En los últimos años, se han intensificado las medidas nacionales e internacionales para poner freno a la creciente venta de medicamentos ilegales, por sus importantes repercusiones económicas y sobre la salud pública. En enero de 2016, entró en vigor la Convención Medicrime, tratado internacional sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares, que reúne a 23 países de Europa, África y Asia.
Este problema global requiere de una solución integral que debe provenir de las distintas partes implicadas en el proceso de comercialización, distribución y dispensación, y la oficina de farmacia, como punto de contacto directo con el ciudadano, tiene un papel destacado en esta tarea. Así lo defiende y argumenta el estudio ‘Turn back crime: medicamentos ilegales y papel de farmacéutico comunitario’ publicado en diciembre de 2016 en la revista Farmacéuticos Comunitarios, de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria, Sefac.
Según este trabajo, la oficina de farmacia cuenta con una posición privilegiada para convertirse en un adecuado canal de información y formación y actuar como nexo de unión con las Administraciones, por su conocimiento sobre el medicamento y la cercanía con los usuarios. Los autores recuerdan las palabras de la jefa del Departamento de Inspección y Control de Medicamentos de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), Belén Escribano, cuando, en el último Infarma, afirmó que “el farmacéutico juega un papel clave para que no lleguen medicamentos falsificados a los pacientes”.
Labor informativa
En la estrategia conjunta contra la venta ilícita, una de las funciones fundamentales de las oficinas de farmacia es a través de su participación en campañas informativas dirigidas a la población. “Podrían difundir información impresa (dípticos, etc) o material audiovisual, que engloben los principales consejos y recomendaciones emitidos, de forma especial en la red y aplicaciones móviles, así como recomendar páginas web oficiales e informativas, promoviendo el empoderamiento del paciente”, señala el estudio.
De hecho, ‘La Estrategia frente a medicamentos falsificados’ del periodo 2016-2020 elaborada por la Aemps incluye como una de las principales medidas para luchar con la venta ilícita la realización de campañas informativas dirigidas a la ciudadanía, incidiendo especialmente en el comercio online, que se ha convertido en la principal vía de adquisición de productos de venta ilegal.
Destaca también el proyecto europeo Fakeshare, creado para desarrollar iniciativas coordinadas contra la distribución ilegal de medicamentos, a través de e-farmacias no autorizadas u otros distribuidores. Mediante su página web, los profesionales y usuarios pueden verificar productos ilegales conocidos, comprobar sitios web de venta de medicamentos y denunciar una farmacia online o un producto.
Detectar posibles compradores
Otra labor importante de la botica en torno a la venta ilícita es la capacidad de sus profesionales para identificar los pacientes con mayor riesgo de adquirir medicamentos ilegales y alertarles sobre el peligro que conlleva esta práctica. Usuarios que demandan potenciadores de la actividad sexual, suplementos para deportistas o anorexígenos son más susceptibles a adquirir productos que se ofrecen de manera ilegal.
La implicación de las farmacias también se encuentra en el Sistema Español de Verificación de Medicamentos (Sevem), cuya puesta en marcha será en febrero del año 2019. Esta iniciativa permitirá a los distribuidores y farmacias comunitarias identificar individualmente los envases y verificar su autenticidad.
Situación en España
La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios procedió durante el año 2015 a la prohibición y retirada de 35 productos, la mayoría destinados al tratamiento de la disfunción eréctil y, en menor medida, al desarrollo muscular y pérdida de peso.
En cuanto a las grandes operaciones realizadas para frenar la venta ilícita, destacan las llevadas a cabo por la Interpol, como la denominada Pangea VIII, en junio de 2015, que implicó a 115 países y fue la responsable del cierre de 2.414 sitios web, con la detención de 156 personas y la incautación de 20,7 millones de productos, tal y como recoge el estudio publicado en la revista de Sefac. En España, durante esta operación, se incautaron más de un millón de dosis, sobre todo para la disfunción eréctil, el desarrollo de la masa muscular, psicoestimulantes, suplementos vitamínicos, analgésicos, antibióticos y productos para la pérdida de peso. La actuación, que implicó 837 inspecciones en centros deportivos, sex shops, tiendas de alimentos saludables y farmacias, concluyó con 19 personas detenidas.
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: