ERC y Junts per Catalunya han presentado sendas enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2022 en las que reclaman al Estado una compensación por el coste de los nuevos medicamentos autorizados.
En el caso de Esquerra Republicana de Catalunya, se considera que “de acuerdo con el principio de lealtad institucional, debe valorarse el impacto financiero que las disposiciones generales aprobadas por el Estado tengan sobre las comunidades autónoma, así como garantizar la suficiencia financiera de éstas”.
No obstante, esta formación considera que “la centralización de las decisiones políticas en ámbitos de gestión transferidos a las comunidades autónomas produce un efecto perverso, donde el Estado acusa a éstas de gastar en exceso, pero sin explicitar que este hecho es consecuencia de las decisiones que se toman en el propio gobierno del Estado”. A este respecto, consideran que “la actuación del Estado en el ámbito sanitario ha impactado en el gasto sanitario por diversas vías”. Por un lado, según indican, el Ministerio de Sanidad “promueve actuaciones de las comunidades autónomas financiándolas sólo inicialmente y obligando después a las comunidades a asumir el coste del programa sanitario”.
Por su parte, Junts ha ido más allá y ha propuesto incluso que esa compensación esté regulada por ley. A este respecto, propone una nueva disposición adicional en la Ley de Presupuestos que lo recoja y que tendría como redacción: “Aportación de recursos al Sistema Nacional de Salud para compensar el coste de los nuevos medicamentos autorizados. El Gobierno aportará al Sistema Nacional de Salud los recursos adicionales necesarios para compensar el coste de los nuevos medicamentos autorizados con un elevado impacto presupuestario”.
La justificación que se da es que los “diferentes modelos de financiación no han resuelto el problema del déficit estructural del Sistema Nacional de Salud”. Además, consideran que la autorización de tratamientos sanitarios con un elevado impacto presupuestario sin aportación económica adicional por parte del Gobierno español “está ahondando en los problemas económicos de los servicios de salud autonómicos”. A este respecto, ponen como ejemplo los medicamentos para la hepatitis C o los CAR-T.
Fin al instrumento de apoyo a la sostenibilidad
Por otro lado, Junts también ha solicitado en una enmienda suprimir el segundo párrafo del apartado tercero del artículo 8 quinqués introducido por la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980. Esto supone acabar con la regulación del ‘instrumento de apoyo a la sostenibilidad del gasto farmacéutico’ recogido en la Ley de Cohesión y que limita el crecimiento del gasto a la tasa de referencia de crecimiento del Producto Interior Bruto de medio plazo de la economía española. Para este grupo parlamentario esa limitación “supone una clara injerencia en la gestión de los servicios sanitarios transferidos por la Administración central y asumidos hace muchos años por las comunidades autónomas”.
Carmen Martínez, portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados: 
Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox.: 
Ion Arocena, director general de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio): 
Javier Padilla, secretario de Estado de Sanidad: 
Marciano Gómez, consejero de Sanidad de la Comunidad Valenciana.: