La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) ‘Medicamentos a un precio justo’, que ha sido presentada en el Parlamento, recoge entre sus medidas una serie de cambios en la normativa sobre medicamentos que, entre otras cuestiones, pide eliminar las evaluaciones económicas y la medición del impacto presupuestario de la fijación de precios de los medicamentos de manera que esta dependa exclusivamente de los “costes de fabricación y de investigación, debidamente acreditados”.
Así se recoge en la iniciativa que ha sido respaldada por la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid (ADSPM), la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento (AAJM), el Consejo de Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM), la Federación de Asociaciones Medicusmundi, la Fundación Civio, la Plataforma de Afectados por Hepatitis C (PLAFHC) y Salud por Derecho, entre otras asociaciones.
La propuesta de ILP plantea una modificación del artículo 94 del Real Decreto legislativo 1/2015, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos. Así, en su apartado 1 eliminaría el segundo y tercer párrafo, que hacen referencia a los mecanismos de retorno (descuentos lineales, revisión de precio) para los medicamentos innovadores; así como el mandato a que la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) “tendrá en consideración los análisis coste-efectividad y de impacto presupuestario”.
Estos dos párrafos se sustituyen por otro que establece que los precios de los medicamentos tendrán “como criterio principal para fijar el precio industrial los costes de fabricación y de investigación, debidamente acreditados”. De este modo, los precios de los medicamentos innovadores se aproximarían a unos costes marginales de producción al estilo de los genéricos.
Para los impulsores de la ILP los análisis de coste-efectividad y de impacto presupuestario solo “serán tenidos en cuenta a los efectos de aprobar o rechazar la financiación pública del medicamento, pero no para la fijación de precio”.
El nuevo párrafo también indica que “los demás costes que se aleguen, así como el margen de beneficios se equipararán a la media del sector industrial”.
No solo eso, sino que en caso de que los fármacos se hayan beneficiado de fondos públicos de investigación “de manera directa o indirecta”, la CIPM deberá tener en cuenta la “cláusula de interés general con el fin de estudiar la aportación de las Administraciones Públicas y del sector privado en el desarrollo del medicamento”.
Investigación y formación independiente
La ILP, que contiene otros cinco artículos, pretende regular también aspectos como la investigación clínica y la formación independiente en el Sistema Nacional de Salud; la formación y divulgación sanitaria; la transparencia en la fijación de los precios de los medicamentos; la transparencia y rendición de cuentas en la adopción de decisiones de las administraciones sanitarias o la publicidad de los pagos a las organizaciones y los profesionales sanitarios.
De este modo, añade un artículo 62 bis al RDl 1/2015 sobre investigación y formación clínica independiente en el SNS que crearía la Red de Ensayos Clínicos no Comerciales del SNS así como un Fondo de Investigación y Formación Sanitaria del SNS que se nutriría de las aportaciones de la disposición adicional sexta del RDl 1/2015.
Los estudios que se hayan beneficiado de estos fondos incorporarán “una cláusula con criterios de interés general para asegurar un retorno proporcional de la inversión pública”.
El fondo, que busca “garantizar la independencia de los profesionales sanitarios” en materia de investigación y formación también podrá financiar las actividades de divulgación sanitaria realizadas por las asociaciones de pacientes “con el fin de promover la cultura científica en esta materia”.
Transparencia
La transparencia es otro de los aspectos en los que la ILP pone el foco. Por un lado respecto a la actividad de la CIPM ya que propone una ampliación aún mayor de la información ofrecida por la CIPM. A este respecto, se pide la publicación de las actas completas de las reuniones de la CIPM, con el listado de todos los asistentes, la publicación de los documentos aportados de cada medicamento para el debate, así como los resultados de las votaciones o la declaración completa de los posibles conflictos de interés.
La ILP también establece la creación de una fuente pública de información en la que se pueda obtener información, “en formato abierto y reutilizable” información sobre adquisición de medicamentos. Esta fuente deberá incluir de forma específica “los precios unitarios por los que se han licitado y adjudicado los medicamentos, además de los datos relativos a su identificación, como código nacional, principio activo, forma farmacéutica y empresa farmacéutica”.
En lo que se refiere a las transferencias de valor por parte de la industria farmacéutica a los profesionales, la ILP obligaría por ley a su publicidad.
Procedimiento de la ILP
La ILP fue registrada en el Congreso de los Diputados el pasado 25 de junio. Ahora tanto Congreso de los Diputados como Senado, deberán analizar la documentación aportada y determinar sui existen o no causas de inadmisión.
Si la Mesa del Congreso admite a trámite la ILP, las organizaciones promotoras y adheridas tendrán un plazo de nueve meses para recoger 500.000 firmas que permitan su debate en el Congreso de Diputados.
“Con el registro de esta ILP pretendemos, por un lado, abrir un debate social para que los ciudadanos sepan la situación que padece nuestro Sistema Nacional de Salud. Por otro lado, queremos generar un debate en el Congreso de los Diputados que permita cambiar las reglas de un juego que solo beneficia a la industria farmacéutica”, aseguró Damián Caballero, presidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, en el momento de registrar la ILP.
