El Comité Ejecutivo Estatal del Sindicato de Enfermería (Satse) emitió un comunicado la semana pasada en el que afirmaba que "que la mal llamada farmacia comunitaria supone una clara estafa al Sistema Nacional de Salud y a los ciudadanos, al querer ofrecer unos servicios asistenciales para los que no tiene respaldo legal ni competencias propias por un mero interés de beneficio económico empresarial".
Estas afirmaciones se realizaron en el marco de una reunión de los responsables del Sindicato de Enfermería a nivel estatal y autonómico, en el que habrían manifestado "su profunda preocupación por el intento soterrado del sector farmacéutico de querer arrogarse unas funciones asistenciales que no le competen y que, además, pueden conllevar riesgos para la seguridad y salud de los ciudadanos".
Concretamente, Satse apunta a algunas actuaciones, "como el seguimiento de los pacientes crónicos o plurimedicados o la revisión de botiquines familiares y visitas a domicilio", que, afirman, "son competencia exclusiva de los profesionales sanitarios de Atención Primaria (enfermeras y médicos), según establece la normativa al respecto".
Así, lo que para los colegios profesionales de farmacéuticos supone, a día de hoy, una reivindicación prioritaria, como muestran sus continuas propuestas de desarrollo de la farmacia asistencial, para Satse supone "una clara invasión de competencias profesionales". "Recordamos que la farmacia comunitaria no existe ni tiene respaldo alguno por parte de la normativa española, mientras que la profesión enfermera sí cuenta con una regulación legal y un plan de estudios oficial, que establece cuatro años de estudios universitarios de Grado y dos años más de residencia, para adquirir las competencias al respecto, al igual de que sucede con los profesionales médicos".
Servicios que ya estarían cubiertos
El Sindicato de Enfermería considera que la apuesta por la farmacia para el desempeño de estas funciones supone una "privatización encubierta de servicios sanitarios que ya están cubiertos por los profesionales enfermeros y médicos, al desviar parte del presupuesto sanitario público a oficinas de farmacia que, como empresas privadas que son, tienen intereses comerciales y buscan su legítimo beneficio o lucro económico".
Por este motivo, han instado "al Gobierno estatal y a los de las diferentes comunidades autónomas a que no realicen acuerdos o propicien cambios normativos buscando un supuesto ahorro o mejoras que no son tales, reiterando que no se puede dejar en manos de establecimientos comerciales la atención que ya prestan enfermeras y médicos dentro del sistema sanitario público de nuestro país". "No permaneceremos pasivos ante esta agresión a los profesionales de Enfermería por parte de las oficinas de farmacia", concluyen.
La profesión enfermera ya mostró sus discrepancias
Estas declaraciones de Satse vienen a sumarse ahora a los que lanzaron los colegios profesionales y el Consejo General de Enfermería, así como sociedades científicas de la profesión y estudiantes, que en una reunión reciente ya habían expresado "indignación y preocupación ante la posible privatización de la Atención Primaria por el auge de un movimiento autodenominado como farmacia comunitaria" (ver información publicada en Diariofarma).
Aquellas declaraciones se produjeron en el marco de una reunión del colectivo enfermero en Toledo y en ella se quejaron de que, mientras el "autodenominado farmacéutico comunitario no cuenta con respaldo alguno por parte de la legislación", los especialistas en Medicina y Enfermería Familiar y Comunitaria "tienen que superar una oposición del Estado y posteriormente estar dos años -cuatro en el caso de los médicos- de residentes en el Sistema Nacional de Salud". Asimismo, dudaron del "supuesto ahorro o mejoras" que se conseguirían con los servicios profesionales, ya estas estimaciones, aseguraban, "se basan en estudios de los propios farmacéuticos que no cuentan con rigor científico ni con independencia ni la credibilidad suficiente para validar una iniciativa que va a afectar de lleno al Sistema Nacional de Salud". Por eso, además de denunciar la "invasión de competencias" advirtieron de que se podría "cercenar el sistema sanitario público y uno de sus pilares, como es la Atención Primaria".
La respuesta de la farmacia
Aquel primer movimiento de la profesión enfermera para denunciar esta supuesta invasión de competencias por parte del sector de la oficina de farmacia tuvo respuesta por parte del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos (CGCOF). Así, cabe recordar la circular 831/16, firmada por el secretario general, Luis Amaro, y a la que tuvo acceso Diariofarma, en la que éste recordaba que los farmacéuticos son “los profesionales sanitarios, expertos en el medicamento, que damos respuesta a las necesidades de los pacientes en torno a su medicación, colaborando con las administraciones sanitarias para garantizar la prestación farmacéutica" y, por tanto, "aseguramos a la población el acceso a los medicamentos y productos sanitarios, ayudando a los pacientes al correcto proceso de su uso seguro, efectivo, eficiente y responsable, implicándonos en la consecución de los Resultados en Salud".
Los farmacéuticos señalaban, al respecto a sus competencias profesionales, que éstas se encuentran "sólidamente definidas a través de la normativa estatal", por la Ley 44/2003 de ordenación de las profesiones sanitarias, al igual que en el caso de los médicos y el resto de profesiones sanitarias, y sostenían que "la actuación profesional del farmacéutico español se alinea con los demás farmacéuticos que ejercen en Europa y en el resto del mundo, como parte esencial e integral de los sistemas sanitarios".
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: 
Marciano Gómez, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana.: