La Federación Empresarial de Farmacéuticos de Castilla-La Mancha (Fefcam) ha dado la voz de alarma ante una eventual moratoria o suspensión en la aplicación del decreto de atención farmacéutica en centros sociosanitarios. La organización empresarial advierte que esta medida originaría inseguridad jurídica e incertidumbre organizativa en el sector. Según la federación, frenar la normativa impediría que se activen los mecanismos previstos para garantizar la continuidad del servicio asistencial.
La patronal recordó que la farmacia comunitaria ya presta esta atención con altos estándares de calidad y sin que suponga un aumento del gasto sanitario para la administración regional. El presidente de Fefcam, Álvaro Carmena, afirmó que la red de oficinas de farmacia de la región garantiza actualmente la atención a numerosos centros con una gestión eficiente. Carmena incidió en que el servicio se realiza sin coste para la administración sanitaria.
Valor asistencial y especialización
La federación explicó que las farmacias llevan décadas aportando valor al sistema mediante una relación estable y directa con las residencias, tanto públicas como privadas. Durante este tiempo, muchas oficinas de farmacia han desarrollado una especialización que permite ofrecer "un servicio cercano, flexible y profesionalizado". Esta labor incluye el seguimiento farmacoterapéutico de los residentes y la preparación de sistemas personalizados de dosificación, además de una coordinación continua con los equipos de los centros.
El Decreto 49/2024 establece que la asistencia farmacéutica en estos centros puede prestarse mediante servicios de farmacia o depósitos de medicamentos vinculados a farmacias o servicios de la red pública. La norma prevé que la vinculación a la red pública se realice de forma progresiva, según la planificación del Sescam y los medios disponibles. Por ello, la organización recordó que el decreto contempla mecanismos para garantizar la atención cuando el sistema público no pueda asumir determinados centros.
Impacto en la viabilidad económica
La patronal alerta que una moratoria generalizada impediría el funcionamiento normal de estos mecanismos y generaría un vacío organizativo. Esta situación perjudicaría a numerosas oficinas de farmacia que realizaron inversiones económicas, tecnológicas y organizativas para adaptarse al nuevo marco. Carmena alerta que los cambios en el proceso de aplicación podrían desincentivar estas inversiones y afectar a la estabilidad de un servicio que funciona con normalidad.
El escenario planteado puede tener un impacto directo en la viabilidad económica de muchas farmacias que destinaron recursos humanos y materiales a esta actividad. La federación señaló que la paralización de la actividad dificultaría mantener el nivel de capacidad asistencial, especialmente en zonas rurales. En estos entornos, la farmacia comunitaria constituye uno de los principales recursos sanitarios de proximidad para la población.
La organización consideró fundamental que cualquier decisión sobre el calendario del decreto se adopte con transparencia y seguridad jurídica. Para la federación, resulta prioritario tener en cuenta el impacto real en el sector y en la continuidad asistencial de los residentes. En la actualidad, la entidad analiza el impacto jurídico y económico derivado de esta situación y no descartó adoptar medidas para defender los intereses de las farmacias que se adaptaron a la normativa.
Lilisbeth Perestelo: 
