Política

El Gobierno plantea un decreto sobre alimentación saludable en hospitales y residencias

La norma será puesta en marcha por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo junto al de Sanidad para regular la alimentación en estos centros en los que atiende a personas dependientes o con necesidades especiales.
Fachada del Ministerio de Sanidad

Los ministerios de Derechos Sociales Consumo y Agenda 2030 y el de Sanidad colaborarán para poner en marcha un nuevo real decreto que regulará las comidas que se sirven en hospitales y en residencias de mayores para garantizar una alimentación saludable y nutritiva en estos centros. 

La nueva normativa seguirá la estela del Real decreto de Comedores Escolares Saludables y Sostenibles aprobado hace un mes en el Consejo de Ministros a propuesta de Pablo Bustinduy y que entrará en vigor durante el próximo curso escolar. Esta normativa ya aprobada establece unas frecuencias mínimas en los comedores de colegios e institutos para asegurar un mayor consumo de verduras, frutas y pescados frescos, y limitar las frituras, los precocinados, los alimentos procesados y los productos azucarados.

De esta manera, ahora se pondrá en marcha un nuevo Real Decreto que tendrá este mismo fin para los hospitales y las residencias de mayores, y que desarrollará las previsiones contenidas en la Ley 17/2011, de 5 de julio, de seguridad alimentaria y nutrición, estableciendo criterios mínimos de calidad nutricional y de sostenibilidad que orienten la contratación, adquisición y oferta de alimentos y bebidas en servicios de alimentación en estos centros. Como ha explicado el ministro Bustinduy, los hospitales y las residencias de mayores son centros de especial relevancia por la atención que ofrecen a personas dependientes o con necesidades especiales. También, ha asegurado, por la necesidad de que la alimentación de estas personas se asiente en las recomendaciones dietéticas sobre alimentación saludable y sostenible, para todos los grupos de edad y ajustándose a diferentes contextos.

Esta nueva normativa, ha asegurado, responde a un “clamor social” y a las numerosas denuncias recibidas tanto por parte de la ciudadanía como de entidades sociales y de colectivos profesionales, sobre la necesidad de mejorar la alimentación en hospitales y residencias.

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