El gobernador del Estado de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció a primera hora del pasado día 25 de abril la firma de una Orden Ejecutiva para permitir a las oficinas de farmacia independientes a realizar test diagnósticos del coronavirus. En total, calculaba que una red de 5.000 establecimientos pasarían a ser nuevos centros de diagnóstico de Covid-19, contando así con un recurso adicional.
Pues dicho y hecho. Ese mismo día, aparecía en la web del Gobierno del Estado una modificación de la Sección 6801 de la Ley de Educación, "para autorizar a los farmacéuticos a adquirir test del Covid-19 que estén aprobados por la Agencia Americana de Medicamentos (FDA), de modo que puedan detectar la presencia del virus SARS-CoV-2 o anticuerpos".
Esta revisión de la normativa también les permite aplicar los test en pacientes sospechosos de infección, quedando sujetas, para ello, "a los requerimientos que tienen que cumplir los laboratorios clínicos y tras realizar la apropiada formación que les proporcionará el Departamento de Salud".
Igualmente, se ha procedido a la modificación de la Sección 571 de la Ley de Salud Pública, para que los farmacéuticos puedan ser designados como profesionales sanitarios con capacidad para dirigir un servicio de laboratorio para la realización de estos test.
La Orden Ejecutiva especifica que se trata de medidas excepcionales que se mantendrán en vigor, en principio, hasta el próximo día 25 de mayo.
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Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: