Ángel Luis Ortiz, secretario general de Instituciones Penitenciarias, ha participado en la jornada organizada por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria sobre Farmacia Penitenciaria, y ha asegurado que el nuevo Gobierno tiene "como objetivo a corto plazo regularizar los servicios de Farmacia y los depósitos". Así ha dado respuesta a la reivindicación que, a lo largo del encuentro, han realizado diferentes ponentes (ver información publicada por Diariofarma). También avanzó que se van a crear cuatro nuevas plazas para farmacéuticos en centros penitenciarios, aunque serán interinos que perderán su plaza cuando se convoque la próxima oposición.
Sobre la legalización de servicios farmacéuticos habló también Carmen Martínez, subdirectora general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, quien manifestó que es una situación "compleja, con muchos matices entre comunidades autónomas (CCAA)". En este sentido, confirmó que se han establecido "contactos con algunas autonomías para ver cómo lo vamos a orientar", y hay un grupo de servicios de Farmacia, concretamente 13, que ya están "en vías de legalización", confirmó.
No obstante, pese al interés de los farmacéuticos en la cuestión de la legalización de los servicios y la contratación de personal para centros penitenciarios, éste no fue el tema protagonista del bloque político del encuentro. Más bien lo fue la cuestión de las transferencias de la Sanidad Penitenciaria a las CCAA y se puso como ejemplo lo ocurrido con los tratamientos para la hepatitis C. Y es que, como apuntó, María Isabel Mora, portavoz de Unidos Podemos en la Comisión de Interior del Senado, "el Gobierno anterior dejó vencer los convenios de colaboración y comenzó a impagar servicios sanitarios para Prisiones, incluida la adquisición de fármacos antivirales de acción directa". "Los presos tenían que llegar a los tribunales para acceder a tratamientos que estaban siendo administrados con normalidad a la población general. Para colmo, algunos ni siquiera podían contar con abogados de oficio que les ayudaran con estas reclamaciones", continuó.
Al parecer, según indicó María Soledad Díaz-Maroto, técnico superior farmacéutico de la Subdirección General de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, esa "época oscura en el acceso a los tratamientos para la hepatitis C en Instituciones Penitenciarias" ya pasó y, a día de hoy, aseguró "se está tratando a los reclusos con regularidad con las tres opciones que se han incorporado a la prestación". De hecho, opinó que "el acceso a la prestación farmacéutica en Prisiones es igual, y a veces mejor, que el de la población general".
Transferencia de la Sanidad Penitenciaria
Para evitar situaciones de este tipo en el futuro y que las obligaciones de las distintas administraciones queden bien fijadas, los portavoces políticos presentes en la jornada apoyaron la transferencia de la Sanidad Penitenciaria a las comunidades de forma definitiva. Lo hizo Mora, y también Jesús María Fernández, portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, y Francisco Igea, su homólogo en Ciudadanos.
De hecho, Fernández avanzó que Navarra, Comunidad Valenciana y Extremadura "ya están en negociaciones para proceder a dicha transferencia", algo que confirmaron los responsables de Instituciones Penitenciarias presentes en la salda. A juicio del portavoz socialista, "en el momento en el que dos o tres autonomías más se sumen (cabe recordar que la cesión de las competencias ya es una realidad en País Vasco, precisamente durante su etapa como viceconsejero) el resto vendrán detrás".
Nicolas Gonzalez Casares: