El Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos del Servicio Aragónes de Salud ha anunciado la admisión, por parte de la Mesa de Contratación, de las propuestas presentadas al expediente de contratación PA/06/2019, correspondiente al concurso abierto para el suministro de productos dietoterápicos a los centros sociales de esta comunidad autónoma. Entidades como Abbott, Adventia, Fresenius, Grifols Movaco o Nestlé aparecen en la lista de las "empresas admitidas" que se ha hecho pública el pasado 17 de octubre, y que implican la aceptación de la documentación administrativa presentada. También se ha procedido a la apertura del sobre "con los criterios sujetos a valoración previa", por lo que queda pendiente, no obstante, la revisión de la oferta económica, prevista para el 11 de noviembre, para terminar de cerrar una licitación estimada en los 4,8 millones de euros, IVA incluido, repartidos en 13 lotes.
En el documento de 'Justificación de la necesidad', hecho público en el mes de julio de este año, la autoridad aragonesa explica "que la dispensación de medicamentos y productos dietoterápicos a los centros sociales privados se realiza desde oficinas de farmacia a través de receta oficial, mientras que, a los pacientes de los centros públicos, se les suministran desde los servicios de farmacia hospitalaria". Este sistema genera, decían literalmente, "variabilidad en la atención farmacéutica que reciben los pacientes, así como en el seguimiento de los mismos".
Por eso, abogaban en ese documento por "la gestión y atención farmacéutica centralizada para los centros de índole privado", para, por un lado, hacer frente a "la variabilidad en la calidad de la atención farmacéutica que reciben las personas residentes y en las condiciones en las que se reciben los medicamentos, productos dietoterápicos y productos sanitarios que necesitan los residentes", y, por otro, "la inequidad en el modelo de prestación farmacéutica, puesto que supone un mayor coste para el sistema sanitario público y para la ciudadanía. "Los pacientes institucionalizados en centros privados deben abonar el copago farmacéutico que no pagan los residentes de los centros públicos, y el precio de facturación de estos productos es mayor que si la adquisición es desde un servicio de Farmacia hospitalaria".
Seguidamente, aunque fuentes de la Consejería de Sanidad de Aragón consultadas por Diariofarma han querido desligar ambas cosas, señalando que "este proceso de contratación centralizada ya está en marcha en distintas comunidades y su desarrollo no depende del proyecto de decreto por el que se que modificaba el modelo de atención farmacéutica a centros sociosanitarios de Aragón", en la 'Justificación de necesidad' citan dicho proyecto de decreto (sometido a audiencia pública el 13 de julio de 2017 y que sigue sin ver la luz), que vendría a desarrollar lo dispuesto en el RDL 16/2012 (los centros con más de 100 camas tendrán que contar servicio de Farmacia propio o quedar vinculados al de un hospital), como base sobre la que se apoyaría "el desarrollo de unos criterios comunes para los centros públicos y privados que permitan una atención y un suministro de estos productos desde el ámbito hospitalario, modificándose los circuitos establecidos hasta el momento de prescripción por receta médica y dispensación por oficina de farmacia".
La cuestión del precio
Otro de los detalles a tener en cuenta del documento de 'Justificación de necesidad' tiene que ver con el análisis de costes, que estaría en el fondo, además de la variabilidad e inequidades señaladas, de este cambio de modelo. Dice aquí el Centro de Gestión Integrada de Proyectos Corporativos que "el precio del contrato refleja la política de contención del gasto llevado a cabo por la Subdirección de Compras y Logística, logrando, con la equiparación de precios entre los diversos centros de la Comunidad, una reducción del gasto en ese material sin menoscabo de la calidad asistencial".
Afirman, en este sentido, que la diferencia del coste de adquisición por parte de las oficinas de farmacia "supone entre un 18 y un 22% más", un porcentaje que atribuyen a los márgenes de la distribución, las oficinas de farmacias y los impuestos correspondientes, y que viene a denominarse factor común de facturación, tal y como viene recogido en la Orden SSI/2366/2012. "Este factor común de facturación no se incluye en el coste de adquisición por parte de los servicios de Farmacia de los hospitales, en los que sólo está incluido el IVA correspondiente, que es del 10%", concluyen.
Esto haría que el gasto anual para los centros del Servicio Aragonés de Salud fuera de 2 millones de euros al año, frente a los 1,6 millones, como máximo, que tendrán que pagar como consecuencia de la adjudicación del procedimiento abierto. Esto implica un ahorro estimado de unos 400.000 euros anuales (20%), teniendo en cuenta además que la cifra final de adjudicación se situará, muy probablemente, por debajo de ese máximo.
Juan José Pedreño, consejero de Salud de Murcia: 
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: