Fefac: "La reducción de la jornada solo sirve para que los titulares hagan más horas"

Ana Quintilla, miembro de la Junta Directiva de la FEFAC ha asegurado, que la reducción de la jornada laboral, solamente presenta como “única solución viable para muchas farmacias, que los propios titulares asuman más horas de trabajo, en detrimento de su calidad de vida y conciliación familiar”. Quintanilla ha realizado estas afirmaciones durante su participación en la Cumbre Empresarial ‘Reducción de Jornada: Así NO’ que ha organizado la Confederación Nacional de Pymes (Conpymes), que representa a más de dos millones de pequeños empresarios y autónomos para mostrar su rechazo a la reforma que plantea el Gobierno.

Durante esta reunión, los asistentes aprobaron un manifiesto mediante el que muestran su oposición a la actual propuesta de reducción de la jornada laboral en España, aprobada recientemente por el Consejo de Ministros y que será debatida en las próximas semanas en el Parlamento. Asimismo, mediante este documento se pide que cualquier cambio en este sentido se realice dentro de la negociación colectiva.

Quintilla ha expuesto la problemática específica que supone la reducción de la jornada laboral en el sector farmacéutico. Quintilla ha destacado que las farmacias deben cumplir con un mínimo de 1.800 horas de apertura al año, reguladas por normativas autonómicas, lo que hace inviable la reducción de jornada sin un aumento de costes o sin afectar a la carga de trabajo de los farmacéuticos autónomos. Asimismo, ha señalado que la imposibilidad de trasladar estos costes a los precios de los medicamentos, regulados por la Administración, sumada a la escasez de personal sanitario en la profesión, “convierte a esta medida en una amenaza directa a la sostenibilidad del sector”.

Además, en la cumbre han estado presentes el presidente de FEFAC, Antoni Torres, y el vicepresidente de la entidad, Eduardo Cacho, quienes han apoyado las preocupaciones del sector farmacéutico y han reiterado la necesidad de que cualquier modificación en la regulación laboral se haga respetando la realidad de cada sector ya través de la negociación colectiva.

En el manifiesto se remarca que modificar por ley cuestiones que son materia propia de los convenios colectivos, como la reducción de jornada, y que, de hecho, ya se están pactando de forma bilateral en los convenios, supone una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva, consagrada en el artículo 37.1 de la Constitución, que establece el marco constitucional para la negociación. En este contexto, el presidente de Conpymes, José María Torres, ha lamentado que "estamos asistiendo a una imposición por ley de la reducción de la jornada de trabajo que representa un notable incremento de costes sin contrapartida, tanto en los empleados fijos y a tiempo completo como en los empleados a tiempo parcial".

Asimismo, en el manifiesto se constata que este cambio normativo no es sólo una reducción de la jornada hasta las 37,5 horas, sino que lo que pretende es: reducir la jornada; crear un nuevo registro de jornada, que supone una vulneración del derecho a la libertad de empresa, a la privacidad y, al mismo tiempo, comporta una presunción implícita de incumplimiento empresarial en materia de jornada que es inadmisible; reforzar el derecho a la desconexión digital, con el derecho del trabajador a no estar localizable fuera de su horario de trabajo; y cambiar el régimen sancionador, multiplicando la cuantía de las sanciones.

Por otra parte, en el documento, los firmantes lamentan que la normativa no ha tenido en cuenta ni el tipo de actividad, ni el diferente impacto en relación con la dimensión de las empresas o en los distintos sectores económicos, ni las nuevas formas de trabajo, como el empleo por objetivos, el teletrabajo o la distribución irregular del horario para favorecer la conciliación. Tampoco tiene en cuenta la flexibilidad con la que trabajan las empresas más pequeñas y autónomos, en muchos casos negocios familiares, lo que dificultará la implantación del sistema de seguimiento de la jornada de 37,5 horas. No hacerlo comportará multas muy elevadas de hasta 10.000 euros por trabajador, una decisión que cambia radicalmente las sanciones que se aplican ahora, que son por empresa y no llegan a 7.500 euros. “Estas medidas, junto con otras que está impulsando el Ministerio, consideramos además que menoscaban la negociación”, destacan.