticales que no responden a la realidad del paciente crónico ni a la necesidad de coordinación”, alertó. A su juicio, hay que abandonar la lógica hospitalocéntrica e integrar los dispositivos en torno al valor aportado, con foco en resultados y eficiencia.

María Luisa Carcedo, por su parte, reivindicó el valor histórico de la ley de 1986 como una conquista social impulsada por Ernest Lluch en un contexto de resistencia y escasos recursos. Subrayó que el sistema sanitario español es uno de los más valorados por la ciudadanía y un potente instrumento de redistribución de la riqueza, con resultados en salud equiparables —e incluso superiores— a los de países que destinan un porcentaje mucho mayor del PIB. No obstante, apuntó la necesidad de reforzar la atención primaria, impulsar la investigación en salud comunitaria y mejorar la formación de los profesionales desde el grado.

Marco legislativo

La segunda mesa de la jornada reunió a las portavoces de sanidad de los tres principales grupos parlamentarios: María Saiz (PSOE), Elvira Velasco (PP) y Alda Recas (Sumar), en una conversación moderada por Andoni Lorenzo, presidente del Foro Español de Pacientes. El debate se centró en el papel de la innovación como motor del sistema y en la necesidad de construir un marco legislativo que fortalezca la equidad, la cohesión y la participación ciudadana en el SNS.

María Saiz, portavoz adjunta del Grupo Socialista y médica de formación, subrayó la importancia de mantener los valores fundacionales de la Ley de 1986, especialmente en lo relativo a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Defendió que la equidad debe entenderse como un compromiso colectivo que atraviesa todas las decisiones políticas, desde la cartera de servicios hasta la financiación. En ese sentido, reclamó más recursos, tanto humanos como técnicos, para garantizar que el acceso a los tratamientos no dependa del lugar de residencia. También defendió reforzar los mecanismos de participación de pacientes y profesionales científicos en la toma de decisiones.

Elvira Velasco, portavoz del Grupo Popular, reivindicó la trascendencia jurídica y estructural de la Ley General de Sanidad como norma que consolidó el derecho a la protección de la salud en el marco de la Constitución. Lamentó, sin embargo, que muchos de sus artículos hayan quedado desactualizados o sin desarrollo normativo, y pidió avanzar en una actualización legislativa que asegure la cohesión territorial. En particular, destacó la necesidad de relanzar el Fondo de Cohesión Sanitaria para corregir desigualdades y de dotar a las asociaciones de pacientes de un marco estable de participación efectiva en los órganos de decisión. También pidió que la futura Agencia Estatal de Salud Pública se base en criterios científicos, sea independiente y esté libre de interferencias políticas.

Alda Recas, portavoz de Sumar, reivindicó la Ley de 1986 como un “faro” que sigue guiando las decisiones sanitarias actuales, y pidió no perder de vista sus fundamentos. En materia de participación, defendió una visión ambiciosa que sitúe a las asociaciones de pacientes al mismo nivel que otros actores institucionales, con capacidad de emitir informes, participar en estrategias y formar parte del diseño e implementación de las políticas. A su juicio, “los pacientes no deben ser solo observadores, sino protagonistas”. También expresó su confianza en que el actual paquete legislativo en marcha, incluida la Ley de Equidad, sea una oportunidad para reforzar esos principios y avanzar hacia un sistema más justo, participativo y resiliente.

Más allá de la asistencia sanitaria

La clausura de la jornada corrió a cargo de Sara García, investigadora biomédica y primera astronauta de reserva española de la Agencia Espacial Europea, que aportó su visión personal, y del secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, quien invitó a mirar más allá de la asistencia sanitaria para construir un sistema verdaderamente centrado en el bienestar de la ciudadanía. En su intervención, el secretario de Estado insistió en que la equidad no puede entenderse sin abordar los llamados determinantes comerciales de la salud, como el tabaco, el alcohol o los alimentos ultraprocesados, que siguen condicionando los patrones de enfermedad y mortalidad.

Padilla defendió la necesidad de políticas públicas valientes que sitúen la salud en todas las decisiones y subrayó que la participación ciudadana debe ir más allá de la consulta simbólica: “Debemos construir un sistema donde la ciudadanía participe de forma activa, con corresponsabilidad y capacidad de incidir en las decisiones”. También apeló a consolidar una visión estructural de la salud mental y del bienestar emocional, como ejes inseparables de la atención sanitaria del siglo XXI.