Las CCAA del PP denuncian la omisión de la CPF y rechazan los precios seleccionados

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han advertido, en sus alegaciones al Anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, que la nueva norma “supone una invasión de competencias” y pone en riesgo la cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) en materia farmacéutica al eliminar toda referencia explícita a la Comisión Permanente de Farmacia (CPF).

Diariofarma ha tenido acceso a un texto que, en forma de argumentario, dotaba a las distintas comunidades autónomas del PP de los criterios a considerar para la interpretación del anteproyecto y la elaboración de las alegaciones. De acuerdo con este documento, las comunidades del PP argumentan que la CPF, órgano delegado del Consejo Interterritorial del SNS y tradicional instrumento de coordinación y gobernanza en esta materia, desaparece por completo del articulado, a pesar de que el texto vigente, el Real Decreto Legislativo 1/2015, la menciona en cuatro ocasiones. Esta omisión, denuncian las CCAA, “puede conllevar la pérdida de efectividad y operatividad de este órgano, que promueve y facilita la cohesión, tan importante para la ejecución de la prestación farmacéutica”.

Para evitar esto, en su propuesta, los gobiernos autonómicos del PP reclaman que se incorpore en la ley un título específico sobre la “planificación y coordinación en materia de farmacia”, en el que se reconozca de forma expresa el papel de la CPF como órgano colegiado de cohesión y se garantice su continuidad. En ese sentido, subrayan que este título es imprescindible para especificar el órgano de cohesión delegado del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, es decir, la Comisión Permanente de Farmacia, y mantener la coordinación entre el Ministerio de Sanidad, la Agencia Española del Medicamento, las comunidades autónomas, las mutualidades y el Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) con el objetivo de “garantizar la equidad y homogeneidad en el acceso y la gestión de la prestación farmacéutica en las administraciones sanitarias”, manteniendo la distribución competencial.

Las alegaciones también reprochan al Ministerio la forma en que se ha elaborado el texto. Aunque reconocen que se trata de una competencia ministerial, al tener “importantes implicaciones “en la gestión de la prestación farmacéutica, cuya competencia es de las comunidades autónomas”, consideran que el proceso ha sido “unilateral” y carente de participación real. Además, apuntan que solo tras la filtración del borrador a los medios hubo comunicación con las CCAA, en el seno de la Comisión Permanente de Farmacia.

Las comunidades gobernadas por el PP reclaman que “las administraciones sanitarias de las comunidades autónomas, a través de los órganos de coordinación y comunicación del Consejo Interterritorial, participemos en la definición y contenido de los proyectos normativos que nos afectan”, con el fin de evitar que estos “condicionen la gestión de la prestación farmacéutica”.

Invasión de competencias en la gestión farmacéutica

Junto a la exclusión de la Comisión Permanente de Farmacia, las comunidades autónomas del PP expresan una preocupación más general en cuanto a que consideran que el anteproyecto impulsado por el Ministerio de Sanidad “supone una invasión de competencias por parte del Ministerio hacia las actividades y funciones de las comunidades autónomas”.

En su análisis, las CCAA subrayan que, si bien el marco jurídico estatal puede establecer principios básicos, “la organización y funcionamiento interno en materia de prestación farmacéutica es competencia autonómica”, conforme al artículo 149.1.16ª de la Constitución. De ahí que denuncien que la ley invade espacios de decisión propios, sobre todo en lo relativo al diseño y utilización de las estructuras de soporte al uso racional del medicamento.

En particular, las CCAA critican que el texto omita por completo las estructuras autonómicas actualmente responsables de tareas clave como la información sobre medicamentos, la evaluación de terapias o la conciliación de tratamientos, herramientas esenciales para “promover la selección y utilización adecuada y segura de los medicamentos”. Las alegaciones reclaman con firmeza que se reconozca y proteja el papel de estas estructuras: “Es imprescindible que se mantengan las estructuras autonómicas para el soporte al uso racional del medicamento y del producto sanitario, así como las actividades que realizan en relación con la información y selección de los mismos”. De no hacerlo, alertan, se estaría incurriendo en una nueva invasión competencial por parte del Estado.

Copago evitable y Precios seleccionados

Las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han mostrado su rechazo a la recuperación del denominado copago evitable y al sistema de precios seleccionados, incluidos en el anteproyecto. En sus alegaciones advierten de que se trata de medidas “difícilmente aplicables” y subrayan que puede producir efectos negativos sobre la sostenibilidad y viabilidad de las farmacias, especialmente rurales.

Ante estos riesgos, las CCAA del PP reclaman “debatir y consensuar un modelo propuesto por las CCAA en la Comisión permanente de Farmacia, que sea equitativo y eficiente”.

Sistema de evaluación de Tecnologías Sanitarias

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP también han mostrado su preocupación por el contenido del artículo 90 del anteproyecto de ley, que recoge el Sistema para la evaluación de las tecnologías sanitarias. Critican que dicho artículo contempla “la participación de profesionales sanitarios y miembros legos que representen los intereses de pacientes y consumidores”, pero “no contempla la participación de representantes de las comunidades autónomas y presenta una falta de coherencia normativa con la Disposición adicional novena: ‘contará con la colaboración de expertos independientes de reconocido prestigio científico propuestos por las comunidades autónomas’”.

Igualmente, afirman que, “de forma unánime, las CCAA responsables de la asistencia sanitaria, del uso racional de los medicamentos y gestores de los profesionales expertos, ya que son trabajadores del sistema público, reclamamos la participación en el proceso de evaluación de medicamentos, como agentes del sistema, se propone modificar el artículo 90 explicitando que los expertos en evaluación son designados por las comunidades autónomas”.

Rechazo a los “medicamentos de primera prescripción”

Las comunidades autónomas del PP también muestran su oposición frontal a la creación de una nueva categoría regulatoria contemplada en el anteproyecto: los “medicamentos de primera prescripción”.

Según figura en el texto legal, se define como “medicamento sujeto a una primera prescripción tras un diagnóstico que, por su naturaleza recurrente, de aparición episódica y clínica reconocible de la condición que tratan puede ser dispensado al paciente en sucesivas ocasiones sin prescripciones adicionales durante un periodo de tiempo determinado bajo el consejo profesional farmacéutico”. En sus alegaciones, las CCAA advierten de que esta figura establece esta categoría por la Aemps, pero parece que atribuye a las oficinas de farmacia la posibilidad de dispensar medicamentos fuera de la vigencia establecida por los prescriptores.

Los gestores del PP cuestionan la conveniencia y necesidad de introducir esta figura, argumentando que “no se considera necesario ni conveniente” establecer esta categoría de medicamentos. Según indican, el foco no debe estar en el medicamento “sino en el paciente, con su diagnóstico y sus características propias y con un medicamento prescrito por su médico”.

En su lugar, subrayan que “el médico debe considerar la prescripción condicional para dispensarse en la farmacia”, algo que ya está contemplado en los sistemas de receta electrónica en materia de prescripciones sucesivas durante periodos prolongados, a partir de una primera prescripción del profesional médico, con el nombre de prescripción condicional.

Una ley de Contratos más ambiciosa

Las comunidades autónomas del Partido Popular consideran que la reforma de la Ley de Contratos del Sector Público incluida en el anteproyecto de Ley de Medicamentos supone una “pérdida de oportunidad para el SNS”. Según sus alegaciones, la disposición final cuarta del texto legal “se limita a una modificación respecto a reducción de plazos y la voluntad de crear una Guía contratación pública de medicamentos”, sin eliminar la obligación de acudir a procedimientos de licitación incluso en un mercado farmacéutico “tan regulado e intervenido”.

Las CCAA defienden que los medicamentos “con indicaciones protegidas y exclusivas”, cuyo precio ya ha sido fijado por el Ministerio de Sanidad tras una negociación pública, deberían poder ser adquiridos directamente por el sistema hospitalario público sin licitación, con el fin de mejorar la eficiencia administrativa.

Proponen modificar el artículo 29.4.Dos.6 de la Ley 9/2017 para permitir esta vía de contratación directa, de carácter privado, sujeta a requisitos como “la justificación de la necesidad y de la existencia de crédito”, la definición de condiciones contractuales y “la solicitud formal a la empresa”, cuya aceptación implicaría el compromiso de entrega.

Asimismo, rechazan el límite previsto en la reforma respecto a la ponderación del precio, “igual o inferior al 20 % de los criterios de adjudicación”, al considerar que “no contribuye a la eficiencia en las compras de medicamentos” y “no entra a valorar si el medicamento es genérico/biosimilar o exclusivo”. Por ello, proponen “no limitar los porcentajes de procedimientos públicos de contratación vigentes”.

Por último, las comunidades del PP incluyen en sus alegaciones referencias a los consejos de coordinación farmacoterapéutica, solicitando que se respete la organización propia de cada comunidad; piden incorporar en el texto una definición y regulación específica de la atención farmacéutica en centros sociosanitarios; critican que el anteproyecto no introduzca modificaciones en el sistema de aportación de los usuarios en la prestación farmacéutica para ajustar la aportación y hacerla equitativa entre las CCAA a consecuencia de las acciones desarrolladas en estas para compensar gastos.