Proponen un comité de evaluación independiente para orientar la política sanitaria contra la pandemia

Un grupo de expertos, compuesto por Alberto García Basteiro, Helena Legido Quigley, Carlos Álvarez Dardet, Alex Arenas, Rafael Bengoa, Carme Borrell, Margarita Del Val, Manuel Franco, Montserrat Gea-Sánchez, Juan Gestal, Beatriz González López-Valcárcel, Ildefonso Hernández-Aguado, Joan Carles March, José M. Martin-Moreno, Clara Menéndez, Sergio Minué, Carles Muntaner, Miquel Porta, Daniel Prieto-Alhambra y Carme Vives Cases, ha firmado un artículo, publicado en The Lancet bajo el título ‘Evaluation of the COVID-19 response in Spain: principles and requirements‘, en el que abogan por una evaluación independiente de la gestión de la pandemia, a nivel estatal y regional, con el fin de «identificar las áreas que necesitan mejoradas».

Apuntan de forma específica al sistema de atención sanitaria, al de Salud Pública y al de atención sociosanitaria de forma específica, y justifican la necesidad de proceder a esta evaluación con motivo de la llegada de una segunda oleada que está arrojando datos preocupantes con respecto a la situación del país.

De cara a esa evaluación, proponen tres requisitos y cuatro principios. El primer requisito es la «urgencia», y es que, opinan, dicha evaluación necesitaría ser iniciada «inmediatamente» y dar lugar a «resultados periódicos hasta el final de la pandemia».

La segunda condición tiene que ver con el consenso, en un país en el que la tensión política, dicen, «es alta». Consideran, a este respecto, que la medida debe contar con el apoyo de los partidos políticos, las sociedades científicas, los profesionales de la salud, los pacientes y la sociedad civil; mientras que la tercera tiene que ver con el «compromiso firme» de los gobiernos, central y autonómicos, «de escuchar las recomendaciones propuestas y actuar en esa línea».

Más allá de estas condiciones, sugieren el cumplimiento de cuatro principios. «El más importante», dicen, es el «la independencia de los miembros del comité» que lleve a cabo la evaluación y de quienes elijan a éstos. Para los autores, ser independiente implica «no haber trabajado en tareas de gobierno» y estar exentos de conflictos de intereses, que es como se declaran los autores de este manifiesto. Consideran que el perfil idóneo lo componen académicos españoles o expertos de otros países.

El comité deberá ser también «constructivo», es decir, debe centrarse «en ofrecer recomendaciones para solucionar situaciones, en vez de buscar responsables», y además deberá respetar el principio de igualdad de género y ser multidisciplinar. Finalmente, abogan por una evaluación «de amplio espectro», que analice efectos sanitarios, económicos y sociales y que aporte soluciones a nivel estatal y autonómico.

En cuanto a la estructura que debe darse al comité, apuntan la existencia de modelos como el propuesto por la OMS, el All-Party Parliamentary Group que se ha usado en Reino Unido, o la experiencia en el Estado de Victoria, en Australia. «Una propuesta puede consistir en seleccionar a un panel de expertos que cuente con el apoyo de un equipo científico, responsable de recoger toda la información y evidencia disponible. En paralelo, se pueden formar grupos de trabajo y hacer una llamada para la aportación de evidencia, implicando a sociedades científicas, organizaciones de pacientes y la sociedad civil», señalan.

«Animamos a los gobiernos central y autonómicos a llevar a cabo esta evaluación y servir así de ejemplo a otros países. Para ello, seguiremos apuntalando nuestras propuestas, para una evaluación basada en la evidencia científica, que se necesita con urgencia para poder orientar las políticas de salud pública y contribuir a superar la pandemia», concluyen.