El Gobierno tiene la intención de renovar el protocolo con Farmaindustria, que tiene vigencia hasta este mismo mes de diciembre, así como intentar que otros proveedores, acuerden protocolos semejantes. Así lo ha explicado el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en la respuesta parlamentaria que ha dado a la pregunta de la portavoz de Sanidad de Podemos en el Senado, Contxita Palencia, acerca de la voluntariedad de la adhesión de las comunidades autónomas a este protocolo si quieren acceder a la financiación del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
Montoro ha señalado que su adhesión es obligatoria desde 2016 pero que hay comunidades autónomas que, sin haber solicitado fondos del FLA, como Castilla y León, La Rioja o Madrid, “se han acogido a este acuerdo” que “conviene” a las administraciones “no solo por contener el gasto en farmacia, sino por garantizar que la innovación tecnológica llegue a los pacientes de todo el sistema público de salud”, ha indicado el ministro.
A la renovación del acuerdo con Farmaindustria se podrían sumar otros como con la industria de Tecnología Sanitaria (Fenin) y los fabricantes de medicamentos genéricos (Aeseg) que ya se estuvieron negociando hace algún tiempo, aunque quedaron sin firma por falta de impulso del Gobierno.
Palencia, por su parte, ha criticado que Hacienda “imponga, mediante condiciones leoninas, auténticas intromisiones en las políticas públicas de las comunidades autónomas que no hacen sino mermar su autonomía”. Según la portavoz, “es un caso palmario de una intromisión injustificada y que ustedes consiguen por la puerta de atrás” ya que no está recogido en ninguna regulación ni en el propio protocolo de Farmaindustria, sino que se encuentra “como quien no quiere la cosa, en el punto 41 del anexo del plan”.
Para la portavoz de Podemos, con esta adhesión se busca “centralizar las políticas públicas, imponer las suyas, anular la autonomía territorial de las comunidades autónomas en las competencias que tienen asumidas, favorecer al sector privado y aplicar a las comunidades autónomas un 155 encubierto”. Además, Palencia ha asegurado que se obliga a un “crecimiento del gasto de fármacos de marca en detrimento de los fármacos genéricos, que son más económicos”.
En cuanto a las bondades del sistema, la senadora dudó de que “efectivamente fuera beneficioso para las comunidades autónomas”, puesto que en ese caso “se adherirían todas, no tendría que ser obligatorio”.
Nicolas Gonzalez Casares: