La decisión de las principales aseguradoras (Adeslas, Asisa y DKV) de no concurrir a la licitación del concierto de aseguramiento de las mutuas del Estado para los próximos dos años, cuyo plazo de presentación finalizaba este martes, plantea un futuro más que incierto para la atención sanitaria que reciben los funcionarios públicos. En total, más de 1,5 millones de personas quedan sin el convenio sanitario y la alternativa, si el Gobierno no plantea un cambio de actitud es que todos ellos recaigan dentro del sistema público común a todos los españoles,
El origen del conflicto es meramente económico. Por un lado, las mutuas reclaman el incremento de la prima por encima del 30%, mientras que la subida prevista por la licitación estatal situaba esa subida en un 17,2% para las tres mutualidades (Muface, Isfas y Mujeju) del Estado.
Esta diferencia llevaba a las aseguradoras a rechazar en pleno entrar en esa licitación emitían sus respectivos comunicados explicando su no concurrencia a la licitación. Adeslas explicaba en su nota, que si bien no acudirá al proceso de Muface, pero si al de las otras dos mutualidades debido a que existe “un equilibrio” entre la oferta de la Administración y los costes sanitarios específicos. Ello se debe, según explican a que “las características específicas” que representan estos colectivos de cara a garantizar la sostenib.lidad de las condiciones ofertadas.
En el caso de DKV, también en comunicado oficial, se indicaba que por primera vez desde la creación de las mutualidades, la compañía no estará entre las aseguradoras de los mutualistas y asegura que en el último concierto acumuló unas pérdidas de unos 70 millones de euros. Ello, según sus datos, supondría la imputación de 74 millones de euros como pérdidas estimadas.
Finalmente Asisa manifiesta que “unas coberturas más exigentes en algunos aspectos que las del propio SNS y la decisión del retos de entidades a abandonar el servicio a esta mutualidad (en referencia a Muface) hacen imposible mantener la adhesión al modelo, sin poner en serio riesgo la solvencia de la compañía”. Igualmente desde esta aseguradora llaman a la Administración a “replantear las condiciones”.
Precisamente esta idea sobre un replanteo por parte de la Administración central ha sido también defendida por la Fundación Idis. El llamamiento de esta entidad que agrupa a la mayoría de hospitales privados del país pasa por que el Estado “publique una nueva licitación que contemple unas condiciones aceptables para garantizar la supervivencia del modelo”.
La Fundación valoraba también que “Muface ha permitido durante décadas garantizar la cobertura y el acceso a la sanidad privada para 1,5 millones de personas”, “aliviando la carga asistencial para el SNS”.
Sobre el papel, en este momento y a falta de conocer si desde la Administración central se aborda un replanteamiento efectivo de la actual situación, significa que los funcionarios, que cada año podían optar ente recibir la asistencia sanitaria desde una aseguradora o del sistema público del SNS, deberán pasar al sistema público. En la actualidad, el 70% de los funcionarios eligen el sistema de mutuas, por lo que la cifra aproximadamente alcanzaría a 1,5 millones de personas, con sus familias al SNS.
De cara al planteamiento que se hace del Gobierno para paliar la actual situación. Por un lado, el Gobierno ya ha asegurado una nueva licitación, en la que aunque se espera una mejor oferta, aun no se conocen las bases sobre las que se va a basar la nueva licitación. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad, por su parte se prepara para hacer frente al impacto que podría tener la llegada de los nuevos beneficiarios en caso que el concierto quedaba extinto. Por su parte, el Ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López se asegura que existen “fórmulas legales para asegurar las prestaciones en las mismas condiciones”.
