El pronunciamiento sobre los recursos presentados por PP y Vox a la ley del aborto o de la de eutanasia, además de diversos expedientes con la gestión de la pandemia de covid-19 en España son algunos de los temas sanitarios sobre los que deberá pronunciarse el Tribunal Constitucional, que este miércoles ha nombrado a su presidente, Cándido Conde Pumpido, culminando así su renovación, tras medio año de retraso.
El magistrado, considerado progresista, se ha impuesto por un margen de seis votos a cinco, en la elección a la presidencia de la institución, mientras que Inmaculada Montalbán será la vicepresidenta. Conde Pumpido se enfrentaba a la magistrada María Luisa Balaguer considerada también del ámbito progresista, aunque sin vinculaciones con el actual Gobierno y que ha obtenido en la votación el apoyo de los los cuatro magistrados del sector conservador además del suyo propio.
Entre las cuestiones que tendrá que dilucidar el nuevo TC está el recurso interpuesto por el PP en 2010 sobre la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Aunque el recurso tiene ya nada menos que doce años, la valoración del Constitucional puede tener importantes consecuencias, especialmente teniendo en cuenta la reciente normativa promovida desde el Ministerio de Igualdad, que hasta el momento no ha entrado en vigor.
Por su parte, la Ley de Eutanasia no tiene uno, sino dos recursos, de PP y Vox. Esta Ley, que entró en vigor en 2021 tiene a juicio de ambas formaciones políticas varios artículos que vulneran la Constitución Española, en referencia al derecho a la vida, así como a la necesidad de evitar posibles abusos y proteger a las personas vulnerables y asegurar el derecho a la objeción de conciencia de los sanitarios. Precisamente la elaboración de la denominada lista de objetores es una de las cuestiones en las que ambos partidos ven carencias constitucionales.
Finalmente la gestión de la pandemia de covid es otra de las cuestiones pendientes en la alta magistratura. Después de que el TC tumbara, con mayoría conservadora, las declaraciones de los dos estados de alarma del Ejecutivo, todavía quedan pendientes diversos recursos, que van desde la fijación de un régimen sancionador vinculado a la vacunación obligatoria que llegó a plantearse en la reforma de la Ley de Salud Pública en Galicia, hasta varias decisiones de comunidades autónomas en materia de restricciones, que no tuvieron en cuenta el criterio de los tribunales superiores de justicia, a quienes el Gobierno fio el aval de las restricciones. En este último aspecto es preciso recordar que el TC, además de los dos estados de alarma, también desautorizó la reforma del Ejecutivo en la que este depositaba en esos tribunales de justicia la capacidad de estos de decidir si las restricciones se estaban tomando de manera adecuada.
Nicolas Gonzalez Casares: