Castilla y León asegura que sus medidas garantizan la libertad de embarazadas y sanitarios

La Junta de Castilla y León ha asegurado a través de un comunicado que las medidas de fomento a la natalidad y de apoyo a las familias “aplicarán con respeto absoluto a la Ley, a libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios". Estas medidas entran en vigor este lunes.

Esta es la respuesta que el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco ha dado al requerimiento del Gobierno para que dé marcha atrás en las medidas ‘provida’ que el Consejo de Gobierno castellanoleonés aprobó el pasado jueves. Estas medidas consisten entre otras, en ofrecer escuchar el latido del feto tanto a mujeres que quieren abortar como a las que quieren continuar con su embarazo, así como ofrecer una radiografía 4D del feto a la mujer embaraza.

Todo ello, según explica el Gobierno autonómico, con el compromiso de velar “por que se lleven a cabo todas las acciones que supongan un incremento de los derechos fundamentales de la mujer embarazada en todas las circunstancias”.

Castilla y León ha respondido de forma contundente al requerimiento realizado desde el Gobierno central.  El Ministerio anunció el sábado, a través de una nota de prensa su petición al Ejecutivo castellano para que “se abstenga de aprobar o aplicar medida alguna que vulnere" la actual ley del aborto”. Igualmente indicaba el Gobierno de Pedro Sánchez aseguraba que usara “todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente”. 

Desde el Ejecutivo de Fernández Mañueco se ha exigido al Gobienro central "que se abstenga de dirigir requerimientos y comunicados oficiales a una Comunidad Autónoma vulneradores de su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, al simple amparo de noticias en medios de comunicación".

El texto añade que "Castilla y León tiene plena autonomía" para aprobar cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto, que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas y en las pruebas médicas que se consideren necesarias, dentro del conocimiento científico actual, siempre en el marco de la normativa general y específica de aplicación, y  con pleno respeto a los derechos fundamentales de la mujer embarazada y a los derechos y obligaciones del personal sanitario”.

El Gobierno castellano no descarta “implementar actuaciones jurídicas adicionales", ya que considera que “las acciones anunciadas por el Gobierno de España” pueden contravenir abiertamente "el ordenamiento jurídico”.

También, la ministra de Sanidad ha asegurado este lunes "no tener ninguna duda" en acudir a la Justicia. "Recurriremos a todos los ámbitos de la legalidad", asegura Darias, para quien las medidas propuestas por la Junta, "no son admisibles conforme la legalidad vigente" y no tienen "ámbito competencial".

Por su parte, la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, considera que la Comunidad de Castilla y León “debería reconsiderar estas medidas atendiendo a la opinión de los profesionales”.

En un comunicado, la SEGO ha mostrado “el máximo respeto a la legislación vigente y nuestro máximo respeto a las mujeres que se encuentran en esa situación”. Igualmente indica que “la ecografía 3D/4D no forma parte de la sistemática asistencial ni puede encontrarse recomendación alguna para su práctica rutinaria, ni en protocolos-guías nacionales ni internacionales”.

Finalmente considera que el uso de ultrasonidos convencionales (ecografía modo B y modo M) es seguro durante el embarazo, si bien señala que “la evaluación con Doppler solo debe ser realizada en el primer trimestre en aquellos casos en los que haya una indicación clínica específica”.