Nueva Ley de los Medicamentos: flexibilidad, diálogo y algunas incógnitas por despejar

Los últimos días han sido como un tsunami informativo. Desde que el Consejo de Ministros aprobara el anteproyecto de Ley de los Medicamentos y Productos Sanitarios, el sector en su conjunto ha sido consciente de la importancia del hito. Solo una vez cada dos décadas se presenta por delante una ocasión similar a esta. Además, cabe decir que la anterior, la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos, tuvo que ser enmendada relativamente pronto a consecuencia de la crisis de 2008, con numerosos reales decretos-ley, que han ido parcheando una norma que ahora se pretende plantear casi desde cero.

La expectación, y las críticas han sido numerosas, aunque muy centradas en el artículo 116 de los precios seleccionados. Pese a esa concentración, desde el Ministerio de Sanidad no han querido dejar que la cuestión se enquiste y, desde el primer minuto han convocado al sector para dialogar los temas que levanten más ampollas. La parte mediática tampoco la han olvidado y, aunque parezca imposible, se convocó una rueda de prensa el pasado lunes, con la mitad de la gente con la mente puesta en la Semana Santa o, directamente, ya en destinos lejos de los suyos habituales. En este mismo contexto, he tenido la oportunidad de charlar largo y tendido, en una entrevista, con César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia del Ministerio de Sanidad.

Creo que una de las cuestiones más relevantes de lo observado en estos días es el continuo ofrecimiento de diálogo que tanto Hernández, como el propio secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, realizan a cada momento y para el que auguran éxito con acuerdos. La filosofía de la ley parece clara: afrontar las necesidades del sistema y la prestación farmacéutica, acelerando el acceso a la innovación y establecer un sistema de competencia que sea efectivo en la obtención de ahorros para el sistema, siendo flexible en su aplicación. Dentro de esos parámetros, ambos dirigentes del Ministerio no marcan líneas rojas y reclaman del sector que aporte ideas nuevas que permitan avanzar en los objetivos planteados. Creo que esta es una buena manera de plantear el desarrollo de una norma tan relevante como esta. A ver cómo se materializa.

Copago y aportaciones de los pacientes

Si bajamos al análisis del anteproyecto, más allá de esta cuestión, en la norma hay varias cuestiones que me han sorprendido. Tal vez la más llamativa ha sido la eliminación de la modificación del copago respecto del borrador filtrado. Era de esperar que una de las primeras cosas que hiciera un partido como Sumar sería abordar este asunto, sobre el que se han derramado ríos y mares de tinta, para acabar con el modelo del PP establecido por el Real Decreto-ley 16/2012. En este mismo aspecto de la participación de los pacientes, también me sorprende que se dé libertad y poder de elección a los pacientes, eso sí, asumiendo un coste adicional. Yo estoy de acuerdo con el esquema, pero esperaría una medida así de ámbitos políticos más a la derecha. En cualquier caso, bienvenido sea abandonar el modelo paternalista y apoyar la libertad individual de los pacientes para elegir un medicamento u otro equivalente o igualmente dispensable como dice la ley, sin perder la parte proporcional de financiación pública, como si fuera un ‘cheque medicamento’. Igualmente, creo que se respeta la libertad de las empresas a decidir el precio de sus medicamentos dentro de un marco que no esté obligando a una cifra concreta donde te juegas el todo o nada del reembolso. Son pasos en la buena dirección que, espero, no se utilicen de forma demagógica.

Esta es una de las cuestiones que van a definir el nuevo modelo de precios en el ámbito de la competencia con genéricos y biosimilares. El nuevo sistema no obligará a establecer un precio determinado, en línea con el más bajo marcado para cada agrupación homogénea tanto en la aplicación de los precios seleccionados como en los precios de referencia. Se establecerán horquillas, que serán definidas en los desarrollos reglamentarios correspondientes, y se financiarán con fondos públicos los medicamentos que estén en esa horquilla. Algunos con aportación adicional a la que le corresponda por parte de los pacientes y en otra, solo la del copago que tenga asignado. Se trata, sin duda, de un modelo que en principio ofrecerá más flexibilidad a compañías y pacientes acercándose a las necesidades, capacidades o estrategias de las primeras y a los gustos y querencias de los segundos.

En este modelo, el impulso a la competencia vendrá dado por las estrategias de las compañías, pero parece claro que la gestión de las farmacias sufrirá de manera importante la situación y serán, probablemente, las que tengan un mayor impacto económico por el nuevo modelo. Cabe recordar, además, que la facturación de las farmacias está más que estancada en los últimos años y que los ingresos de las farmacias por cada prescripción están en cifras inferiores a las de 20 años, mientras que soportan gastos muy superiores. Dar con una solución que permita mantener la calidad del modelo de farmacia y, por tanto, evitar comprometer la viabilidad de las mismas, es algo imperativo.

Aunque desde el Ministerio de Sanidad se defienda el sistema, parece claro que la contundencia del rechazo transversal a la medida requiere, al menos, de un análisis y de búsqueda de opciones que modelen o modifiquen el modelo planteado. No parece viable poner en marcha un sistema así con el rechazo frontal de los agentes.

Por otro lado, también creo que merecería la pena avanzar en materia de contratación y compra pública hacia modelos aún más flexibles, como los planteados en el borrador filtrado y que, al tiempo, se pueden integrar como una modificación de la propia ley de contratos. Esto, pese a la guía de contratación que la propia recoge y que podría afinar aún más los mecanismos de compra.

Otra cuestión que me ha sorprendido, aunque ya se vio con la Estrategia de la Industria Farmacéutica, es el peso que va ganando la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), organismo que ostentará la última palabra en múltiples asuntos que antes eran de competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad y que alcanza incluso cuestiones meramente sanitarias. Aquí se observa una creciente tutela por parte de los departamentos económicos que, igual que en el tema del copago, no parece propio del color del Gobierno actual y que, si ocurriera con el PP estando en el poder, se hablaría con palabras gruesas de recortes, austeridad encubierta o desmantelamiento progresivo del Estado del bienestar.

Por último, hecho en falta una propuesta en la ley que plantee la eliminación de las deducciones que soporta el sector desde hace 25 años. Las impuestas tanto por el Real Decreto-ley 5/2000 a las farmacias o las establecidas en el RDL 8/2010 a toda la cadena del medicamento (deducciones del 7,5% y 15%). Creo necesario empezar a establecer una paulatina retirada de los mismos, para que no suponga una espiral inflacionista brusca. Podría empezar con la no aplicación del RDL 8/2010 a los nuevos medicamentos, o una reducción de los coeficientes paulatina a lo largo de un periodo más o menos largo, pero definido.

En cualquier caso, aún queda mucho por andar hasta que todo el camino de la nueva normativa se haya recorrido. Viendo los plazos del Real Decreto de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que va a tardar cerca de 10 meses en su aprobación desde la exposición para alegaciones, no parece descabellado pensar en que una ley debería tardar más. A ello se le debería sumar la tramitación parlamentaria. De este modo, si la legislatura durara hasta el final, la ley podría estar aprobándose en los últimos compases de la misma. Y para que los nuevos sistemas de precios seleccionados y de referencia sean una realidad, habría que añadir la tramitación y aprobación del correspondiente real decreto…Si no se utilizan vías extraordinarias, como un real decreto-ley, no creo que todos estos sistemas puedan ver la luz antes de la última mitad de 2027. Hay tiempo para profundizar en el diálogo y consenso con el sector.

José María López Alemany es director de Diariofarma.