“La Ley, siendo mejorable, afronta los retos del sistema farmacéutico de forma valiente”

El anteproyecto de Ley de los Medicamentos aprobado recientemente por el Consejo de Ministros representa la primera reforma estructural del sistema farmacéutico en más de trece años. A diferencia del borrador que se filtró en diciembre, el texto definitivo introduce cambios significativos en materia de copago y contratación pública, que se suman a medidas que han generado un notable revuelo entre los distintos actores del sector.

Para explicar la orientación y los objetivos del anteproyecto, Diariofarma ha entrevistado a César Hernández, director general de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia, quien defiende que esta reforma no busca parches, sino un cambio profundo y duradero. Consciente de las críticas que ha suscitado el artículo 116, sobre los precios seleccionados, insiste en estar abiertos al diálogo con el sector y en que el foco debe estar en el reequilibrio del sistema y la adaptación a las nuevas realidades sociales y económicas.

La entrevista se publica en dos entregas. Aquí está disponible la otra:

Pregunta. El nuevo anteproyecto llega tras años, desde el Real Decreto-ley 16/2012, sin cambios legislativos relevantes en el sector. Desde 2006, los ajustes legislativos han sido más bien reacciones a situaciones de crisis. ¿Qué valoración general hace de esta reforma?

Respuesta. Lo primero que debo decir es que estoy contento de haber llegado a este punto, porque se trata de una ley compleja, que toca muchos aspectos y que ha requerido una propuesta consensuada desde el Gobierno. Ese hecho ya supone un paso adelante importante. No estamos ante una reforma limitada, sino ante un planteamiento que aborda de manera amplia cuestiones fundamentales del sistema. La ley de 2006 llegó justo antes de la crisis de 2008-2009, que trajo consigo una cascada de reales decretos. Desde entonces no hemos tenido la oportunidad de pensar en un sistema que no estuviera marcado por un contexto de crisis, sino que se adaptara a otras circunstancias y pudiera ofrecer soluciones de más largo recorrido.

P. ¿Se puede decir entonces que la ley busca dar una respuesta estructural a medio y largo plazo a las transformaciones acumuladas en el sistema farmacéutico?

R. Sin duda. El sistema ha seguido evolucionando, en parte gracias a las normas reactivas que hemos ido aplicando, como comentaba. Pero los cambios que se han producido, tanto en la estructura del sector farmacéutico como en la sociedad y sus expectativas, llevaban tiempo necesitando una respuesta más estructurada. Si tuviera que resumir el objetivo de esta ley en una sola palabra, esa sería reequilibrio. Porque algunas medidas del pasado, que tuvieron un efecto importante en su momento, ahora ya no encajan con la evolución del sistema, o han generado efectos que no eran los deseados. Por eso necesitamos reequilibrar y reajustar los incentivos.

P. Parte de ese reequilibrio tiene que ver con dar respuesta a demandas históricas del sector, como apuntaron en la rueda de prensa del lunes pasado. ¿Qué tipo de medidas se han incorporado en este sentido?

R. Si hablamos exclusivamente desde el punto de vista de la industria farmacéutica, el anteproyecto incorpora medidas orientadas a tres grandes tipos de problemas que consideramos los más acuciantes. En primer lugar, facilitar un acceso ágil y flexible tanto a la innovación disruptiva como a la incremental. Segundo, generar un entorno competitivo una vez que los medicamentos han perdido su periodo de protección, lo que permite la entrada de otros actores. Y tercero, aunque no tenga que ver con el futuro sino con el presente, recuperar el precio de aquellos medicamentos que, por el paso del tiempo, han alcanzado niveles que comprometen su rentabilidad y su viabilidad comercial.

P. No es habitual convocar una rueda de prensa en un día llamado a ser festivo o al menos de actividad mínima. Es una respuesta a la reacción del sector…  ¿Cómo interpretan desde el Ministerio la reacción tan fuerte y generalizada frente a los precios seleccionados que ha provocado? ¿Se ha comunicado mal?

R. No me parece raro que una ley que entra en un trámite de consulta pública y que toca aspectos importantes a reequilibrar genere cierto revuelo. Probablemente, haya que explicar mejor esta parte, pero también creo que es necesario que los distintos sectores que han hecho propuestas entiendan qué hay detrás de todo esto. Nos parece curioso, eso sí lo tengo que decir, que, ante un mismo problema, sectores con intereses divergentes expresen exactamente la misma opinión. Es decir, no es habitual que coincidan grupos que, por naturaleza, tienen posiciones distintas. Eso sí, también es un alivio que solo haya sido el artículo 116, el de los precios seleccionados, el que ha generado ese tipo de reacción. Como dije en la rueda de prensa: si la cuestión es entender cuál es el problema y encontrar una solución, confío en que no será difícil hacerlo una vez que lo tengamos claro.

P. Más adelante abordaremos el artículo 116 y los precios seleccionados. Con respecto al borrador filtrado en diciembre, en el texto final del anteproyecto se ha eliminado toda la revisión del copago que se había planteado inicialmente como una actualización del Real Decreto ley de 16/2012, muy criticado por algunos partidos, incluido Sumar. ¿Por qué se ha eliminado esa parte de la reforma?

R. Porque, en el contexto de la discusión entre los distintos departamentos ministeriales, como ya explicó el secretario de Estado, se valoró que era mejor estrategia dejar este asunto para un momento posterior. El problema está perfectamente identificado. El Ministerio de Sanidad elaboró una propuesta, pero en el marco del procedimiento legislativo, se decidió que no era este el momento adecuado para abrir esa discusión, aunque, evidentemente, el trámite de audiencia pública está abierto. Si no se hubiera filtrado el texto, esta cuestión habría pasado bajo el radar y seguiría siendo un problema igual de presente.

P. Resulta también llamativo que un ministerio liderado por Sumar haya impulsado una medida que puede interpretarse como liberal, al dar al paciente la capacidad de elegir a cambio de un pago. ¿Cómo se justifica esta decisión desde el Ministerio?

R. Lo primero que quiero dejar claro es que esta es una medida que está presente en todos los países de nuestro entorno. Y en ninguno de ellos se plantea en términos de ‘medicamentos para ricos’ o ‘para pobres’. Las formas de redistribuir la riqueza no pasan por el copago, sino por mecanismos fiscales. En segundo lugar, hay en esta ley una voluntad explícita de avanzar en la participación del paciente en la toma de decisiones sobre su salud. Hay que romper con esa tutela que a veces el sistema ejerce. La actitud de los ciudadanos respecto a su participación en las decisiones sanitarias está cambiando y el sistema tiene que dar cabida a esas expectativas. No tiene mucho sentido mantener una actitud paternalista. Dar el paso hacia una mayor corresponsabilización del paciente es esencial. Y, además, la mayoría de los pacientes entienden que hay situaciones donde solo ellos pueden valorar si algo merece la pena o no.

P. ¿Por ejemplo para la innovación incremental?

R: Por ejemplo. ¿Cuánto vale pasar de tomar tres comprimidos al día a uno solo? La Administración puede decidir no pagar más por una formulación más cómoda si no ve una razón objetiva. Pero el paciente, si lo prefiere y puede asumir una diferencia de precio, ya que el sistema sigue cubriendo parte del coste. Eso no es un medicamento para ricos. Es un sistema que se adapta a las necesidades individuales. Hay pacientes especialmente susceptibles, polimedicados o con estilos de vida particulares que necesitan opciones. Y, repito, esto está implantado en todos los países europeos, sin polémica alguna. No creo que los ciudadanos españoles sean menos capaces o estén menos informados que los de otros países. Y si lo estuvieran, la solución no sería seguir tutelándolos, sino trabajar para aumentar su capacidad de decisión. De eso se trata.

P. Pero también podría haber casos en los que esa decisión del paciente sea forzada o esté condicionada por un conflicto de interés con el prescriptor o el dispensador. ¿Cómo se puede evitar eso?

R. Es cierto que esa preocupación ha salido en el debate. Pero vivimos en un entorno en el que ya no existe ‘el médico único’. Hay múltiples profesionales, distintas fuentes de información, y hasta en los pueblos pequeños hay al menos dos farmacias. No se trata solo de los pacientes: el sistema ofrece muchas opciones para contrastar y tomar decisiones informadas. Esta medida existe en todos los países europeos, independientemente del signo político de sus gobiernos y, además, permite dar más flexibilidad al sistema para ofrecer una prestación farmacéutica amplia, suficiente, actualizada y dinámica. Y eso es clave para su sostenibilidad.

P. En relación con esto, desde el Ministerio se rechaza el uso del término ‘copago evitable’. ¿Por qué?

R. Porque no se trata de un copago en sentido estricto. En economía, el copago es un instrumento que busca racionalizar el uso de un servicio a través de la participación del usuario en su coste. En este caso no hay esa lógica. Aquí lo que se ofrece es una alternativa voluntaria. El sistema ya financia una opción adecuada, segura y eficaz. Pero si el paciente desea otra, fuera del precio que el sistema considera financiable para garantizar sostenibilidad y acceso, puede elegirla y asumir la diferencia. Sin que eso implique en ningún caso una merma en la cobertura sanitaria.

