Un grupo de expertos, compuesto por Alberto García Basteiro, Helena Legido Quigley, Carlos Álvarez Dardet, Alex Arenas, Rafael Bengoa, Carme Borrell, Margarita Del Val, Manuel Franco, Montserrat Gea-Sánchez, Juan Gestal, Beatriz González López-Valcárcel, Ildefonso Hernández-Aguado, Joan Carles March, José M. Martin-Moreno, Clara Menéndez, Sergio Minué, Carles Muntaner, Miquel Porta, Daniel Prieto-Alhambra y Carme Vives Cases, ha firmado un artículo, publicado en The Lancet bajo el título 'Evaluation of the COVID-19 response in Spain: principles and requirements', en el que abogan por una evaluación independiente de la gestión de la pandemia, a nivel estatal y regional, con el fin de "identificar las áreas que necesitan mejoradas".
Apuntan de forma específica al sistema de atención sanitaria, al de Salud Pública y al de atención sociosanitaria de forma específica, y justifican la necesidad de proceder a esta evaluación con motivo de la llegada de una segunda oleada que está arrojando datos preocupantes con respecto a la situación del país.
De cara a esa evaluación, proponen tres requisitos y cuatro principios. El primer requisito es la "urgencia", y es que, opinan, dicha evaluación necesitaría ser iniciada "inmediatamente" y dar lugar a "resultados periódicos hasta el final de la pandemia".
La segunda condición tiene que ver con el consenso, en un país en el que la tensión política, dicen, "es alta". Consideran, a este respecto, que la medida debe contar con el apoyo de los partidos políticos, las sociedades científicas, los profesionales de la salud, los pacientes y la sociedad civil; mientras que la tercera tiene que ver con el "compromiso firme" de los gobiernos, central y autonómicos, "de escuchar las recomendaciones propuestas y actuar en esa línea".
Más allá de estas condiciones, sugieren el cumplimiento de cuatro principios. "El más importante", dicen, es el "la independencia de los miembros del comité" que lleve a cabo la evaluación y de quienes elijan a éstos. Para los autores, ser independiente implica "no haber trabajado en tareas de gobierno" y estar exentos de conflictos de intereses, que es como se declaran los autores de este manifiesto. Consideran que el perfil idóneo lo componen académicos españoles o expertos de otros países.
El comité deberá ser también "constructivo", es decir, debe centrarse "en ofrecer recomendaciones para solucionar situaciones, en vez de buscar responsables", y además deberá respetar el principio de igualdad de género y ser multidisciplinar. Finalmente, abogan por una evaluación "de amplio espectro", que analice efectos sanitarios, económicos y sociales y que aporte soluciones a nivel estatal y autonómico.
En cuanto a la estructura que debe darse al comité, apuntan la existencia de modelos como el propuesto por la OMS, el All-Party Parliamentary Group que se ha usado en Reino Unido, o la experiencia en el Estado de Victoria, en Australia. "Una propuesta puede consistir en seleccionar a un panel de expertos que cuente con el apoyo de un equipo científico, responsable de recoger toda la información y evidencia disponible. En paralelo, se pueden formar grupos de trabajo y hacer una llamada para la aportación de evidencia, implicando a sociedades científicas, organizaciones de pacientes y la sociedad civil", señalan.
"Animamos a los gobiernos central y autonómicos a llevar a cabo esta evaluación y servir así de ejemplo a otros países. Para ello, seguiremos apuntalando nuestras propuestas, para una evaluación basada en la evidencia científica, que se necesita con urgencia para poder orientar las políticas de salud pública y contribuir a superar la pandemia", concluyen.
