El PP maniobra para dificultar que Fernando Simón dirija la Agencia de Salud Pública

La tramitación parlamentaria de la Ley que creará la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap) entra en su recta final con un nuevo paquete de enmiendas registrado a última hora de mayo. La más llamativa parte del Grupo Popular: pretende que el nombramiento de la persona que dirija la agencia deje de ser un acto discrecional del Gobierno y precise “consulta previa y debate” en el pleno del Consejo Interterritorial del SNS (CISNS), además de realizarse de acuerdo con el artículo 66 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público' respetando los principios de igualdad, mérito y capacidad, entre funcionarios de carrera, que sean personas de reconocida competencia en los campos de actuación de la agencia.

Con el afán de “evitar nombramientos de cariz político” Vox también plantea cambios en el proceso de nombramiento del director de la Aesap y propone que la autoridad competente para en nombramiento acredite mediante informe expreso, la experiencia y la idoneidad profesional del candidato, reforzando así el principio de mérito y capacidad.

De este modo, ambos partidos de la oposición plantean, sin nombrar a Fernando Simón, cambios legales que puedan hacer menos sencillo el nombramiento del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), como nuevo director de la Aesap, algo que, en los últimos días de la fallida tramitación anterior de la Ley, casi se dio por hecho.

Por otro lado, el PP incorpora además la obligación de que el director rinda cuentas anualmente ante el propio Consejo presentando plan de actividades, memoria y anteproyecto presupuestario de la agencia.

Un puente con la industria ante futuras crisis

Los populares completan sus propuestas de cambio relevantes con una disposición adicional que pretende formalizar la colaboración de toda la cadena del medicamento y del producto sanitario, desde la I+D hasta la distribución, con la Aesap, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en la preparación y respuesta frente a emergencias sanitarias. El texto se apoya en la Ley 36/2015 de Seguridad Nacional y en la disposición adicional primera del Real Decreto-legislativo 1/2015, de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos, para articular esa cooperación público-privada con vistas a garantizar suministros estratégicos cuando vuelva a aparecer una amenaza sanitaria comparable a la covid-19.

Vuelve la innovación incremental al artículo 98

Mientras, cinco grupos (PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y PNV) han rescatado en bloque la reforma del artículo 98 del RDL 1/2015 que ya quedó sobre la mesa en 2024. Su enmienda introduce un mecanismo para excluir, o al menos aplicar un coeficiente corrector al alza, a aquellas presentaciones “que aporten una mejora objetiva para los pacientes o una ventaja estratégica para el SNS”, es decir, las llamadas innovaciones incrementales. El objetivo es que dispositivos reformulados, nuevas dosis o presentaciones pediátricas no sean arrastrados al precio más bajo del conjunto si aún conservan protección industrial o aportan valor diferencial. El cambio enlaza con la reforma 5 del Componente 18 del Plan de Recuperación, que reclamaba una modernización del sistema de precios de referencia para incentivar la competencia sin penalizar la innovación incremental.

Donde se concentran las mayores novedades de enmiendas es en lo que se refiere al ámbito farmacéutico veterinario. Junts per Catalunya propone permitir a los veterinarios la venta minorista de fármacos para animales de compañía, levantando la histórica incompatibilidad entre prescripción y dispensación en el artículo 4 del RDL 1/2015. La formación introduce además la receta obligatoria para antiparasitarios y crea una categoría específica en el artículo 37, regula nuevos canales de distribución (centros veterinarios, agrupaciones ganaderas y establecimientos detallistas con farmacéutico o veterinario responsable) mediante la reforma del artículo 38, y pide derogar íntegramente el Real Decreto 666/2023 por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, al que acusa de “carga burocrática desmesurada”. La diputada Pilar Calvo acompaña estas modificaciones con abundante argumentación europea, citando el Reglamento 2019/6 y la jurisprudencia del TJUE sobre el “legítimo derecho del veterinario” a dispensar medicamentos.

ERC, por su parte, presenta una disposición final que emplaza al Gobierno, en un plazo de seis meses, a consensuar con Agricultura y el sector veterinario las reformas necesarias para garantizar la disponibilidad —sobre todo de antibióticos— en farmacias y centros autorizados, ejecutando así una Proposición no de Ley aprobada en la Comisión de Agricultura el 27 de mayo.

Otras enmiendas

Entre las “enmiendas menores” destaca la obligación, impulsada por UPN, de que las oficinas de farmacia y otros agentes suministren datos a la Aesap para reforzar los sistemas de información, y la propuesta popular de explicitar la presencia de representantes autonómicos en el Consejo Rector de la agencia. Además, Vox introduce un añadido en la exposición de motivos para subrayar el enfoque ‘One Health’ y la relación entre salud humana, animal y ambiental en la prevención de futuras crisis.

Con más de un centenar de nuevas alegaciones, la comisión de Sanidad tendrá que decidir en las próximas semanas hasta dónde abre la puerta a un modelo de gobernanza más participativo para la Aesap, cómo equilibra la protección del precio público con la innovación incremental y si España da el giro regulatorio que el sector veterinario lleva años reclamando.