P. Otro de los grandes cambios del anteproyecto frente al borrador filtrado en diciembre tiene que ver con la contratación pública. Se ha abandonado la idea de introducir modelos como el sistema Navarro para exclusivos o el Open House. ¿A qué se deben estos cambios y cómo los valoran desde el Ministerio?

R. Partiendo del hecho de que un borrador filtrado aún no había pasado por todas las manos que debe pasar. A lo largo de la discusión ministerial se han aceptado los problemas de fondo y se ha optado por una vía alternativa para abordarlos. No se niega el diagnóstico, ni mucho menos, sino que se ha buscado una solución diferente y se plantea una modificación de la Ley de Contratos desde la Ley del Medicamento. Además, se, ha recogido la necesidad de elaborar una guía de contratación. Esta guía se elaborará con participación de las comunidades autónomas, lo cual es fundamental. Lo que necesitamos es dotarnos de un entorno lo suficientemente garantista y, por otro lado, simple para no desperdiciar recursos públicos en la gestión. Desde ese punto de vista, creo que lo que se ha planteado encaja perfectamente en la discusión sobre modelos alternativos de contratación. En cualquier caso, en el trámite de audiencia se podrán proponer esquemas de compra adicionales. El modelo Open House, por ejemplo, ya sería posible hoy con la legislación actual. Se puede organizar una contratación abierta y continua, a la que se van incorporando productos conforme cumplen ciertos requisitos.

P. Pero al final la ley es interpretable y depende mucho de lo que vean los interventores o los expertos en contratación. Si la ley estuviera más clara, sería más sencillo utilizar estos modelos más innovadores… ¿no?

R. Hay cosas que se pueden solucionar mediante la ley, pero a lo mejor otras se pueden definir más en la guía de contratación.

P. Uno de los objetivos de estos cambios era facilitar el cumplimiento normativo y ofrecer mayor seguridad jurídica a los gestores. ¿Cree que con lo que se ha planteado en el anteproyecto se avanza en esa dirección?

R. Sí, pensamos que se dan pasos importantes para lograrlo. Aunque si hay aspectos adicionales que se deben tener en cuenta, el momento es este. El objetivo es llevar al sistema hacia una simplificación real, sabiendo lo que sabemos sobre cómo funcionan actualmente los procesos de compra y las posibilidades de mejora que hay.

P. Por otro lado, la disposición adicional sexta otorga a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos (CDGAE) la capacidad de decidir el destino de los fondos obtenidos por el sistema. Además, permite que estos puedan dirigirse a departamentos distintos a los sanitarios o de investigación. Esto un cambio relevante respecto a lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Cuál es el motivo?

R. Sí, es un cambio, pero no debería verse como algo problemático. En realidad, no fue un asunto al que le diéramos una gran trascendencia durante la redacción. Se trata de permitir cierta flexibilidad, por si en algún momento fuera necesario destinar recursos a finalidades relacionadas con medicamentos, pero que no estén directamente encuadradas en Sanidad o en el Instituto de Salud Carlos III. Por ejemplo, podría surgir la necesidad de financiar mejora destinadas a contratación pública, en sistemas de información, estudios o análisis vinculados a la política farmacéutica, aunque ejecutados desde otro ministerio. No hay una decisión específica sobre ello a día de hoy, pero se quiso dejar abierta esa posibilidad.

P. Por último, ¿qué calendario manejan para la tramitación parlamentaria del proyecto de ley? ¿Se buscará una aprobación rápida?

R. Ahora mismo estamos en la fase de recogida de aportaciones, tanto del sector como de las comunidades autónomas y de otros órganos internos del Gobierno como la CNMC o el AIReF. Una vez terminada esta fase, pasaremos al ámbito parlamentario, que sería el tercer bloque del proceso. Sí, queremos que la tramitación parlamentaria se haga de forma ágil por la importancia del proyecto y por temas de plazos.

P. El secretario de Estado, anunció que iban a iniciar conversaciones de forma inminente con los grupos parlamentarios. ¿Cree que la ley será bien acogida en el Parlamento y que la tramitación sea rápida a pesar de los problemas que se han visto estos primeros días?

R. Creo que sí. No hay muchas leyes en el ámbito sanitario con esta amplitud y en línea con la Estrategia de la Industria Farmacéutica. Y en el contexto actual, donde hay otras leyes pendientes, nos parece clave que esta pueda avanzar lo antes posible. Por eso vamos a empezar a hablar con los grupos parlamentarios cuanto antes. La ley, con todas las mejoras que pueda tener, afronta muchos de los retos del sistema farmacéutico de una manera valiente. Sabemos que hay aspectos que han generado preocupación, especialmente el artículo 116 sobre precios seleccionados. Pero también hemos recibido comentarios muy positivos, incluso de agentes que no se han pronunciado públicamente.