El Consejo General respalda crear la especialidad de Salud Pública vía FIR

El Consejo General de Colegios Farmacéuticos ha respaldado la petición formulada por la Sociedad Científica de Farmacéuticos de Salud Pública para crear una especialidad en Salud Pública propia mediante el sistema de residencia (FIR). La sociedad científica presentó ante el Ministerio de Sanidad la documentación necesaria para solicitar este nuevo título, acogiéndose a lo establecido en el Real Decreto 589/2022.

La propuesta cuenta con el respaldo formal del número de Consejerías de Salud exigido por la normativa reguladora. Con esta iniciativa se da respuesta al mandato recogido en la Ley 33/2011, General de Salud Pública, texto legal que contempló hace 15 años la necesidad de extender la especialización en esta materia a las restantes profesiones sanitarias más allá de la especialidad médica.

Desde el órgano representativo de la profesión farmacéutica se defendió que la especialidad ofrecerá un itinerario formativo homogéneo para aquellos profesionales que decidan orientar su desarrollo profesional hacia la Salud Pública. Asimismo, la titulación servirá para dar reconocimiento oficial a los más de 1.500 farmacéuticos que ocupan plazas técnicas en los servicios sanitarios autonómicos, según refleja el informe del Ministerio de Sanidad sobre profesionales del área. El colectivo abarca también a quienes ejercen en laboratorios oficiales y en organismos como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios o la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

El análisis presentado en la memoria de la solicitud concluye que la Salud Pública se verá reforzada con la aportación del colectivo farmacéutico dada la naturaleza multidisciplinar de este ámbito sanitario. En lo relativo a las exigencias fijadas por el Real Decreto 589/2022, la norma requiere que al menos el 50 % de las competencias del nuevo título posean carácter exclusivo. Según los estudios incluidos en la documentación entregada, dicha cifra se supera ampliamente en la propuesta redactada por la sociedad científica.

El diseño del programa formativo plantea un periodo de capacitación de cuatro años de duración. Esta etapa de residencia se desarrollaría en el marco de las unidades docentes multiprofesionales de Salud Pública distribuidas en el territorio nacional.

Una vez formalizada la entrega del expediente ante la administración sanitaria, la Dirección General de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad asumirá la tramitación del procedimiento. El órgano ministerial deberá solicitar una serie de informes preceptivos antes de dictar la resolución correspondiente sobre la solicitud.

Entre los trámites obligatorios figura la consulta a los colegios profesionales correspondientes y al Consejo Nacional de Especialidades en Ciencias de la Salud. Del mismo modo, el expediente requiere el informe de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud y del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Universidades, siendo la pronunciación de este último estamento de carácter vinculante para el desenlace del procedimiento.